El Tribunal de Cuentas ha señalado que Tragsa, una empresa pública cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), asume actividades en ámbitos «que exceden el contenido de su objeto social».
Es una de las principales conclusiones del informe del Tribunal de la actividad de Tragsa como medio propio en los ejercicios de 2021 y 2022. Y es que, la finalidad de esta sociedad de capital 100% público fundada en 1977 es contribuir al desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza.
Sin embargo, dice el Tribunal de Cuentas, actualmente realiza encargos para más de un centenar de entidades públicas de todas España, que son quienes representan el 95% de las actividades que realiza Tragsa. En los ejercicios analizados recibió 1.370 y 1.671 encargos respectivamente por un importe total de más de 3.000 millones de euros.
ENCARGOS POR VALOR DE 3.000 MILLONES DE EUROS
Estos encargos representaron un sensible incremento respecto a ejercicios anteriores y para ejecutarlos contó con 10.200 trabajadores en 2022, según se desprende del informe. En el 80% de los encargos fiscalizados, la empresa actuó en el periodo de referencia en las áreas medio ambiente, edificación y arquitectura, agua e infraestructuras y en un 8% de los encargos analizados lo hizo en situaciones de emergencia varias.
Tras analizar la actividad de la empresa y a tenor de las cifras, el Tribunal de Cuentas concluye que Tragsa ha visto extendida a lo largo de los años su actividad a otros ámbitos que exceden el contenido de su objeto social. «Teniendo en cuenta el considerable número de medios propios con los que cuenta la Administración, no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de Tragsa», apunta el organismo fiscalizador.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda, entre otras cuestiones, que en los casos en que la sociedad estatal entienda que el cometido del encargo recibido no encaja en las actividades de su objeto social, traslade al poder adjudicador la conveniencia de que se valga de otros medios propios del sector público.
Sobre todo porque en el 34% de los expedientes existe ausencia de correlación entre el contenido de los encargos y la cualificación del personal asignado a la ejecución.
EL 58% DE LOS TRABAJADORES SON TEMPORALES
Este exceso de actividad en ámbitos que no le corresponde ha llevado a Tragsa a una necesidad de medios superior a la que se tuvo en cuenta cuando se creó como medio propio de la Administración General del Estado. Por este motivo, indica el informe, la compañía «se ha visto obligada a tener una elevada plantilla de personal temporal, que en 2022 representó el 58% del total».
De hecho, Tragsa ha tenido que contratar a terceros para poder ejecutar los encargos, donde el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la planificación y las necesidades de contratación, así como en su seguimiento y control.
Además, la entidad recuerda que aunque esta contratación se permite por ley, no tiene límite en los encargos por emergencia, que Tragsa ha utilizado en ocasiones «sin dejar constancia en los expedientes de las circunstancias que fundamentan la urgencia o emergencia».
Para mejorar la gestión de contratación, el Tribuna de Cuentas recomienda, en el caso de los encargos por razones de urgencia y de emergencia, que al recibir el encargo, Tragsa solicite a los poderes adjudicadores la exposición de las circunstancias que concurren para fundamentar esta situación de urgencia o emergencia y que deje constancia de ello en sus expedientes.
En total, el Tribunal de Cuentas formula 14 recomendaciones a la empresa, entre las que figura que mejore su sistema de control interno, con el fin de detectar riesgos y debilidades en la gestión y seguimiento de los expedientes.