El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desequilibrios económicos de Baleares. El encarecimiento del mercado residencial, unido al crecimiento demográfico y a la presión turística sobre el territorio, está elevando el esfuerzo que deben asumir los hogares para acceder a una vivienda. En Palma, comprar un inmueble de 75 metros cuadrados exige ya el equivalente a 7,2 años de renta media familiar, frente a los 4,8 años que se necesitaban en 2015.
El dato forma parte del informe Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España, elaborado por el think tank Fundación Avanza junto a la Fundación Friedrich Ebert. El estudio dedica un análisis específico a las Illes Balears y sitúa el área urbana de Palma entre los territorios donde más se ha deteriorado el acceso a la compra de vivienda de los analizados.
La publicación del documento coincide con un momento de creciente movilización social en torno al problema residencial. Este miércoles, 11 de noviembre, está convocada una huelga general de 24 horas para reclamar medidas frente a la crisis de vivienda y el encarecimiento del coste de la vida. La convocatoria también tiene repercusión en Baleares, donde diferentes organizaciones sindicales y colectivos sociales han trasladado sus reivindicaciones sobre el acceso a una vivienda digna. La coincidencia pone de manifiesto el peso que ha adquirido la cuestión residencial en el debate económico y social.
Los datos del mercado inmobiliario balear recogidos en el informe reflejan la dimensión del problema. Entre 2015 y el segundo trimestre de 2026, el precio de compraventa en el área metropolitana de Palma aumentó un 187%, el mayor incremento del panel analizado. El alquiler, por su parte, se encareció un 145% durante el mismo periodo. En 2023, el esfuerzo para arrendar una vivienda de 75 metros cuadrados representaba el 32% de la renta media del hogar en Palma y alcanzaba el 36% en la periferia.
La presión turística y demográfica sobre el mercado residencial
El informe relaciona esta evolución con la combinación de crecimiento poblacional, actividad turística y limitaciones territoriales. En 2025, las Illes Balears recibieron 15,7 millones de turistas extranjeros, frente a los diez millones registrados en el año 2000. Desde ese mismo año, la población residente ha aumentado un 42%.
Esta evolución sitúa la vivienda más allá del ámbito inmobiliario y la convierte en una variable que condiciona el funcionamiento de la economía balear. En un territorio donde el turismo y los servicios tienen un peso determinante, el coste residencial influye en la capacidad de las empresas para atraer trabajadores y mantener sus plantillas. La dificultad para encontrar alojamiento a precios compatibles con los salarios locales puede limitar la movilidad laboral y aumentar las dificultades de contratación, especialmente en actividades con una elevada demanda de personal.
El problema también afecta a la capacidad de los jóvenes para emanciparse y desarrollar sus proyectos profesionales en las islas. A escala nacional, el informe recoge que la tasa de emancipación de las personas de entre 18 y 34 años se situó en el 31,3% en 2025, 17 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2010. Además, en julio de 2026, el 43% de la población identificaba la vivienda como el principal problema de España.
Para los autores del estudio, la respuesta no puede limitarse a aumentar el número de inmuebles disponibles sin atender a su ubicación y destino. El documento advierte de que la expansión de viviendas dispersas en suelo rústico no constituye una solución estructural, ya que genera mayores costes de transporte, abastecimiento de agua, energía y saneamiento, sin garantizar que las nuevas construcciones se destinen a residencia habitual o alquiler asequible.
El IBAVI, en el centro de la propuesta para Baleares
Frente a este modelo, Fundación Avanza apuesta por un crecimiento urbano más compacto, vinculado al transporte público, los centros de empleo y los servicios esenciales. Entre sus propuestas figuran la movilización de suelo público, la reserva de porcentajes obligatorios de vivienda protegida en los nuevos desarrollos y el refuerzo de la promoción pública.
En este sentido, el informe destaca el papel del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), cuya experiencia considera una referencia para combinar calidad arquitectónica, sostenibilidad y función social. El reto, según el documento, pasa por ampliar su capacidad de actuación y pasar de promociones puntuales a proyectos de mayor escala.
Entre las oportunidades identificadas figura la cesión de terrenos del Consell de Mallorca al IBAVI para construir 300 viviendas de protección pública en Palma, así como el potencial de suelo público como el de Son Busquets. El estudio plantea explorar un programa que permita alcanzar entre 1.000 y 1.500 viviendas públicas anuales en el conjunto de las islas, apoyado en financiación estructural y operadores con capacidad suficiente.
La propuesta balear se enmarca en un planteamiento nacional más amplio. El informe defiende elevar el parque de vivienda social hasta el 10% del total residencial en un plazo de quince años. Para alcanzar ese objetivo, estima que sería necesario incorporar alrededor de 1,69 millones de viviendas sociales y asequibles adicionales a las existentes.
El documento recuerda que España ha promovido aproximadamente 6,5 millones de viviendas protegidas desde 1960, pero actualmente apenas conserva 318.000 de titularidad pública. Para revertir esta evolución, plantea que las viviendas construidas, adquiridas o rehabilitadas con financiación o suelo público mantengan permanentemente su función social y no terminen incorporándose al mercado libre.
20.300 millones de euros anuales para transformar la política de vivienda
La transformación que plantea el think tank requiere también un cambio en el modelo de financiación. El informe estima que España necesitaría movilizar alrededor de 20.300 millones de euros anuales durante quince años para alcanzar sus objetivos, una cantidad equivalente al 1,3% del PIB nacional.
No se trataría de gasto público en su totalidad. Entre 4.000 y 6.200 millones de euros anuales corresponderían a capital estrictamente público, mientras que el resto se articularía mediante deuda en condiciones favorables y capital privado sujeto a regulación.
Para sostener esta inversión, Fundación Avanza propone cinco instrumentos permanentes: un regulador independiente y un sistema de acreditación de proveedores de vivienda asequible, un fondo sectorial de garantías para facilitar el crédito, un mandato estable para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la financiación de vivienda social, un fondo rotatorio que permita reinvertir los recursos recuperados de promociones anteriores y acuerdos-programa a diez años entre el Estado, las comunidades autónomas y los proveedores acreditados.
El estudio incorpora también medidas para mejorar la estabilidad del mercado del alquiler, aumentar la transparencia de los precios y revisar la fiscalidad inmobiliaria. Entre ellas figura estudiar una reforma del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que diferencie el valor del suelo del de la edificación, acompañada de reducciones compensatorias en el IRPF sobre las rentas del trabajo, especialmente las medias y bajas.
La propuesta se completa con una mayor coordinación entre las administraciones para planificar el desarrollo residencial desde una perspectiva metropolitana, vinculando las nuevas viviendas con el transporte, el empleo y los servicios públicos.
Mikel Berra Sandín, fellow de Fundación Avanza, arquitecto y urbanista graduado en Planeamiento Urbano por el MIT, resume el planteamiento del estudio en la necesidad de orientar la nueva oferta hacia las necesidades residenciales: «Necesitamos construir más, pero es importante decidir qué construimos: tenemos que construir para vivir».
El diagnóstico deja una cuestión especialmente relevante para Baleares: cómo mantener el dinamismo económico y turístico de las islas sin que el acceso a la vivienda se convierta en un obstáculo para quienes trabajan, emprenden y desarrollan su vida en ellas.
