Un nuevo informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), con la colaboración de Farmaindustria, sostiene que España dispone de margen para aumentar la inversión en medicamentos innovadores sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. El estudio, titulado Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario, estima que la aportación económica de los medicamentos y de la industria farmacéutica al Estado supera los 27.400 millones de euros anuales, una cantidad superior a los 24.800 millones destinados a su financiación pública en 2024. Esta contribución incluye tanto los ahorros estimados en otras partidas presupuestarias como los ingresos fiscales asociados al sector.
Uno de los argumentos centrales del informe es que, aunque el gasto farmacéutico público ha aumentado en términos absolutos, su peso relativo dentro de la inversión pública se ha reducido durante las últimas dos décadas. En concreto, ha pasado del 4% en 2003 al 3,4% en 2024. En cambio, otras partidas sociales, como las prestaciones por incapacidad temporal, han incrementado su participación del 2,1% al 2,8%. En relación con el producto interior bruto (PIB), la inversión pública destinada a medicamentos se ha mantenido estable en torno al 1,6% durante ese mismo periodo.
El informe plantea que el impacto económico de los tratamientos debe evaluarse más allá de su coste de adquisición. Según sus estimaciones, por cada euro de inversión pública en medicamentos, la Administración ahorra 64 céntimos en otras partidas, entre ellas el gasto hospitalario, las bajas por enfermedad y determinadas prestaciones vinculadas a la jubilación. Aplicado a las cifras de 2024, los 24.800 millones de euros de inversión farmacéutica pública habrían contribuido a generar cerca de 16.000 millones de euros de ahorro en otros ámbitos presupuestarios.
Se trata de estimaciones económicas del estudio, no de ahorros presupuestarios directamente observados en su totalidad. Por ello, sus conclusiones deben interpretarse dentro de la metodología utilizada por AFI.
El análisis también pone de relieve que el incremento del gasto farmacéutico responde, en parte, a una mayor utilización de los tratamientos. Entre 2013 y 2024, el número de recetas dispensadas aumentó un 34%, mientras que su coste medio creció un 8%, por debajo de la inflación acumulada durante ese periodo.
Además, el importe de las recetas de farmacia por habitante en España se situó en 360 euros en 2023, frente a una media europea de 477 euros. La diferencia asciende a unos 200 euros respecto a Francia y a 340 euros frente a Alemania, según las cifras recogidas en el documento.
“Los medicamentos innovadores son mucho más que una partida presupuestaria. Son salud y calidad de vida para los pacientes, pero también productividad, competitividad y sostenibilidad para nuestro sistema sanitario y para nuestra economía”, afirma Juan Yermo, director general de Farmaindustria.
El sector farmacéutico reivindica su contribución económica
El estudio incorpora también las aportaciones que realiza la industria farmacéutica a las administraciones públicas a través de impuestos, cotizaciones y distintos mecanismos de devolución y ajuste del gasto. Entre estos últimos, figuran la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías y las deducciones establecidas en el Real Decreto-ley 8/2010, que, según el informe, generaron conjuntamente cerca de 2.000 millones de euros de ahorro entre 2024 y 2025.
En el ámbito fiscal, la aportación directa de la industria mediante impuestos y cotizaciones sociales superó los 4.100 millones de euros en 2025. Si se incluyen los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía, la recaudación fiscal total asociada al sector se situó en 10.100 millones de euros, una cantidad equivalente aproximadamente al 40% de la inversión farmacéutica pública de ese ejercicio.
A partir de estos cálculos, AFI sostiene que el valor económico generado por los medicamentos y por la actividad de la industria farmacéutica supera los recursos públicos destinados a financiarlos. No obstante, las distintas cifras corresponden a conceptos económicos diferentes —ahorros estimados, aportaciones fiscales y mecanismos de devolución—, por lo que la comparación no equivale a afirmar que el gasto farmacéutico se recupere íntegramente en forma de ingresos directos para las administraciones.
Más inversión, actividad económica y empleo
El documento también analiza qué sucedería si España incrementara los recursos destinados a medicamentos innovadores. Según las proyecciones de AFI, un aumento de la inversión pública equivalente a una décima del PIB podría generar más de 1.300 millones de euros de valor añadido para la economía y contribuir al mantenimiento y creación de más de 16.000 empleos, tanto directos como indirectos, vinculados al sector farmacéutico.
Según Farmaindustria, el análisis determina, en base a todo lo anterior, que existe margen para aumentar la inversión pública en sanidad y en medicamentos. Además, estas previsiones refuerzan su tesis de que los medicamentos innovadores deben contemplarse no solo como un componente del gasto sanitario, sino también como una inversión con efectos sobre la productividad, la actividad económica y el bienestar de la población. La patronal considera que esta perspectiva cobra especial importancia ante los desafíos del envejecimiento y la cronicidad, que previsiblemente incrementarán la demanda asistencial durante los próximos años.
El debate, por tanto, no se limita a cuánto dinero destina España a financiar nuevos tratamientos, sino también a cómo se mide el valor que aportan a los pacientes, al sistema sanitario y al conjunto de la economía. Una cuestión que, según las conclusiones del informe, debería tener un mayor peso en las decisiones sobre financiación farmacéutica.
