Es posible que el impulso a los criterios ASG continúe en 2021, con todo tipo de riesgos y oportunidades que deberán ser monitorizados de manera cuidadosa para demostrar que los criterios ASG van de la mano con el rendimiento sostenible. Entre los principales riesgos relacionados con los criterios ASG están, en primer lugar, el impacto de la COVID-19 (y en particular su conexión con otros riesgos ASG) y, en segundo lugar, el riesgo geopolítico como factor determinante relacionado con las cadenas de suministro, el cambio climático, la digitalización y la tecnología.

Los datos son claros: los fondos que incorporan criterios ASG registraron flujos de entrada positivos el año pasado, incluso en febrero y marzo. Según los datos de Morningstar, los activos en fondos sostenibles alcanzaron un récord de 1,25 billones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2020, en los que Europa alcanzó un simbólico billón de dólares.

Además, varias investigaciones han demostrado la capacidad de resiliencia de los criterios ASG durante un año tan volátil. Han dado señales significativas de la volatilidad de los ingresos, la volatilidad de los precios y el riesgo de quiebra. Cuanto mayor sea el enfoque en la sostenibilidad, mayor será el riesgo reputacional asociado. Combinado con la regulación pendiente que busca frenar el green-washing, nos enfrentamos a un desafío considerable. De hecho, existe un alto riesgo de que la carga de trabajo adicional, el coste y la complejidad dificulten aún más las cosas para los inversores que ya están encontrando la forma de orientarse en el amplio universo de la inversión sostenible.

Aunque Europa sigue siendo líder en lo que se refiere a la creación de leyes y políticas con criterios ASG, el resto del mundo ha despertado. Varios gobiernos están lanzando regulaciones ambiciosas, incluyendo sus propias taxonomías, como en Japón o Canadá. Singapur, Hong Kong o Malasia también han impulsado la divulgación de criterios ASG. Sin embargo, la proliferación de taxonomías únicas y locales y la ausencia de normas y definiciones universales no ayudarán a mejorar la opacidad y la diversificación existente.

Las últimas iniciativas regulatorias de la Comisión Europea (CE) se enfrentan a varios vientos en contra. De hecho, la taxonomía de la UE o el reglamento de divulgación de la sostenibilidad son objeto de críticas en cuanto a su tecnicismo y la cantidad de datos requeridos. De hecho, tal vez sea pertinente recordar que actualmente las empresas no declaran sus ingresos según las actividades “verdes” o “marrones”. Un exceso de regulación podría obstaculizar la innovación y crear costes para los inversores.

La valoración y el posible bajo rendimiento constituyen un segundo riesgo que podría obstaculizar el impulso de inversión ASG. El bajo rendimiento podría afectar el entusiasmo por este segmento. De hecho, las empresas sostenibles han visto un incremento de sus múltiplos en los últimos años en términos de P/E, EV/Ebitda, etc. Esto podría explicarse, en particular, por la reciente carrera mundial hacia los denominados emisores “verdes”. La regulación actual y su difusión en todo el mundo podría acentuar esta preferencia por las empresas e inversiones más ecológicas. Por eso será clave seleccionar y revisar activamente las inversiones de las carteras.

Ophélie Mortier, Estratega de Inversión Responsable de DPAM