El Partido Popular y Vox han confirmado este jueves que volverán a votar en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas entre 2024 y 2026 y han cargado contra un Gobierno «débil, descompuesto, cosido por las corruptelas y que no entiende la democracia».
«Votamos no a una política económica y presupuestaria que empobrece a los españoles y votamos sí a una alternativa de política económica mejor, que genere crecimiento y empleo», ha señalado el diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, durante su intervención en el debate sobre los objetivos en el Congreso de los Diputados.
El diputado del PP ha reprochado a la ministra de Hacienda que vuelva a presentar la misma senda de estabilidad y el mismo plan de reequilibrio que ya rechazaron las Cortes Generales, dada la mayoría que ostentan los ‘populares’ en el Senado.
Desde el PP consideran que se deben adoptar nuevos objetivos, distribuirlos mejor, negociarlos «y no saltarse la ley». Además, entre las peticiones del la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo también se incluye la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas o y un fondo de políticas sociales para las comunidades autónomas.
El diputado de Vox, Pablo Sáez, también ha confirmado en la tribuna del Congreso el voto en contra de su grupo porque considera que el Plan de Reequilibrio no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit y porque creen que debería incluir bajadas de impuestos.
«CIEN DÍAS DE GOBIERNO, CIEN DÍAS DE ESCÁNDALOS»
Según el PP, hay una alternativa mejor, de futuro, pero también de presente. «Ni siquiera ya el presente de nuestro país pasa por ustedes», ha trasladado el diputado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Y es que José Vicente Marí Bosó ha aprovechado sus primeras palabras en la tribuna del Congreso para cargar contra el ‘caso Koldo’ relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y al abandono del exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, del Grupo parlamentario Socialista para ubicarse en el grupo mixto. «Cien días de Gobierno, cien días de escándalos y cien días de descomposición», ha lamentado el diputado popular.
OBJETIVOS MÁS EXIGENTES SI PP TUMBA EL DÉFICIT TAMBIÉN EN EL SENADO
La Cámara Baja ya aprobó los objetivos y el plan de reequilibrio el pasado 10 de enero en una sesión celebrada en el Senado por estar el Congreso en obras.
Los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria, frente a los votos en contra de PP, Vox y UPN, permitieron al Gobierno superar el trámite. Eso sí, tuvo que ser en una segunda votación porque en la primera se equivocó un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, y Junts prefirió no participar.
Como hubo un empate a 171 votos en ese primer intento, hubo que repetir la votación, y eso dio tiempo a que Junts cerrara un acuerdo con el PSOE a cambio de su apoyo para, entre otras medidas, comprometer se transferir las políticas de inmigración a Cataluña. Ya en la segunda votación y tras arrancar compromisos se emitieron 179 votos a favor y 171 en contra.
Pero casi un mes después de aquella votación, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
De consumarse un segundo rechazo en el Senado –donde el PP ostenta mayoría absoluta– el Ministerio de Hacienda tiene un ‘plan B’, que es un informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril en el marco del Programa de Estabilidad. Fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que el informe se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución Española para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno.
Eso sí, los objetivos presentados a Bruselas son más exigentes que los propuestos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que las autonomías, en su mayoría gobernadas por el PP, tendrían menor capacidad de gasto.