En España, al igual que en otros países europeos, afrontamos desde hace años una encrucijada demográfica, económica y asistencial que hemos de atender lo antes posible y que no admite, para su resolución, medidas cortoplacistas. Con cerca de la mitad de la población conviviendo con al menos una patología crónica —una cifra que roza el 90% en los mayores de 65 años—, el estrés operativo sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha convertido desde hace tiempo en una realidad estructural.
En este complejo escenario, el modelo de gestión tradicional que evalúa la innovación farmacéutica de forma aislada, poniendo el peso sobre todo en impacto presupuestario inmediato, se ha quedado obsoleto, y ya no hay apenas dudas en el sector sobre cuál debe ser el camino a seguir: necesitamos transitar ya hacia una visión de asistencia sanitaria integral que incluya su dimensión no tanto como gasto, sino como una inversión estratégica de país.
Este ha sido uno de los temas abordados en el Curso de Verano UCM-Roche Farma, que celebramos cada año en San Lorenzo de El Escorial, y que ha puesto sobre la mesa un paso adelante de enorme relevancia: que el nuevo marco normativo español está abriendo, por fin, la puerta a la medición del valor social de la innovación como uno de los criterios para evaluar la introducción de medicamentos innovadores.
En este sentido, el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y el proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos suponen una oportunidad histórica para generar ese nuevo marco y consolidar este nuevo criterio de evaluación, junto a la eficacia clínica y el impacto presupuestario directo.
¿Pero qué entendemos, exactamente, por valor social? Es el conjunto de beneficios que una terapia innovadora aporta a la sociedad más allá del ámbito clínico, y que hasta ahora no estaban sobre la mesa en las negociaciones de precios. Hablamos de aspectos como la preservación de la autonomía personal del paciente, de la reducción de la carga que soportan los cuidadores informales, de evitar que el entorno familiar tenga que abandonar el mercado laboral para ejercer tareas asistenciales o del retorno directo a la productividad mediante el acortamiento de las bajas.
Actualmente, en España, la pérdida de productividad derivada de las bajas por incapacidad laboral ya tiene un impacto equivalente al 5,4% de nuestro PIB. Por el contrario, la evidencia demuestra que el uso de medicamentos innovadores genera un retorno económico de hasta seis veces su coste, incluyendo ahorros sustanciales para el propio tejido asistencial mediante la reducción de estancias hospitalarias o la simplificación de las vías de administración. Es, por ello, que no incorporar de forma formal y ponderada la dimensión social en las evaluaciones económicas es, simplemente, trabajar con una foto incompleta de la realidad.
En este sentido, y como recoge la Reflexión Estratégica sobre el Valor Social en la Evaluación de Medicamentos (Informe REVALORE), resulta imperativo adoptar la perspectiva social de manera preferente en aquellas patologías que cursan con una alta dependencia funcional. Si un tratamiento evita ingresos recurrentes o permite a un ciudadano seguir aportando al tejido productivo, el sistema debe ser capaz de cuantificarlo y recompensarlo. Es un ejercicio de equidad, pero también de pura sostenibilidad macroeconómica.
Esta transformación del modelo de evaluación tiene además implicaciones directas en nuestra competitividad global. Europa, y España en particular, operan en un contexto geopolítico sumamente agresivo donde la atracción de inversiones en I+D biomédica se disputa frente a potencias como Estados Unidos y China.
España parte hoy de una posición de liderazgo, pero para convertir al país en un verdadero hub paneuropeo de innovación biomédica necesitamos consolidar un modelo que aporte certidumbre, agilice los plazos de aprobación y flexibilice los mecanismos de financiación. La respuesta a la sostenibilidad del SNS no pasa por levantar barreras presupuestarias que dilaten el acceso a las terapias, sino por desplegar modelos de financiación innovadores basados en valor, techos de gasto dinámicos y esquemas de riesgo compartido ligados a resultados de salud reales.
La oportunidad está encima de la mesa. Coordinar este nuevo escenario requiere de una gobernanza robusta, transparente y equitativa que garantice la cohesión territorial en el acceso a la innovación entre las distintas Comunidades. Alianzas estables de colaboración público-privada, una escucha activa que integre la voz de los pacientes en la toma de decisiones y una visión holística de la salud nos permitirán construir un Estado del bienestar resiliente y preparado para el futuro.
Rompamos la visión de silo y no tengamos dudas: invertir en innovación en salud es la decisión económica más rentable y humana para la España de las próximas décadas.
Por Federico Plaza, director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma España
