La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha lamentado que algunos ayuntamientos, constituidos por PP y Vox tras las elecciones del pasado mes de mayo, hayan frenado proyectos financiados con cargo a los fondos europeos.
Durante la inauguración institucional del evento de movilidad Global Mobility Call, la ministra ha calificado que suprimir zonas de bajas emisiones o dar marcha atrás a proyectos sostenibles es «injustificable» y que «perjudica gravemente a los ciudadanos».
En este sentido, ha añadido que la urgencia por acelerar el cambio en la manera en que las personas y mercancías se mueven es una conclusión «a la que se llega desde la razón y desde la ciencia, no desde la ideología».
No obstante, ha asegurado que su Gobierno «no está solo» en alcanzar esos objetivos, al ser la mitigación del cambio climático «un compromiso global y europeo», y ha citado la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo.
«Afrontar este inmenso desafío es, inevitablemente, una responsabilidad compartida. Necesitamos de las aportaciones de los expertos, necesitamos al tejido industrial y necesitamos a las empresas y, por supuesto, se requiere también del concurso de todos los poderes públicos, no solo del Gobierno del Estado», ha explicado.
En el caso de España, Sánchez ha insistido en que esta implicación del conjunto de las administraciones es «imprescindible» porque las competencias en movilidad se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos.
«Nunca fue tan necesaria una gobernanza horizontal basada en el diálogo y en la cooperación. Este no es el campo apropiado para la lucha, sino para la defensa del interés general. Es exigible al resto de administraciones receptoras de estos fondos europeos que contribuyan también a acelerar esa ejecución y que faciliten que ese dinero llegue a la economía real. No estamos en disposición y no nos podemos permitir dar pasos atrás», ha concluido.