El mayor juicio penal en materia económica de la historia de la Iglesia Católica, que se retomó el pasado 5 de octubre, ha sido cuidadosamente posicionado como un momento crítico para el Papa Francisco. Se trata de una oportunidad para señalar que nadie está por encima de la ley, y para ello cuenta con una investigación de dos años, una acusación de 487 páginas y cargos contra un cardenal que ha sido intocable. Hasta ahora, todo parece ir bien, al menos en términos de un ejercicio de marca, ya que los medios de comunicación más grandes del mundo lo declaran sin aliento como un «juicio histórico por fraude y corrupción» y el «juicio del siglo» del Vaticano.
Sin embargo, tras las bambalinas, este caso —una telenovela con túnica clerical, con acusaciones de fraude, escándalo y nepotismo— podría volverse en contra del Papa. FORBES ha hablado con docenas de fuentes del Vaticano durante las últimas semanas, y lo que surge de estas conversaciones es una contranarrativa sorprendente: una continuación del egoísmo, el favoritismo y la falta del debido proceso que llega hasta la figura máxima del absoluto del Vaticano. Entre las nuevas revelaciones que salen de estas charlas:
- El Papa recibió un informe condenatorio sobre el cardenal que está siendo juzgado años antes de ser acusado y, sin embargo, lo dejó permanecer en su cargo.
- Francisco aprobó la redada que enfrentó a los fiscales del Vaticano contra su guardián financiero.
- Un director externo dice que una reunión con Francisco para advertirle sobre la inminente catástrofe legal fue bloqueada por el secretario personal del Papa.
- Las fuentes contactadas usan el término «Amigos de Francisco» para explicar por qué algunos funcionarios del Vaticano están siendo procesados y otros no.
El problema del expediente del Papa
La narrativa del juicio comienza en una antigua sala de exposiciones de Harrods en el próspero barrio londinense de Chelsea. La iglesia esperaba convertirlo en 49 apartamentos de lujo, pero la turbia inversión de 350 millones de euros acabó por convertirse en una pérdida de 100 millones de euros para el Vaticano, gran parte de ellos donaciones de los fieles reservadas para que el Papa las distribuyera a la caridad. Los intermediarios y reparadores, algunos de los cuales son acusados en el camino actual, recolectaron decenas de millones.
El principal acusado, el cardenal Angelo Becciu, de 73 años, había sido hasta 2019 uno de los clérigos más poderosos de la ciudad-estado. Como sostituto (suplente), Becciu dirigía la gestión diaria del Vaticano, y era el único funcionario que no necesitaba una cita para reunirse con el Papa.
La acusación le atribuye la mayor responsabilidad por el fiasco de Londres y lo acusa de nepotismo al canalizar 825.000 euros a la organización benéfica sarda de su hermano y 575.000 euros a una empresaria (también acusada) y su empresa con sede en Eslovenia que fue contratada como «consultora de Seguridad». Los fiscales sostienen que aproximadamente la mitad de ese dinero se gastó en artículos de diseño de lujo y vacaciones. En teoría, las acusaciones de un aliado cercano dejaban la puerta abierta a una posible responsabilidad histórica del Vaticano. Becciu y la empresaria niegan rotundamente todas las acusaciones.
Pero el Vaticano es un estado soberano y el Papa es un monarca no hereditario con poder absoluto. Francisco conserva la autoridad sin restricciones para intervenir en investigaciones o juicios criminales y civiles, cambiar o renunciar a las reglas o procedimientos existentes, incluso bloquear a los clérigos de alto rango para que no testifiquen. Si bien este juicio marca la primera vez en la historia del Vaticano que un cardenal será juzgado por jueces y fiscales laicos, ese juez y esos fiscales trabajan para el Vaticano y el Papa.
Las cosas cambiaron después de la bendición del Papa de asaltar a sus auditores. Bien intencionado o no, este movimiento asestó un duro golpe a las reformas financieras del Vaticano.
Y no es tan sencillo para el Papa Francisco distanciarse del cardenal Becciu a pesar de haberlo destituido de su cargo y despojado de sus derechos como cardenal hace un año. Según un antiguo funcionario del Vaticano, el Papa Francisco recibió directamente un expediente secreto hace unos cinco años que supuestamente presentaba pruebas «incontrovertibles» de que el cardenal Becciu había desviado más de 2 millones de dólares en fondos de la iglesia. «Su Santidad cerró el expediente; ese fue el final», ha asegurado el exfuncionario a FORBES. La información, dice esa fuente, nunca se pasó a la versión del Vaticano de un fiscal público, el Promotor de Justicia. Y Becciu luego continuó supervisando las operaciones diarias del Vaticano.
Francisco ha intervenido enérgicamente en el caso a través de la investigación que generó la acusación actual. Le ha dado carta blanca al fiscal, Gian Piero Milano, y le ha permitido ordenar unilateralmente cualquier registro e incautación sin «tener en cuenta las normas vigentes». También ha liberado a los fiscales de la supervisión de rutina, algo que ha dejado a la defensa sin ningún recurso para impugnar las pruebas acumuladas durante la investigación, un derecho que habrían tenido en Italia y la mayor parte de Europa.
El resultado fue una serie de redadas sin precedentes a fines de 2019 en las oficinas del secretario de estado y la Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera (AIF), el organismo de control financiero del Vaticano. El predecesor de Francisco, el Papa Benedicto XVI, bajo intensa presión de los reguladores financieros europeos, creó la AIF y promulgó la primera ley del Vaticano contra el lavado de dinero en 2010. Francisco, quien ascendió al papado con una agenda reformadora, rápidamente se encontró en el medio. de desentrañar ese progreso.
El problema de «James Bond» del Papa
Durante la mayor parte de la última década, la persona clave en el intento del Vaticano de limpiar su propio acto ha sido René Brülhart, un abogado suizo y experto en lucha contra el lavado de dinero designado por Benedicto XVI. Brülhart ya había asumio una «misión imposible»: supervisar la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein. Los colegas del Grupo Egmont, una organización global que busca erradicar la corrupción, elogiaron las reformas de Brülhart, ya que eliminó el notorio paraíso fiscal de las listas negras financieras mundiales. Después se unió al grupo como vicepresidente.
El Vaticano, de manera similar, era un pequeño principado en el que el poder atrincherado a menudo trabajaba para socavar las reformas. Durante siete años, Brülhart estableció a la AIF como un organismo de control interno vital que se ganó el elogio de sus pares europeos. La prensa empresarial lo apodó «el James Bond del mundo financiero». Y a cuando el negocio de la propiedad de Londres se fue al garete, la AIF comenzó a realizar una investigación multijurisdiccional para tratar de seguir el dinero.
Las cosas cambiaron después de la bendición del Papa de asaltar a sus auditores. Bien intencionado o no, este movimiento asestó un duro golpe a las reformas financieras del Vaticano. El consorcio global de auditores nacionales suspendió el AIF del Vaticano por preocupaciones de que la redada hubiera comprometido información confidencial sobre investigaciones criminales en curso.
Siete semanas después, Brülhart dimitió para sorpresa de todos. Le siguieron dos miembros de su junta independiente. FORBES ha podido saber que uno de ellos, Marc Odendall, un banquero de inversiones suizo-germano renunció después de que se anulara una reunión que tenía con el Papa. Preocupado de que la AIF se hubiera transformado en un «caparazón vacío», Odendall se acercó al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien —según Odendall— organizó la reunión. Pero el portero del Papa, el arzobispo Georg Gänswein, lo bloqueó. «Quería darle [al Papa] una advertencia fraternal y profesional directa de las consecuencias de su acción», ha asegurado Odendall a FORBES.
El caso contra Brülhart huele a venganza personal, y eso es un problema para el Papa Francisco. Varias fuentes dicen que Brülhart se hizo enemigos poderosos por su enfoque suizo.
La sorpresa llegó este verano cuando entre acusados por los fiscales incluían al propio Brülhart. Un movimiento impactante, teniendo en cuenta que Brülhart había sido considerado el mayor activo de reforma financiera del Vaticano. La idea central de la acusación en su contra es que violó «las reglas básicas que rigen la supervisión» al permitir que prosigan las inversiones en Londres. Sin embargo, la unidad de inteligencia de Brülhart solo supervisaba el Banco del Vaticano, no la oficina del secretario de Estado desde la que se tramó, ejecutó y supervisó todo el acuerdo. Y aunque Brülhart podía dirigir la planificación general y los objetivos de la unidad de inteligencia financiera, no tenía poder ejecutivo y no podía aprobar ninguna transacción o transferencia de dinero del Vaticano.
El caso contra Brülhart huele a venganza personal, y eso es un problema para el Papa Francisco. Varias fuentes, todas las cuales solicitaron el anonimato por temor a generar la enemistad de los líderes de la iglesia, dicen que Brülhart se hizo poderosos enemigos entre los 825 ciudadanos de la ciudad-estado insular por su cercanía con Suiza. Los clérigos de una institución de 2.000 años de antigüedad se resistían instintivamente a las regulaciones creadas por los burócratas financieros en Bruselas. En un lugar donde muchos creían que las reglas podían doblarse y los favores intercambiaban como una cuestión de derecho, se juzgó que Brülhart era inflexible.
Su imagen de James Bond, pulida por su apariencia de ídolo de matiné, impecables trajes de corte delgado y aire misterioso y tímido para la prensa, tampoco le hizo ningún favor en el Vaticano. Era una celebridad menor en un lugar donde se supone que solo el Papa es una estrella. Según los informantes, los tradicionalistas del Vaticano consideraban a Brülhart como un recién llegado que estaba encantado consigo mismo. También señalaron que los reguladores europeos en repetidas ocasiones elogiaron sus esfuerzos por reformar el Banco del Vaticano, al mismo tiempo que criticaron a los fiscales del Vaticano, los mismos que ahora lo acusaron, por no tomar medidas suficientes sobre la actividad sospechosa que su AIF les remitió.
Un abogado italiano que trabajó con uno de los fiscales antes de unirse al Vaticano ha dicho a FORBES que en sus conversaciones con su excolega «pensaban que los reguladores de Bruselas eran del tipo que se llevaba bien con Brülhart: estaban cortados por el mismo patrón». Un fiscal se refirió burlonamente a Brülhart como «el chico de oro». Evidentemente, en los meses anteriores a las acusaciones, en al menos una ocasión hubo una acalorada discusión dentro de la Oficina del Promotor de Justicia sobre si se debía acusar a Brülhart. Varias fuentes dicen que un informe del consorcio europeo en junio pasado, que elogió el progreso del Vaticano en transparencia, pero criticó a sus fiscales por tener «recursos insuficientes» y el acuerdo de Londres como una «bandera roja», desató la furia en la oficina del fiscal. Un mes después, Brülhart fue acusado.
Brülhart no ha querido comentar sobre el caso en su contra, pero su abogado ha dicho a la prensa que tiene la intención de luchar contra los cargos. Mientras tanto, la oficina de prensa del Vaticano ha ignorado numerosas preguntas y solicitudes de entrevistas de FORBES para este artículo. Pero Odendall, el director de la AIF que renunció después de ser rechazado de reunirse con el Papa, desestima la acusación como «probablemente una venganza personal» del fiscal principal, Gian Piero Milano, con quien Brülhart tenía «una relación difícil y tensa». Como lo ve Odendall, incluso si Brülhart supera los cargos, el fiscal “habrá prohibido y empañado con éxito la reputación de un adversario. Sin inconvenientes.
«El responsable de esto es el Papa», agrega Odendall. «Ha tomado las decisiones equivocadas y ha designado a las personas equivocadas, mientras finge que está luchando contra las personas malas».
El problema de los «amigos de Francisco» del Papa
La asociación del Papa con el caso también surge en relación con Gianluigi Torzi, uno de los empresarios italianos que negoció la transacción inmobiliaria de Londres. El fiscal alega que Torzi logró insertar una disposición contractual de última hora que le dio el control de la propiedad de Londres y lo utilizó para extorsionar 15 millones de euros, lo que niega. Y aunque el fiscal dice que el pontífice no autorizó personalmente ningún pago, Francis ha asistido al menos a dos reuniones en las que Torzi afirma que discutió los términos finales del acuerdo de inversión.
El cardenal Parolin, a quien Francisco nombró secretario de estado en 2013, ha supervisado las inversiones en Londres desde el principio. Fue quien aprobó el contrato de Torzi en el que supuestamente se agregó la cláusula trampa. También estuvo involucrado en los esfuerzos para pagar los préstamos y puede haber aprobado una transacción que los fiscales del Vaticano dicen que fue «fraudulenta» y que él personalmente consideró «opaca». El arzobispo Edgar Peña Parra, el clérigo que reemplazó al cardenal Becciu en 2018, también supervisó la inversión en Londres y organizó la reunión de Torzi con el pontífice. Monseñor Alberto Perlasca, el jefe de la oficina administrativa del secretario de estado, también estuvo en medio de la avalancha de contratos, directores y la lista siempre cambiante de compañías offshore afiliadas conectadas al acuerdo de Londres.
Ni Parolin, ni Peña Parra, ni Perlasca, han sido procesados. En un caso relacionado en el Reino Unido, el fiscal del Vaticano sostuvo que esos tres clérigos eran simples incautos crédulos que finalmente fueron engañados por Becciu y otros. Aquí es donde la máxima autoridad del Papa crea una niebla que podría amenazar su reputación. Los conocedores del Vaticano a menudo miran las decisiones en esta área a través de lo que ellos llaman una lente de «Amigos de Francisco».
¿Fue Becciu el único mal operador en la cima? ¿Es solo una coincidencia que hubiera perdido el favor del Papa cuando comenzó la investigación del fiscal, mientras que los excusados por credulidad son los que todavía están en el buen favor de Francisco? «Para muchos observadores, es tentador llegar a esa conclusión», comenta John Allen Jr., periodista que cubre el Vaticano. Allen dice que el hecho de que Parolin y Peña Parra fueran tan cercanos al Papa los habría convertido en «políticamente intocables», mientras que Becciu, que se había peleado con el pontífice, sería considerado «prescindible».
En marzo pasado, un juez en un caso del Reino Unido que involucraba una petición del Vaticano para congelar las importantes cuentas bancarias de Torzi señaló que cuando el fiscal del Vaticano comenzó sus argumentos identificó a Perlasca como una de las tres personas clave en una «conspiración orquestada en curso». Cinco meses después, el mismo fiscal sostuvo que a Perlasca se le había «mantenido en la oscuridad sobre la forma en que se estructuraría la transacción».
Sobre Perlasca, el juez respondió: «Encuentro esa sugerencia. . . difícil de aceptar». En cuanto a Peña Parra, observó el juez, «me cuesta aceptar cualquier sugerencia de que el arzobispo Peña Parra hubiera firmado tal documento sin familiarizarse con los documentos. . . dada la aparente importancia de la transacción y las sustanciales sumas de dinero involucradas». Y en cuanto a Parolin, el se mostró incrédulo de que «debieron haberle puesto la lana por completo sobre los ojos». El juez concluyó que los argumentos del Vaticano «no estaban respaldados por pruebas creíbles» e involucraban atroces y atroces «no divulgaciones materiales y tergiversaciones».
Sería lógico suponer que todo esto podría aclararse en el actual juicio. El Vaticano no otorga a los acusados el derecho automático a llamar a testigos. Los magistrados que supervisan el juicio son quienes deciden quién puede testificar con conocimiento sobre lo que el Papa podría pensar y si son amigos de Francisco.
