No es extraño que cuando pensamos en la desigualdad económica intuyamos, a priori, que es un fenómeno que perjudica a los de abajo y beneficia a los de arriba, que es malo para los más pobres y bueno para los más ricos que son, al fin y al cabo, los que acumulan la riqueza y tienen mejor nivel de vida. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. La desigualdad económica puede ser perjudicial para la sociedad en general y para los más ricos en particular.

De hecho, el fenómeno de la desigualdad creciente es comúnmente citado, junto con el Cambio Climático, como uno de los peligros existenciales para la democracia liberal y el actual modelo económico, ya que tensiona las sociedades, las polariza, genera desafección hacia el sistema y puede ser el caldo de cultivo de diferentes populismos y totalitarismos. “Si bien la desigualdad es un fenómeno hasta cierto punto inevitable en las economías modernas”, escribe la economista Anna Campos en un informe para Caixabank Research, “la evidencia empírica más reciente sugiere que disminuirla, especialmente en la parte baja de la distribución, es positivo no sólo en términos de justicia social sino también en términos de crecimiento económico”.

La desigualdad hace que los ricos pierdan parte de su libertad, que no se compra con dinero.

Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá.

¿Es legítimo aspirar a una mayor igualdad económica dentro de los países? Los críticos de la desigualdad consideran que la riqueza de una sociedad no solo es generada por los individuos o las empresas particulares, sino por la sociedad en su conjunto, de modo que esa riqueza debería estar distribuida de una manera más equitativa. “La riqueza creada a lo largo de la historia, toda, es el resultado de un proceso colectivo: depende de la división internacional del trabajo, del uso de los recursos naturales y de la acumulación de conocimientos desde el inicio de la humanidad”, escribe el economista Thomas Piketty en Breve historia de la igualdad (Deusto). No obstante, existen ciertos sumideros que absorben gran parte de esa riqueza, y esos sumideros cada vez son más profundos.

Esta distribución injusta saltó a la vista al comienzo de la pandemia, cuando se hizo evidente quiénes eran los trabajadores realmente esenciales para el funcionamiento del mundo (sanitarios, limpiadoras, transportistas, cajeras, reponedores, etcétera), muchos de los cuales no tenían ni un salario decente, ni buenas condiciones laborales, ni reconocimiento social. Y siguen sin tenerlo. Pero, aun así, a la hora de la verdad, resultaban ser más importantes que otros trabajadores infinitamente mejor considerados y remunerados. Daba la impresión de que había algo estropeado en el mecanismo con el que repartimos lo que conseguimos entre todos.

En España la desigualdad de ingresos ha ido aumentando de forma significativa desde comienzos del siglo XXI. El índice de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 29,4 a 2002 a 32,6 en 2019, según The Standardized World Income Inequality Database (SWIID). Hay que tener en cuenta que el incremento de la desigualdad comenzó antes de la debacle financiera de 2008 y que en el último dato todavía no se contaba el efecto de la pandemia, que ha hecho las diferencias más profundas. El español es uno de los mayores aumentos de la desigualdad en Europa.

Tradicionalmente, a nivel internacional, se había dado un “pacto tácito” entre los más ricos y los más pobres, según ejemplifica el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad (Taurus): si aceptaba el reparto del sistema, la mayoría de la población tendría empleo y prosperidad, una vida decente, mientras que las élites se podrían llevar la tajada más grande. Sin embargo, durante los últimos años ese pacto, siempre frágil, se ha desmoronado: “Los integrantes del 1% se llevan a casa la riqueza, pero al hacerlo no le han aportado nada más que angustia e inseguridad al 99%”, escribe Stiglitz. Una combinación de fuerzas, como la globalización, la agresiva irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios institucionales, han hecho que la desigualdad vaya en aumento de manera preocupante en las últimas décadas, en una tendencia especialmente notoria en Estados Unidos.

Conflicto, impuestos y crecimiento

“Más concretamente, la desigualdad puede afectar a las rentas altas a través de, al menos, tres canales distintos: el conflicto, los impuestos y el crecimiento”, según explica Juan Gabriel Rodríguez, catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Respecto a lo conflictivo, la desigualdad puede producir una mayor conflictividad laboral que, a su vez, puede reducir las ganancias de las empresas (y son las rentas altas las que suelen poseer mayor cantidad de acciones).

La desigualdad también puede afectar por la vía de los impuestos: es probable que los partidos políticos, sobre todo de izquierdas, ofrezcan en sus programas subir los impuestos existentes o crear algunos nuevos, sobre todo que afecten a las rentas más altas. Y respecto al crecimiento: “Los trabajos de investigación que se han llevado a cabo muestran que la desigualdad de oportunidades reduce el crecimiento económico, mientras que la desigualdad de esfuerzo aumenta el crecimiento”, señala el catedrático. Vayamos por partes: la desigualdad de oportunidades es la que se debe a condiciones de partida desiguales, por ejemplo, la que se da entre las personas que nacen en familias pobres con respecto a las que nacen en familias ricas. La desigualdad de esfuerzo tiene que ver con la dedicación de cada persona para conseguir las cosas.

“Por tanto, la desigualdad se comporta como el colesterol: hay desigualdad mala para el crecimiento (la de oportunidades) y hay desigualdad buena (la de esfuerzo)”, dice Rodríguez. A mayor desigualdad de oportunidades, menor crecimiento económico, lo que afectará a toda la sociedad, y en particular a las rentas más altas. Unas condiciones de partida muy desiguales, por ejemplo, harán que se desperdicie mucho talento (y el esfuerzo consiguiente). Mejorar los salarios, además de limar la desigualdad, aumenta el consumo de los trabajadores (que son los que mayor margen de su dinero gastan) y anima la economía.

A mayor desigualdad de oportunidades, menor crecimiento económico, lo que afecta a las rentas altas.

Juan Gabriel Rodríguez, catedrático.

Los países más desequilibrados socialmente tampoco son demasiado amables para la vida de las personas con mayor riqueza. “En el caso de que la conflictividad acabe en violencia puede acarrear fuertes costes de seguridad”, dice Rodríguez, “como ocurre en países como México donde los ricos deben invertir fuertes sumas de dinero en asegurar su seguridad personal y material”. Son comunes en Latinoamérica, y otros lugares del mundo, donde se dan grandes diferencias sociales, las gated communities: urbanizaciones cerradas y muy vigiladas donde se encastillan los ricos para protegerse del crimen o de las revueltas populares.

“La desigualdad hace que los ricos pierdan parte de su libertad, que no se compra con dinero”, dice la economista Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá de Henares, “como en España no hay grandes índices de criminalidad, no somos conscientes de cómo la falta de seguridad puede influir negativamente en el bienestar”. A pesar de la riqueza que uno posea, ¿quién quiere vivir en un país sin apenas clase media, sin seguridad, sin panorama cultural, sin medios de comunicación de calidad, sin oferta de ocio? Es el motivo por el que muchas personas adineradas de países muy desiguales prefieren mudarse a países más equitativos, como los europeos, donde disfrutar de una mejor calidad de vida.

“Una desigualdad grande supone altos costes en términos de confianza social”, dice Cantó, “cuanto más desiguales somos peor funcionan las redes de confianza, la que lleva a procesos sociales de tensión y de violencia”. La cohesión social es menor porque se ve al otro más que como a un igual al que respetar y con el que colaborar, como un competidor en la lucha por la supervivencia o por la consecución del éxito: estamos más cerca del sálvese quien pueda. Vivimos, de hecho, en una crisis de confianza: el índice de confianza en España es de 45 sobre 100, un suspenso, según el Barómetro de la Confianza 2021 de la consultora global Edelman.

Además, históricamente, la desigualdad ha sido parte de las causas de grandes sucesos de infausto recuerdo. “Las dos guerras mundiales pueden analizarse en sí mismas como una consecuencia de las tensiones y contradicciones sociales vinculadas a la insostenible desigualdad predominante hasta 1914 tanto a escala nacional como internacional”, según Piketty. En los orígenes de la Guerra Civil española, la fuerte desigualdad que quebraba la sociedad española cumplió un papel no desdeñable.

¿Qué hacer?

En el reciente libro Combatiendo la desigualdad (Deusto), Olivier Blanchard y Dani Rodrik reúnen las ideas de numerosos economistas de prestigio en torno al problema y destilan las tendencias en el pensamiento contemporáneo sobre este asunto crucial. Un resultado notorio es que existe cierto consenso en cuanto a la idea de que es preciso hacer algo para frenar el aumento de la desigualdad y que los gobiernos son los que deben intervenir en el proceso (una idea que quizás no sería tan popular hace unos años).

Para ello puede utilizarse la herramienta de unos impuestos más altos y progresivos. “El único debate giró en torno a si la progresividad debería centrarse en el lado del ingreso o del gasto”, escriben los economistas. Para algunos expertos había que echar mano del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que haría pagar a todos los consumidores, para otros al impuesto sobre la renta (sobre todo a las rentas altas) o sobre el patrimonio, poniendo el peso sobre los que más tienen. “En definitiva, la mayoría probablemente estaría de acuerdo en que necesitamos un poco de ambos”, dicen Blanchard y Rodrik. Se dan paradojas: en momentos difíciles como los que se atraviesan, subir los impuestos puede ahogar el crecimiento, pero mantenerlos bajos puede aumentar aún más la desigualdad, lo que acabaría ahogando el crecimiento igualmente. Otros factores a tener en cuenta entre los recogidos en el trabajo de los economistas, además de las medidas puramente tributarias, son la mejora de la educación, la lucha contra la desigualdad de género, la moderación de la automatización o la mejora de los empleos, que tienden peligrosamente a la precariedad.

Mediante este tipo de soluciones se pueden financiar estados de bienestar donde los servicios públicos y el gasto social consigan paliar las brechas entre unas clases y otras. Pero no siempre es fácil de convencer a los que más tienen de que colaboren en su justa medida (aunque, por las razones aquí expuestas, les convenga). Sobre todo, en estos momentos en los que se vive una inestabilidad económica que parece no tener fin, a base de encadenar apocalipsis cotidianos. Muchos intentan pagar menos impuestos mediante presión política, ingenierías o paraísos fiscales. “El problema es que la equidad es lo que los economistas llamamos un bien público: a todos nos interesa que haya más equidad, pero nadie parece querer contribuir individualmente a ella”, dice Cantó, “muchas personas de renta alta piensan que porque ellos no paguen no va a pasar nada, y al final nadie lo hace. Lo que hace falta es más pensamiento social. Esta dinámica puede llevarnos a ser países más desiguales, donde su libertad y capacidad de disfrutar de su riqueza será mucho menor”.

Esta reticencia a pagar impuestos no se puede extender a todos los ricos. En Estados Unidos surgió en 2020, poco después del fin de los confinamientos más duros, el movimiento de los autodenominados Millonarios Patrióticos, concernidos por los problemas de la desigualdad, que pedían en su manifiesto fundacional colaborar más con la sociedad. El texto decía así: “Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. Tampoco les hacen mucho caso.