Luz verde para las ayudas a empresas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, un plan dotado de 7.000 millones de euros en ayudas directas. De ese monto, 5.000 millones se repartirán entre todas las comunidades menos Baleares y Canarias. Estas regiones, las comunidades más afectadas por la crisis del covid debido a su dependencia del turismo, recibirán 2.000 millones.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado tras la reunión extraordinaria del Consejo que el dinero de las ayudas tiene como objetivo evitar el sobreendeudamiento empresarial que lastra la recuperación tras un año ahogados por las restricciones impuestas para contener la crisis sanitaria.

Ayudas directas no reembolsables

El fondo de ayudas será gestionado directamente por las comunidades, ha señalado Calviño. Serán ayudas directas no reembolsables de carácter finalista: se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como el pago de gastos fijos o deudas financieras y no financieras. El requisito es que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.

Se podrán acoger a las medidas las pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes. Podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

Además, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas. Estos importes se podrán elevar tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Avales ICO

Además de las ayudas directas, el decreto incluye una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos. Esto permitirá convertir los créditos en préstamos participativos y otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal del préstamo.

Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones que gestionará Cofides. Este fondo complementa al de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos ni incrementar la remuneración de la alta dirección en dos años.