Ya es oficial. El Gobierno presentará a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia especializada de Naciones Unidas encargada de promover los derechos laborales y la justicia social, y una de las instituciones más antiguas del sistema multilateral.
La decisión deberá formalizarse antes del próximo 31 de agosto y abre para Díaz una carrera internacional cuyo desenlace se conocerá el 16 de noviembre. De resultar elegida, Díaz conseguiría un doble hito. Sería la primera mujer y la primera persona española que se pone al frente de la organización en sus 107 años de historia.
Los once directores generales que ha tenido la OIT desde 1919 han sido hombres y ninguno procedía de España. La francesa Muriel Pénicaud y la surcoreana Kang Kyung-wha ya intentaron romper ese techo en las elecciones de 2022, sin éxito. El cargo está ocupado desde octubre de 2022 por Gilbert Houngbo, antiguo primer ministro de Togo y expresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Houngbo fue el primer africano elegido para dirigir la OIT y sucedió al británico Guy Ryder, histórico dirigente sindical que permaneció diez años al frente de la institución. Antes que ellos la dirigieron, entre otros, el diplomático chileno Juan Somavía y el político belga Michel Hansenne.
Una elección de gobiernos, patronales y sindicatos
La OIT, que nació dentro del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, tiene como principal singularidad su estructura tripartita. A diferencia del resto de las agencias de Naciones Unidas, sus decisiones no corresponden únicamente a los Estados. Los representantes de los 187 gobiernos miembros comparten la organización con las patronales y los sindicatos, que participan en la elaboración de convenios, recomendaciones y políticas laborales internacionales.
Ese equilibrio también determinará las opciones de Díaz. El director general es elegido mediante voto secreto del Consejo de Administración de la OIT. Este órgano cuenta con 56 miembros titulares: 28 representantes gubernamentales, 14 empresariales y 14 sindicales. Para ganar es necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos.
El calendario oficial establece que las candidaturas podrán registrarse hasta el 31 de agosto. El 23 de septiembre se celebrará un encuentro público con los aspirantes; las audiencias privadas tendrán lugar el 9 de noviembre y la votación definitiva, el 16 de ese mismo mes. Quien resulte elegido asumirá el cargo el 1 de octubre de 2027 para un mandato de cinco años, renovable una sola vez.
Fin a su etapa de seis años en el Gobierno
Ese calendario permitiría a Díaz continuar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. La vicepresidenta anunció en febrero que no volvería a presentarse como candidata en las próximas elecciones generales, aunque entonces aseguró que seguiría trabajando desde el Ejecutivo. Su elección en Ginebra convertiría aquella renuncia electoral en el paso previo a una salida hacia uno de los puestos internacionales más relevantes en materia laboral.
Su perfil de abogada laboralista, la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, las subidas del salario mínimo y el respaldo del Gobierno español juegan a su favor. Pero Díaz deberá convencer también a las organizaciones empresariales y competir con el actual director general, Gilbert Houngbo, si finalmente opta a la reelección.
Además, la candidatura simultánea del actual ministro de Agricultura, Luis Planas, a la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, puede obligar a España a repartir esfuerzos y apoyos diplomáticos entre dos puestos de primer nivel.
Quien gane recibirá, además, una organización sometida a una fuerte presión financiera. La propia Díaz aludió a esa «crisis relevante” durante la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio. Allí defendió que los menores recursos no pueden poner «en riesgo sus valores fundamentales» de la organización. Si obtiene los apoyos necesarios en noviembre, tendrá que convertir aquel diagnóstico en un programa de gestión.
La relación de España con la OIT se remonta a sus propios orígenes. El país fue miembro fundador en 1919, aunque permaneció fuera de la institución entre 1941 y 1956. A raíz de un Acuerdo de Sede entre el Gobierno de España y la OIT, en 1986 se estableció la Oficina de la OIT en Madrid, ubicada en la calle Alberto Aguilera.
Actualmente, España es el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado y uno de los países que viene aportando un mayor volumen de fondos a los programas de cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo, según informa el propio organismo, dirigidos principalmente a los países de América Latina.
