Fuera llueve. Cada 22 de diciembre a unos pocos afortunados no les hace falta el paraguas. Les llueven millones. Como dirían los cuatro de la Creedence, ¿has visto alguna vez la lluvia cayendo en un día soleado? España y los otros Veintiséis de la Unión Europea esperan que el deseado chaparrón descargue en los próximos meses. No es el Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque cada estado miembro tiene su décimo premiado.
Los luchados fondos europeos de recuperación –alcanzar un consenso costó mucho– se han presentado como el mecanismo capaz de hacer resurgir a los países de las cenizas pospandemia. “Nos dimos cuenta de que en una situación de crisis que puede devastar nuestras economías, acabar con muchas empresas y destruir empleo nuestra respuesta tenía que ser mucho más ambiciosa y contundente”, explica a Forbes el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, que señala que “ya en mayo, en tiempo récord, la Comisión propuso el plan de recuperación de la UE, el conocido como Next Generation EU (NGUE), con una dotación sin precedentes de 750.000 millones de euros”.
Un instrumento transitorio que, junto al Presupuesto de la UE 2021-2027, supondrá el “mayor paquete de estímulo jamás financiado” a través de las cuentas comunitarias, algo más de 1,8 billones. Estamos, argumenta Fonseca, ante “la herramienta más potente que ha tenido Europa para afrontar una crisis”. Este paquete de auxilio y protección tratará de reedificarla con las vigas de la ecología, la digitalización y la resiliencia. Se persigue asentar las bases de la modernidad y la sostenibilidad. “Indudablemente, España tiene una inmensa oportunidad para su transformación. La cuantía del fondo, la necesidad de que esté orientada a las transiciones ecológica y digital, a la cohesión y a la resiliencia hacen que sea un potente instrumento que puede permitirle dar un salto muy significativo”, asegura a esta publicación el socio responsable de Infraestructura, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, Cándido Pérez.
“Sin embargo, si esa financiación no va acompañada de una mayor ambición reformista, eso no sucederá”, analiza para Forbes el director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), Toni Roldán. Refuerza la idea el Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y economista sénior de Funcas, Francisco Rodríguez, para el que “los fondos tienen que ser la espoleta para un cambio, pero el cambio, en sí mismo, tiene que ser más amplio: un proyecto de país”.
A España le tocarán 150.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, que se repartirán entre 2021 y 2026 –inicialmente iba a recibir 140.000 millones, pero en enero Bruselas elevó un 15% las ayudas directas tras la actualización de los indicadores económicos–. Según el Banco de España, “este impulso fiscal tendrá un impacto sobre el PIB de 1,3 puntos porcentuales (pp) en 2021 y 1,8 pp en el conjunto del período 2021-2023”. Estos mismos fondos que esperamos como agua de mayo plantean uno de los grandes retos de nuestra historia reciente: su propia gestión. De cómo se ejecute esta ayuda dependerá nuestro futuro. Palabras mayores.
El desafío
Saben los agraciados con los millones de la Lotería que tan importante es ganar como saber invertir el premio porque, según la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, a los cinco años, siete de cada diez tiene menos dinero que en el momento de descorchar el champán. Cinco años, los mismos que tardaron los californianos liderados por el inconmensurable John Fogerty en disolverse –parece mentira que duraran solo cinco años, ¿verdad?–. Un paso en falso. Un contrato leonino. Una mala gestión y al traste con lo que estaba predestinado a ser duradero y rentable. De ahí la importancia de ser diligentes e inteligentes en la ejecución de estas trascendentales ayudas durante el venidero lustro. Las últimas red flags las han levantado la agencia de calificación de riesgo estadounidense Standard & Poor’s y el banco francés Société Générale, que han alertado sobre el impacto que tendrá la implementación de los fondos en los análisis del rating de España.
Hasta ahora, nuestro país ha demostrado carencias y deficiencias en la absorción y ejecución de ayudas provenientes de la UE. Según datos de la Comisión Europea, de los 56.000 millones del último Marco Financiero Plurianual (2014-2020), a finales de 2019 España había certificado únicamente un tercio del total. “El reto es particularmente importante para nuestro país”, constata el director de EsadeEcPol, porque “la cantidad de fondos que vamos a recibir es enorme. Ahora, el tamaño de los fondos se multiplica por cuatro”. España movilizará 79.500 millones hasta 2023. La inversión de los primeros 27.000 millones ya se recoge en los Presupuestos de 2021.
El Gobierno reconoce como desafío mayúsculo la gestión de los fondos europeos. No obstante, el presidente Pedro Sánchez defiende la capacidad de la Administración. “No hemos devuelto ningún euro que nos han transferido desde Bruselas”, aunque una parte se ejecute en el “periodo de cola”, precisó durante su intervención en el foro ‘Fondos europeos, las claves para la recuperación’, organizado por la Agencia EFE y la consultora KPMG en enero. Si bien el Ejecutivo prevé ejecutar el 100% de los más de 79.500 millones que España recibirá hasta 2023, el Banco de España es más comedido en sus previsiones y augura que la implementación se quedará en torno al 80% porque, según consta en sus proyecciones macroeconómicas 2020-2023, “la incertidumbre acerca de la capacidad de las Administraciones públicas de absorber un volumen tan elevado de recursos en un período tan reducido es muy elevada”.
“Aquí no sirven retrasos”, razona el socio responsable de KMPG, “porque el Next Generation EU no tiene previsto que haya prórrogas y, de hecho, uno de los requisitos y recomendaciones que está haciendo la Unión Europea a los Estados miembros es que tienen que ser eficaces en la gestión del plan”. Añade el BBVA Research que “hacer llegar los fondos a tiempo al destinatario final será tan importante como la identificación de proyectos transformadores para lograr el mayor efecto multiplicador en términos de creación de empleo, inversión privada y mejora de la productividad”. Si existieran esos retrasos, comenta Roldán, “el objetivo es lograr que sean los mínimos, pero tan importante como evitar retrasos es no malgastar el dinero. Existe un riesgo de que, para aprovechar todos los recursos muy rápido, se asignen grandes partidas a proyectos de mucho gasto y poco retorno, o a financiar gastos corrientes no relacionados con la pandemia”.
Soltando lastre
Entona Loquillo que antes de la lluvia hay que tomar posiciones y construir trincheras. Y sí, será fundamental disponer de un mayor control sobre cómo y en qué se gastará el dinero, así como vital será acelerar burocracias administrativas. “Existen barreras y cuellos de botella legales de la Administración española que hay que eliminar para permitir una gestión más ágil y eficiente de los fondos”, manifiestan a Forbes los economistas del BBVA Research.
Con ese propósito entró en vigor el 1 de enero de 2021 el Real Decreto-ley para reformar las Administraciones públicas. El objetivo es soltar lastre ante el desafío colosal que tienen por delante los organismos estatales, autonómicos y locales. Se trata de acortar plazos, simplificar procesos y agilizar el reparto. Un cambio en el modo de hacer que contempla además una mayor colaboración público-privada gracias a una figura de nueva creación: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). “La acción público-privada tiene sus campos de actuación claros. El de una crisis pandémica es un ejemplo palmario. Es eficaz como mecanismo de contención y porque aúna a gobernantes y a implicados”, sostiene Francisco Rodríguez.
A través de estos PERTE, que deberán aprobarse en Consejo de Ministros, se liberarán más rápidamente los euros procedentes de Europa. Estos tendrán prioridad sobre otros proyectos por su pretendida capacidad de tracción para la economía española. Las entidades, públicas o privadas, interesadas en ellos deberán inscribirse en un registro estatal que habilitará el Ministerio de Hacienda. Requisito indispensable para optar a las subvenciones. El Ejecutivo adelantará hasta el 50% de la financiación para poner a andar los proyectos. Se aspira a que estas partidas europeas actúen como palanca y movilicen la inversión privada para que por cada euro que desembolse Bruselas las empresas contribuyan con entre tres y cuatro. “La cooperación entre la iniciativa privada y los Gobiernos es crucial para que los proyectos tengan éxito. El PERTE es una figura que puede resultar muy útil para seleccionar proyectos grandes (más de 40 millones de euros) que el Gobierno considere estratégicos y tractores para la economía, impulsando esa necesaria cooperación”, opina el director del Centro de Políticas Económicas de Esade.
Verde y digital
Los proyectos que aspiren a recibir la inversión europea deberán pivotar sobre alguno de los cuatro ejes fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española y alineados, a su vez, con el mandato y condicionalidad de la Comisión Europea: transformación digital, transición ecológica, igualdad y cohesión social y territorial. Plantea a Forbes el Catedrático de Economía de la Universidad de Granada que “los fondos son un arma de doble filo. En un momento en que tendrán que llegar restricciones fiscales muy importantes, pueden ser un punto de partida para un cambio transformador. Por otro lado, por encima de los fondos, hay que tener una agenda de reformas. Si no la hay, la aplicación de la financiación puede ser desligada y poco efectiva, y entonces será una gran oportunidad perdida”. A la Comisión Europea no le cabe duda, expone el director de la Representación de la CE en España, “que las transiciones ecológica y digital darán impulso al empleo y al crecimiento, y favorecerán al mismo tiempo la resiliencia de nuestras economías y la salud de nuestro medio ambiente”. Dependiendo del proyecto, detalla Toni Roldán, “hay inversiones que pueden generar mucho retorno y creación de empleo, desde la rehabilitación de edificios a las inversiones en infraestructuras educativas o a la puesta en marcha de programas de atracción de talento investigador”. Y apunta el economista sénior de Funcas que “si los fondos se emplean en actividades que reformen o transformen sectores, a medio plazo habrá cambios notables en la productividad y España podrá dar un salto en generación de empleo de calidad”.
En el escenario más favorable, no será hasta junio cuando se inyecte el dinero europeo, pero que ningún país se confíe. Bruselas no abrirá el grifo sin más. Habrá que cumplir un Reglamento y la Comisión, en principio, pasará revista dos veces al año para supervisar el progreso en la ejecución de las inversiones. Si algún país suspende esas evaluaciones, la Comisión podrá suspender o retirar las ayudas europeas porque son “una inversión común en nuestro futuro”. Así las define el director de la Representación de la CE en España, que concreta que “la inversión movilizada podría elevar los niveles del PIB real de la UE en, aproximadamente, un 1,75% en 2021 y 2022, llegando al 2,25 % en 2024. Respecto al empleo, estimamos que se crearán hasta dos millones de puestos de trabajo adicionales en la UE a medio plazo”. La dimensión de estos fondos es histórica. La responsabilidad para gestionarlos eficazmente, colosal.
Fuera sigue lloviendo. Dentro suena la Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
