El litoral gaditano suma un nuevo Bien de Interés Cultural. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aprobó el martes 20 de octubre la declaración del Faro de Trafalgar como BIC, en la categoría de Monumento. Es el máximo nivel de protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Alzado sobre el tómbolo de Trafalgar, el faro se encuentra en Caños de Meca, en el término municipal de Barbate, frente a las aguas donde tuvo lugar la homónima batalla naval de 1805. Su entorno está protegido desde 1989 como Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate.
Una torre singular del siglo XIX
El Faro de Trafalgar se construyó a finales del siglo XIX. Fue proyectado por el ingeniero Eduardo Saavedra y Moragas (1829-1912), en colaboración con Rafael Navarro, Antonio de Palacio y Manuel García, alumnos de la Escuela de Caminos. Se levantó dentro del Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes de 1847 y se iluminó por primera vez el 15 de julio de 1862.
Su torre troncocónica de mampostería supera los 35 metros de altura y se organiza en torno a un patio central, una tipología poco habitual entre los faros españoles. Con los años se han hecho intervenciones para adaptarlo a la tecnología de la navegación, pero el Ministerio sostiene que apenas han alterado su esquema compositivo original.
Visible hasta 40 millas
Son varias las mejoras que han supuesto estas adaptaciones, especialmente para los navegantes. La óptica inicial tenía un alcance aproximado de 19 millas (unos 35 kilómetros, si se trata de millas náuticas). Más tarde se modificó y el haz luminoso aumentó hasta cerca de las 40 millas (unos 74 kilómetros). Desde el punto de vista tecnológico, el faro es, según la declaración, «un testimonio histórico único de la ciencia y la tecnología aplicada a la navegación marítima». Mantiene además su uso ininterrumpido desde su construcción.
Su ubicación estratégica lo ha convertido desde el origen en un elemento clave para la navegación y el acceso al estrecho de Gibraltar. En 2017 ya había sido incluido en el Catálogo de faros con valor patrimonial de España, elaborado en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Un faro protegido, pero en activo
La declaración busca proteger los valores históricos, científicos y técnicos del bien, sin interferir en sus competencias de señalización marítima. No afectará al mantenimiento, la actualización o la instalación de los elementos necesarios para su funcionamiento como señal marítima. Tampoco a los nuevos medios técnicos imprescindibles para el servicio de señalización y de clima marítimo del Sistema Portuario Español, ni a su adecuación a futuros avances tecnológicos.
El faro está adscrito a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y a Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y presta un importante servicio público para la seguridad marítima.
Del proyecto hostelero a la protección máxima
La declaración llega tras años de controversia. En diciembre de 2023, la Autoridad Portuaria formalizó una concesión administrativa a Pentágono Colón SL para abrir un negocio hostelero en la zona inferior del faro. La iniciativa provocó protestas ciudadanas y ecologistas. Colectivos como El Faro no se Vende, SOS El Palmar y Ecologistas en Acción defendieron mantener el espacio como instalación pública. La movilización reunió a centenares de personas y una campaña de firmas alcanzó cerca de 10.000 apoyos.
Ecologistas en Acción y su grupo local Enebro han celebrado la protección como «un logro» de «la movilización popular y ecologista», mientras que el Ayuntamiento de Barbate ha valorado la declaración de forma positiva, pero advierte de que no debe quedarse en un reconocimiento formal. Reclama inversiones y actuaciones concretas para recuperar el enclave.
Por su parte, la Autoridad Portuaria ha valorado también de forma positiva el reconocimiento y quiere garantizar la seguridad jurídica en los trámites futuros. Según La Gaceta de Cádiz, el organismo tramita la concesión de las instalaciones dentro del programa Faros de España, que busca abrir estos recintos a la ciudadanía. Ha solicitado al Ministerio de Cultura un dictamen sobre el encaje legal de esa concesión tras la declaración. Tiene además planificada una rehabilitación integral con cargo al dos por ciento cultural. El organismo considera que la protección histórica y una oferta turística sostenible no son incompatibles. El futuro del uso hostelero, por tanto, sigue sin estar definitivamente descartado.
