Los gobiernos recuerdan el alto coste de endeudarse con un repunte prácticamente global de los rendimientos a largo plazo. Los inversores recuperan una capacidad de presión en los grandes mercados de deuda soberana que durante los años de tipos mínimos había quedado en un segundo plano.
Estados Unidos paga ya más del 5% en su deuda a 30 años, el nivel más elevado desde 2007; Alemania y Francia afrontan rentabilidades a largo plazo que no se veían desde la crisis del euro; y Japón se mueve en niveles desconocidos desde hace tres décadas. España también afronta costes superiores, aunque resiste mejor que otros grandes emisores europeos.
La preocupación por unos niveles de deuda pública elevados se mezcla con déficits persistentes, una mayor incertidumbre sobre la evolución de la inflación ante el encarecimiento reciente del petróleo por las tensiones con Irán, y unas necesidades de financiación cada vez mayores.
La particularidad está en que buena parte de la presión se concentra en el extremo largo de las curvas. Los bonos a 20 o 30 años incorporan las expectativas de inflación y crecimiento durante décadas, así como una prima por comprometer el capital durante tanto tiempo y por asumir el riesgo de que las condiciones fiscales cambien.
Y esto incluso aunque los mercados no esperen subidas agresivas de tipos por parte de los bancos centrales. En Estados Unidos, por ejemplo, la rentabilidad a 30 años ha marcado máximos de casi 20 años en un momento en el que parte de los inversores continúan esperando una política monetaria menos restrictiva en el futuro.
29 billones de dólares en bonos durante 2026
La atención se está desplazando hacia la cantidad de deuda que los gobiernos tendrán que colocar y el precio que los inversores exigirán para absorberla. La OCDE calcula que gobiernos y empresas emitirán alrededor de 29 billones de dólares en bonos durante 2026, cuatro billones más que en 2024, un 17% de incremento en apenas dos años.
El propio organismo advierte de que los costes de financiación soberana permanecen elevados y de que el cambio en la base inversora, con un peso creciente de participantes más sensibles al precio y en algunos casos más apalancados, puede amplificar los movimientos en momentos de tensión.
Los gobiernos necesitan emitir nueva deuda para cubrir déficits, refinanciar vencimientos y financiar necesidades estructurales que van desde el envejecimiento de la población —con las pensiones y los gastos asociados a la salud y los cuidados— a la defensa o la transición energética.
Paralelamente, la oferta privada también está creciendo. Las grandes tecnológicas están recurriendo con mayor intensidad a los mercados de deuda para financiar el extraordinario ciclo inversor vinculado a la inteligencia artificial, desde centros de datos hasta redes eléctricas y chips.
Eso crea un universo cada vez mayor de activos para grandes aseguradoras, fondos de pensiones y gestoras. Y en ese sentido, los compradores pueden permitirse ser más selectivos y exigir un retorno mayor en los mercados.
Wall Street ha dado una primera muestra. La subida de los rendimientos estadounidenses ha coincidido con una caída del 0,7% del S&P 500 y del 1,7% del Nasdaq 100 este martes, mientras el índice de semiconductores de Filadelfia perdió un 5,6%. Las compañías ligadas al auge inversor de la IA estuvieron precisamente entre las más castigadas.
En todo caso, no todos los gobiernos están sometidos a la misma presión. China se mueve en otra dirección ante sus menores presiones inflacionistas y una demanda interna mucho más débil. Dentro de Europa también los mercados discriminan en función de las perspectivas económicas, fiscales y políticas.
En el caso de España, el bono a 10 años alcanza ya el entorno del 3,7%, en máximos desde finales de 2023. Hay que recordar que el Tesoro llegó a colocar deuda incluso a tipos de interés negativos durante la pandemia, como consecuencia de la política ultraexpansiva del BCE frente a la crisis. En todo caso, la prima frente a Alemania sigue contenida.
El mensaje que dejan los últimos días es que, cuanto mayores sean las dudas sobre la trayectoria fiscal de un país —sobre su déficit, el crecimiento o la trayectoria futura de la deuda—, más caro puede resultar convencer a los inversores para que sigan prestándole. El nuevo entorno obliga a los gobiernos a demostrar que pueden sostener sus cuentas.
