La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dictado la apertura de juicio a Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública en los que presuntamente defraudó 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 al evitar el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. El anuncio llega después de que fracasaran los intentos de acuerdo entre la Fiscalía y la cantante colombiana.

El principal argumento de la Fiscalía para mandar a juicio a Shakira es porque la artista se valió de sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos en ese periodo de tiempo.

En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.

La jueza asegura que contra esta decisión “no cabe recurso alguno”, por lo que el próximo paso será poner fecha a la celebración de la vista oral, de acuerdo a El País. Además, en esta apertura de juicio a Shakira, la jueza ha decidido mantener a la cantante en situación de libertad provisional.

Por su parte, a lo largo de este proceso Shakira ha acusado a la Fiscalía de “intransigente” y le acusa de recurrir a “medios indebidos para presionar”.

Antecedentes

La cantante colombiana figura —junto a una larga lista personalidades conocidas como el del cantante Julio Iglesias, el escritor Mario Vargas Llosa o el popular Xavier García Albiol— en los Papeles de Pandora por tener varias sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en las que han participado 150 medios de comunicación de 117 países (incluidos El País y La Sexta), apuntaba a que la cantante colombiana tendría un total de tres empresas en el paraíso fiscalLight Productions Limited y Light Tours Limited, que datan de finales de los 90 y principios de los 2000, y Titania Management Inc., registrada entre 2018 y 2019, por 40.000 euros.

Dos de ellas ya se conocían. Light Productions Limited y Light Tours Limited aparecieron en otra investigación previa, la de los Paradise Papers. Según estos, Shakira había cedido en 2008 sus derechos de imagen a una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez los cedió por un euro a otra compañía en Luxemburgo. La empresa responsable de Luxemburgo era Ace Entertainment, que firmó un acuerdo de 300 millones de euros por 10 años con Live Nation, para llevar a cabo la gira de la cantante colombiana Sale el Sol. La cantante pagó un 2% de los impuestos a las autoridades de Luxemburgo y, finalmente, el dinero volvió a las Islas Vírgenes Británicas.

La revelación de los Paradise Papers desencadenó una investigación de la Agencia Tributaria española para comprobar si Shakira había evadido o no impuestos en nuestro país, donde reside con Gerard Piqué y sus hijos. Según la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas legislación españolase considera residente fiscal a aquellas personas que permanezcan en el territorio más de 183 días durante el año natural o que si radica en España su núcleo principal o base de sus actividades e intereses económicos.

En su defensa, Shakira intentó explicar a Hacienda que durante años residió en Bahamas, donde en 2004 compró una casa con su entonces pareja, Antonio de la Rúa. Además, había vivido algunos meses al año en Estados Unidos, mientras había sido jurado de La Voz. Y no fue hasta 2013 cuando compró una casa con Piqué en Barcelona. Fue dos años después, en 2015, cuando se declaró oficialmente residente en España.

Ninguna de estas explicaciones sirvieron a la colombiana para librarse de la Agencia Tributaria. Según publicó el diario El Paísla investigadora encargada del caso buceó en el día a día de la cantante colombiana en Barcelona para demostrar que no vivía en Bahamas sino en España. Así fue posible saber que Shakira recibía clases particulares de francés, que daba clases de zumba, que iba al peluquero un par de veces a la semana, y hasta los gastos que hacía en El Corte Inglés, restaurantes y otros establecimientos, entre otras cosas.

Así fue como Hacienda determinó que la cantante había dejado de pagar 20 millones de euros en el ejercicio de 2011 y otros 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. En 2018, un juez dictó que, aunque su residencia oficial había estado en Bahamas, Shakira había pasado la mayoría del tiempo en España. Por ello, la artista acabó por abonar los casi 35 millones de euros que debía a la Agencia Tributaria.