De los 20 millones de obleas que vende el gigante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Europa, el indiscutible líder mundial con un 90% de la cuota de chips avanzados y clientes como Apple, Nvidia y AMD, sólo 400 recalan en España. La endeblez de la demanda industrial explica que nuestro país haya quedado prácticamente fuera del reparto estratégico de inversiones semiconductores que ha tenido lugar en Europa tras la grave crisis de escasez que se produjo tras la pandemia.
La decisión de la prestigiosa IMEC de instalarse en Málaga supone en sí misma una gran noticia, no puede considerarse simplemente un premio de consolación. Es la empresa que define “los componentes de la pizza y en qué cantidad debemos utilizarlos”, suele decirme ex investigador de propiedad intelectual en Apple Computers y ex arquitecto jefe de General Motors, el argentino Mario Nemirovsky.
Pero IMEC no compensa la falta de masa crítica de demanda de semiconductores en España. Al menos, no lo hace en la medida suficiente como para justificar el enorme peso que está teniendo nuestro país en el debate de la futura Ley de Chips 2.0 que impulsa la Comisión Europea.
“Si no estás en la mesa, estás en el menú”, es uno de los aforismos habituales en las discusiones geopolíticas, suele atribuirse al exsecretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Esta vez, España está en la mesa, con la expresidenta de TSMC Europe, María Marced, al frente. Es la encargada de pilotar las conversaciones que deben conducir a la European Chips Act (ECA) 2.0, cuyo presupuesto podría triplicar al de la versión anterior.
María Marced se ha ganado a pulso el protagonismo que le ha concedido la Comisión en un sector tan estratégico como el de los semiconductores. El eurodiputado Oliver Schenk, uno de los grandes impulsores de la Ley de Chips, era el ministro de Innovación de Sajonia cuando la española negoció la apertura de una planta de TSMC en Dresde de 22.000 millones de euros.
Marced se alineó para conseguirlo con los tres clientes fundamentales de TSMC en Europa, que fabrican componentes para automoción, y a cuyos principales directivos conocía bien: Infineon, NXP Semiconductors y Bosch. Hábilmente, negoció que las industrias alemanas se quedaran la propiedad del 30% de la fábrica de Dresde, y para TSMC reservó el 70% restante.
Obviamente, la negociación de la ECA 2.0 no está siendo fácil. Alemania viene representada por grandes corporaciones capaces de diseñar, fabricar y vender sus propios chips (IDM), como Infineon y Bosch, que reaparecen en escena. Junto a ellas, una empresa de fabricación de semiconductores para terceros (foundry) X-FAB; una empresa de referencia de desarrollo del silicio y los sustratos sobre los que se imprimen los chips, Siltronic; y Silicon Saxony, un clúster regional.
Por la parte francesa han acudido la empresa de materiales Soitec; dos compañías industriales muy potentes, que integran los semiconductores en sus productos finales, como Valeo (automoción) y Thales (defensa, aeroespacial y seguridad digital); y la empresa de diseño de chips SiPearl. En el caso de Países Bajos cuenta con el fabricante de las hipersofisticadas máquinas con las que TSMC produce sus chips, ASML.
A todos ellos hay que sumar lobbies como el norteamericano SEMI, la European Semiconductor Industry Association (ESIA), Silicon Europe, y empresas como la finlandesa Nokia y la también estadounidense GlobalFoundries. Toda una jungla de intereses empresariales y geopolíticos, en fin.
En medio de este plantel de titanes que están definiendo no sólo el futuro industrial de Europa, altamente dependiente del acceso a chips, sino también nuestras posibilidades en el ámbito de la defensa, lo que dota a la ECA 2.0 de un carácter geoestratégico claro, se ha posicionado la delegación española.
Ahí están tres fantásticas empresas de diseño de chips: las catalanas Openchip, participada por el Barcelona Supercomputing Center, y Semidynamics; y la madrileña KD (KDPOF), líder mundial en el desarrollo de soluciones de fibra óptica de alta velocidad para entornos hostiles. Junto a ellas, AESEMI (Asociación Española de la Industria de Semiconductores), VASIC (Valencia Silicon Cluster) y la también valenciana Gobernanza Industrial, con Carlos González Triviño al frente.
La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen ya tiene el informe que servirá de base para la ECA 2.0, se lo entregó la propia María Marced hace unos días. González Triviño me destaca el esfuerzo realizado para alinearlo con las posiciones y la visión de los informes Draghi y Letta. El sector de semiconductores será, asimismo, el primero en pedir que se le aplique el Régimen 28, un nuevo marco jurídico para empresas innovadoras.
Al parecer, la búsqueda de equilibrios entre las diferentes posturas defendidas por las empresas ha resultado complicada en muchos momentos. No ha sido en absoluto un proceso tranquilo, se ha realizado un gran esfuerzo de aproximación por todas las partes.
La propuesta defiende que la ECA 2.0 esté basada en una política industrial de carácter estructural, con mayor alcance y capacidad de ejecución. Para ello, propone activar la demanda europea como motor del ecosistema, incentivando la adopción de chips diseñados y producidos en Europa.
El toque español se puede percibir en la idea de consolidar capacidades críticas dentro del territorio europeo, desde el diseño hasta la fabricación avanzada, para posicionar a Europa en ámbitos como la inteligencia artificial distribuida, la robótica o la conectividad. Hay que fortalecer, dice, el diseño de chips, en el que España está bien posicionada, especialmente en el ámbito de la fotónica.
Por supuesto, las empresas piden simplificación regulatoria, reducción de cargas administrativas y acceso a energía competitiva. Y un impulso al instrumento “First-of-a-Kind”, de forma que pueda cubrir toda la cadena de valor, desde el diseño hasta el desarrollo de producto, con procesos más rápidos y flexibles.
Para quienes hemos criticado las ausencias de España en lo que algunos llaman la ‘diplomacia de la innovación’, esos círculos de debate y de presión que tan bien pastorean Alemania y Francia en la Unión Europea, lo que está sucediendo en la gestación de la ECA 2.0 supone un soplo de aire fresco. Cuando nos lo proponemos y elegimos a los líderes adecuados, claro que podemos influir.
