La llegada de los primeros dos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer prometía inaugurar una nueva etapa en el abordaje de una patología para la que, durante más de dos décadas, apenas se habían producido avances terapéuticos. Sin embargo, el acceso a esa innovación continúa generando un intenso debate en España. La última reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) ha vuelto a cerrar la puerta a la financiación pública de uno de estos tratamientos. En concreto, se trata del anticuerpo monoclonal donanemab, indicado para pacientes con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana.
Tampoco está aprobado lecanemab. Ambos medicamentos están dirigidos específicamente a la reducción de las placas de beta amiloide, uno de los sellos patológicos de la enfermedad. Así, su administración requiere un diagnóstico muy temprano (antes de que avance la pérdida de las placas de beta amiloide), la confirmación biomarcadora de la enfermedad y una evaluación rigurosa de la elegibilidad clínica.
«La llegada de estos medicamentos fue un enorme hito. Eran los primeros fármacos que se aprobaban en base a este nuevo concepto de permitir modificar el curso de la enfermedad retrasando la cadena de eventos patológicos y no ser un mero tratamiento sintomático», explica en declaraciones a Forbes Health el científico Juan Pascual Sánchez, director científico del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía.
La Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (Ceafa) ya reclamó en diciembre de 2025 una respuesta urgente por parte de la CIPM. Y, ante las reiteradas negativas, ha manifestado su profundo rechazo. «Estamos condenando a los pacientes de Alzheimer al abandono con una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos. Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes», defiende Jesús Rodrigo Ramos, director ejecutivo de Ceafa.
En la misma línea se ha expresado Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN): «Restringir el acceso a estos tratamientos a la prescripción privada introduce una barrera económica que vulnera el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), creando diferencias inaceptables según la capacidad económica de los pacientes y sus familias y rompe los principios de universalidad y cohesión que inspiran nuestro sistema sanitario y del que estamos tan orgullosos. Además, enfrentará a los profesionales del SNS ante un dilema ético en cuanto a las recomendaciones que deben realizar a los pacientes que pudieran beneficiarse de estas terapias».
Disponible en otros países
Los tratamientos llevan administrándose desde hace años en países como Estados Unidos, Japón, Corea del Norte, China, Reino Unido, Alemania, Polonia o Austria, entre otros. En Estados Unidos, el precio del tratamiento ronda los 24.000 dólares por paciente y año. En España, aproximadamente entre 1.500 y 3.000 personas al año cumplirían los rigurosos requisitos y, por tanto, sería candidatas a recibirlo.
Estas decisión de la CIPM de no financiación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿Cómo debe incorporarse al sistema sanitario una nueva generación de tratamientos que no curan la enfermedad, pero sí son capaces de enlentecer el deterioro cognitivo un 27-30% y aspirar a tener hasta 4 años de mayor autonomía funcional?
Ante esta situación, el presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, Julio Gay-Ger, ha apuntado que, mientras mantiene su intención de seguir trabajando por la financiación pública, este tratamiento está disponible en la sanidad privada. «Durante los últimos meses, desde Lilly hemos mantenido un diálogo permanente, constructivo y respetuoso con el Ministerio de Sanidad (proceso que valoramos y alentamos), realizando un esfuerzo muy significativo para que el acceso a esta innovación fuera posible a través del Sistema Nacional de Salud. No hemos dudado en ofrecer soluciones para cada posible obstáculo porque creemos que una innovación de este tipo debe llegar a todos y cada uno de los pacientes elegibles, con equidad y dentro del sistema público. Por eso, la decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona, pero no detendrá nuestro firme compromiso de ayudar a los pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer en España».
Disponible a través de la sanidad privada
En este sentido, apunta que mientras se desarrollaba este proceso de evaluación, la compañía ha mantenido abierto un programa de uso temprano que ha permitido que pacientes españoles estén en tratamiento con donanemab y subraya que estará disponible en España a través del ámbito sanitario privado para los pacientes que, tras la valoración de su especialista, cumplan los criterios clínicos establecidos.
«Cuando existe una opción terapéutica autorizada para una enfermedad tan devastadora no podemos retrasar más su disponibilidad. La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a la memoria. Afecta a los proyectos de vida, a la independencia y al tiempo compartido con quienes más queremos. Nuestro compromiso con los pacientes y sus familias es firme y continuado: seguiremos trabajando sin descanso para que donanemab llegue a través del Sistema Nacional de Salud a todos los que puedan beneficiarse de él. Porque el tiempo para cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer es ahora», concluye.
Recuerda que donanemab es el resultado de más de 35 años de investigación de Lilly en la enfermedad de Alzheimer. Y asegura que, en población europea, donanemab ha demostrado reducir el riesgo de progresión al siguiente estadio clínico en un 38% y el riesgo de progresión a demencia moderada en un 48% frente a placebo.
