La calidad del aire es uno de los principales activos de una ciudad. Su valor se refleja en la salud de quienes la habitan y, a través de ella, en su vida cotidiana. Porque la dificultad para respirar puede convertir un paseo, una jornada de trabajo o las tareas domésticas en un esfuerzo. Un asma mal controlada puede interrumpir el sueño, dificultar la concentración y provocar ausencias escolares o laborales. En enfermedades como la EPOC, la falta de aire puede limitar progresivamente las actividades cotidianas. El impacto alcanza a la autonomía personal y a la organización de un hogar.
Por lo tanto, invertir en aire limpio es invertir en salud y productividad. Mejorar el aire tiene un retorno que se distribuye entre las personas, las empresas y el sistema sanitario. Pero proteger ese activo no solo exige comprender cómo influye en las personas y qué podemos conseguir al mejorarlo, también requiere mirar más allá del gasto sanitario. Porque una enfermedad respiratoria puede limitar la capacidad para trabajar, alterar el descanso o hacer que actividades habituales requieran ayuda.
Uno de los factores de riesgo sobre los que podemos actuar es la contaminación. La Organización Mundial de la Salud la identifica como uno de los grandes riesgos ambientales para la salud. Por lo que, reducir la exposición a la contaminación del aire es una medida de prevención en salud. Pero, ¿es tan sencillo actuar sobre este marcador? Lo cierto es que esa prevención merece una evaluación económica completa. El coste de reducir emisiones aparece en un presupuesto concreto; sus beneficios pueden manifestarse en una menor necesidad de atención, en capacidad de trabajo preservada o en una vida con menos limitaciones. Quien financia una actuación no siempre es quien recoge sus beneficios.
Por eso, la inversión debe compararse también con lo que ocurre si no actuamos. La enfermedad requiere tratamientos, tiempo y cuidados. Dejar esas consecuencias fuera del cálculo puede hacer que infravaloremos la prevención. La decisión exige conocer qué mejora cabe esperar, a quién beneficia y en qué plazo.
Escuchar para comprender mejor
Para orientar esa inversión, necesitamos conocer mejor a quién afecta la contaminación y cómo repercute en su salud. Medir el aire es imprescindible; escuchar a quienes lo respiran puede aportar una parte del conocimiento que falta.
Parte de la dificultad está en que observamos el problema por separado. Los sistemas ambientales miden la contaminación; los servicios sanitarios atienden las patologías; las personas viven los síntomas. Esa información no siempre se estudia de forma conjunta. La ciencia ciudadana puede contribuir a conectar esas perspectivas.
Cuando una persona comparte cómo respira, qué dificultades percibe y en qué entorno vive o trabaja, aporta información de primera mano. Estudiada junto con datos ambientales fiables, puede ayudar a comprender las necesidades de una población. En cada caso, puede señalar síntomas que merecen una valoración médica, incluso cuando la persona todavía no ha consultado por ellos.
En España, la Fundación Lovexair explora esta vía con CheckAir, una plataforma que recoge información ciudadana sobre salud respiratoria y la estudia junto con datos ambientales disponibles. En su análisis exploratorio, 285 participantes que declaraban no tener un diagnóstico respiratorio comunicaron dificultad para respirar. La fundación está trabajando en una segunda fase de estratificación del riesgo para investigar cómo orientar mejor la valoración médica.
La utilidad que se persigue es doble: ayudar a identificar personas que podrían tener una enfermedad respiratoria sin diagnosticar y comprender mejor cómo se relaciona la salud de la población con su entorno. Esa aportación necesita investigación y contraste clínico para convertirse en información útil para la atención.
De la experiencia a la decisión
El recorrido debe estar definido. Los médicos de familia pueden valorar los síntomas en el marco de la salud de cada persona y determinar si hacen falta pruebas o atención especializada. La investigación debe comprobar cómo incorporar la información ciudadana a ese proceso y qué cambia en los resultados. El estudio para avanzar en la validación de la herramienta cuenta con el respaldo del Comité Ético de la Fundación Jiménez Díaz. Evaluar ese recorrido permitirá conocer su utilidad y los recursos necesarios para hacerlo funcionar.
La participación requiere garantías: datos de calidad, protección de la información y atención a quienes encuentran dificultades para acceder a las herramientas digitales. Las experiencias recogidas voluntariamente tampoco representan por sí solas a toda la población. Su valor está en complementar otras fuentes y contribuir a una investigación mejor informada.
Contar con la ciudadanía amplía nuestra mirada sin trasladarle la responsabilidad de resolver la contaminación. Reducir las exposiciones y mejorar la atención son tareas colectivas. El aire limpio merece inversión por lo que protege; escuchar a quienes lo respiran puede ayudarnos a decidir mejor cómo protegerlo.
Rosa Siles es socióloga, experta en innovación y salud digital, y miembro del Foro de Empresas Innovadoras
