La transición energética suele explicarse en términos de generación: más renovables, más capacidad instalada, más ambición climática. Sin embargo, hay un elemento menos visible que condiciona en gran medida la velocidad a la que ese cambio puede producirse: las redes eléctricas.
Es ahí donde el papel de los operadores de red gana peso. Compañías como Naturgy, a través de su distribuidora eléctrica UFD, están reforzando sus infraestructuras para adaptarlas a un sistema energético más descentralizado y exigente. Solo en 2025, UFD destinó 408 millones de euros a la mejora y digitalización de su red en España, una infraestructura que supera los 116.600 kilómetros y da servicio a cerca de 3,9 millones de puntos de suministro.
Ese refuerzo responde a un cambio de fondo. Actualmente, la red opera como un sistema mucho más complejo, llamado a gestionar un modelo energético radicalmente distinto al de hace apenas una década. La entrada masiva de generación renovable, distribuida y no siempre predecible, junto con el aumento progresivo de la demanda eléctrica, obliga a replantear su funcionamiento, su capacidad y su papel dentro del conjunto del sistema.
Y de ahí que ampliar la red ya no sea suficiente. El reto pasa ahora por adaptarla a nuevas dinámicas: integrar más puntos de generación, responder a patrones de consumo más variables y garantizar la calidad del suministro en un entorno cada vez más exigente. “La red tiene que evolucionar al mismo ritmo que lo hace el sistema energético”, explica Mónica Puente, directora de Redes de electricidad de Naturgy en España.
La digitalización aparece como una de las palancas clave para abordar esa transformación. La incorporación de tecnologías de telemedida, telegestión o sensorización permite avanzar hacia un modelo más flexible, capaz de anticipar incidencias, optimizar el flujo de energía y operar en tiempo real. Lo que no solo mejora la eficiencia operativa, sino que permite gestionar una red cada vez más distribuida y con mayores exigencias.
Un enfoque que también se traslada al esfuerzo inversor. Naturgy prevé mantener el impulso en los próximos años, con un compromiso mínimo de 1.218 millones de euros hasta 2029 destinados a su red eléctrica en España. Una inversión orientada no solo a reforzar la infraestructura existente, sino también a ampliar su capacidad para dar respuesta a nuevos desarrollos industriales, la electrificación de la economía o la creciente integración de energías renovables.
«Los elevados volúmenes de inversión de los últimos años han permitido que la fiabilidad de nuestro servicio alcance el 99,99%. Invertimos en optimizar el uso de la red, ampliar capacidad y garantizar la resiliencia, y lo haremos hasta el límite que establece el regulador, para avanzar en digitalización y fortalecer nuestra infraestructura ante eventos extraordinarios o fenómenos meteorológicos adversos, situaciones cada vez más frecuentes en las que se demuestra la profesionalidad de nuestro equipo humano y el de las empresas colaboradoras», añade Puente.
La inversión en el periodo se repartirá entre todos los territorios en los que UFD está presente: Galicia, donde UFD es el principal distribuidor eléctrico, con una partida de 519 millones de euros entre 2026 y 2029; Castilla-La Mancha (337 millones), la Comunidad de Madrid (217 millones) y Castilla y León (145 millones).
Aun así, el despliegue de estas inversiones no depende únicamente de la capacidad de las compañías. La planificación a largo plazo y la estabilidad regulatoria se consolidan como factores determinantes para sostener el ritmo de transformación que exige el sistema. El nivel de inversión está condicionado por el marco regulatorio, que es el que permite —o limita— hasta dónde puede llegar ese esfuerzo.
Hoy la transición energética se ha convertido en uno de los grandes vectores de cambio económico. El papel de las redes deja de ser secundario para situarse en el centro de la conversación. Porque, más allá de la generación, es en la infraestructura donde se define, en gran medida, hasta dónde puede llegar ese cambio.
