La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este jueves que, según lo acordado con Junts para salvar el decreto anticrisis, el Ejecutivo dejará de condicionar su subvención del 30% al transporte público a que las comunidades autónomas aporten otro 20%.
«Lo que hemos acordado con Junts es que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado, que es el transporte del metro, del autobús, digamos, el transporte municipal», ha señalado Montero en declaraciones a la prensa a su llegada a un desayuno con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, organizado por Nueva Economía Fórum.
De este modo, ha precisado la vicepresidenta, con independencia de que las comunidades autónomas planteen o no esa bonificación al transporte, el Gobierno subvencionará el 30%.
«Pero yo estoy convencida de que las comunidades autónomas contribuirán voluntariamente a aportar un 20% para que el billete del autobús valga la mitad y, por tanto, sigamos combatiendo los efectos de la inflación fundamentalmente en la economía doméstica y en los trabajadores», ha añadido Montero.
La ministra de Hacienda ha destacado que la bonificación del transporte público es una medida «progresiva», pues permite, sobre todo, a aquellos que se desplazan en este medio, tener una mayor capacidad económica, al tiempo que impulsa el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado.
Montero ha aprovechado también para pedir que el transporte público avance «en calidad y puntualidad» para que la clase media «pueda tener garantía de que si coge el transporte público, llega a tiempo al trabajo».
REFUERZO DE LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
En cuanto a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, otro de los puntos del acuerdo con Junts, Montero ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación «es muy claro» y que el Gobierno de España «no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente».
Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es «reforzar la legalidad vigente» para que «no se produzcan ingenierías fiscales», de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.
«Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias. Pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo», ha concluido.