El mayor colectivo de empresas líderes en innovación (representa a más de 500 compañías vinculadas al sector tecnológico y digital de nuestro país), está comprometido con la economía digital mediante la divulgación e investigación. Hablamos con su presidenta, Carina Szpilka.

PREGUNTA. España va a recibir en torno a 140.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿En qué consiste ‘A Digital Next Gen’?

RESPUESTA. Es una guía para que las empresas comprendan el funcionamiento de los fondos, valorar qué convocatorias son interesantes y prepararse para presentar sus proyectos. Es un entorno complejo para cualquier organización que no tenga experiencia, queremos proporcionarles información rigurosa y actualizada, pero también queremos acompañarles en la selección de diferentes oportunidades, así como la gestión de los requerimientos de acceso.

Carina Szpilka, presidenta de Adigital, posa en exclusiva para Forbes. Foto: Jacobo Medrano

P. ¿El derecho a la desconexión digital y su correcta regulación, en la era del teletrabajo, es factible? 

R. Con la digitalización está ocurriendo algo similar a lo que pasó cuando el hombre descubrió el fuego, es innovación que no sabes usar, pero que bien empleada, tiene un gran potencial. Tenemos que afianzar y crecer sobre lo aprendido, trabajar juntos desde administraciones, empresas y los propios trabajadores. La digitalización y la tecnología son herramientas al servicio de las personas y deben contribuir a mejorar nuestro bienestar.

P. ¿Qué carencias detectáis en la estrategia de digitalización de nuestro país? 

R. España destaca en ámbitos como el de infraestructuras digitales y acceso a la tecnología, pero fallamos a la hora de sacarles partido. Es prioritario que las administraciones apuesten activamente por la formación tecnológica de la población, como el apoyo a las pymes en su transformación digital, simplificando barreras regulatorias, administrativas y de comercio transfronterizo. 

P. ¿En qué tecnologías debería el Ejecutivo debería poner foco en 2021?

R. Dentro de las prioridades, tiene que estar el cloud, porque supone uno de los mayores avances socioeconómicos de los últimos años y democratiza el acceso a la innovación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo un 28,1% de las compañías españolas con acceso a internet utilizaban en 2019 servicios en la nube, 10 puntos por debajo de la media europea. No nos lo podemos permitir. Para las pequeñas y medianas empresas, la digitalización permite acceder a tecnologías y servicios punteros en condiciones similares a las grandes corporaciones.

España destaca en infraestructuras digitales y en el acceso a la tecnología, pero falla a la hora de sacarles partido

P. ¿Se puede frenar la propagación de mensajes que «atentan» contra el honor e intimidad de las personas? 

R. La inmensa mayoría de ciudadanos y usuarios de internet comparten esta visión de las nuevas tecnologías como herramientas para el progreso social, por lo que, en ese sentido, sí creemos que se están dando los pasos adecuados. El Gobierno ha presentado el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, coordinado por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (OBERAXE). Supone un primer gran acuerdo consensuado entre la administración pública, organizaciones de la sociedad civil y empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos con el objetivo de reforzar la cooperación en la lucha para la erradicación del discurso de odio en internet en nuestro país.

P. Recientemente, han rechazado desde Adigital la unilateralidad de la llamada Tasa Google…

R. Suscribimos la necesidad de abordar la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular (también en el ámbito impositivo), pero debemos tener en cuenta que este debate debe tratarse desde el punto de vista internacional. Desmarcarse del acuerdo global, como hace el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales presentado por el Gobierno, pone en riesgo la competitividad de la economía española y puede derivar en una pérdida de productividad, competitividad e innovación en las empresas de nuestro país.