Han pasado ocho años desde que Shakira arrancó su batalla con la Hacienda española, cuando la Fiscalía la acusó de haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 al considerar que ya residía fiscalmente en el país con Gerard Piqué. Desde entonces, la artista ha mantenido un pulso que este lunes se cierra con una gran victoria en la Audiencia Nacional de más de 60 millones de euros entre liquidaciones, sanciones e intereses.
Durante años, la artista sostuvo que su residencia principal estaba en Bahamas y que pasaba gran parte del tiempo fuera del país por sus giras internacionales. El núcleo del conflicto estuvo siempre en si había permanecido más de 183 días al año en territorio español, el umbral que obliga a tributar como residente fiscal.
El gran giro llegó en noviembre de 2023, cuando Shakira aceptó un acuerdo con la Fiscalía apenas minutos antes de sentarse en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. Reconoció seis delitos fiscales, aceptó una pena de tres años de cárcel —que no implicaba ingreso en prisión— y una multa de 7,3 millones de euros, además de otras cantidades ya abonadas previamente. A cambio evitó un juicio de enorme exposición mediática y una petición fiscal que superaba los ocho años de cárcel.
Entonces, Shakira aseguró que sus abogados «estaban convencidos» de que era «un juicio ganador», pero había llegado a la conclusión de que «no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida». «Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena«, añadió.
Sin embargo, este acuerdo en la causa penal —cuya sentencia ya es firme al ser fruto de una conformidad— no cerró todos los frentes. En paralelo seguía abierta la disputa administrativa por el ejercicio fiscal de 2011 y otra investigación penal relacionada con el ejercicio de 2018. Esta última acabó archivada en mayo de 2024 después de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña concluyeran que no existían indicios suficientes de fraude deliberado por parte de la artista.
La causa administrativa de 2011
La causa administrativa de 2011, en cambio, continuó viva porque Shakira sostenía que ese año todavía no era residente fiscal en España y que Hacienda había construido el expediente con pruebas insuficientes. En este sentido, debía pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio.
La Audiencia Nacional le da ahora la razón en una sentencia que anula íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones impuestas por aquel ejercicio fiscal al considerar que no puede demostrarse que entonces fuese residente fiscal en España. Su defensa argumentó que en 2011 se encontraba de gira mundial, realizando 120 conciertos en 37 países distintos.
Su abogado, José Luis Prada, socio director de Prada Tax Advisors, ha calificado este lunes este proceso como un «calvario de ocho años» y «posiciones administrativas inaceptables». En su opinión, «Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse».
La cantante, por su parte, ha denunciado «un señalamiento público brutal», «campañas orquestadas para destruir» su reputación, y «noches enteras sin dormir» que dañaron su salud y el bienestar de su familia. «Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», pero «aún así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable», ha añadido.
La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días desde el siguiente al de su notificación. La Agencia Tributaria ya ha avanzado que tiene previsto solicitar a la Abogacía del Estado que lo interponga y recuerdan que ya aceptó previamente las condenas por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2014.
