Economía

El Parlamento de Andorra aprueba la moratoria a la inversión extranjera inmobiliaria

El Consell General (Parlamento) de Andorra ha aprobado este jueves el proyecto de ley que suspende de forma transitoria la inversión extranjera en inmuebles.

La propuesta ha conseguido el apoyo de 23 de los 28 parlamentarios (solo los 3 de Andorra Endavant han votado en contra), si bien durante la sesión se han puesto de manifiesto algunas diferencias y reproches entre mayoría y oposición.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha defendido que la Ley de inversión extranjera aprobada en 2008 contribuyó a «construir una Andorra más diversificada y sostenible».

De la misma forma, ha recordado que la modificación que se hizo del texto en 2012 supuso «un cambio de paradigma económico», contribuyendo a generar riqueza y mejorar muchos aspectos, ha dicho literalmente, en un contexto de crisis.

Sin embargo, ha admitido que uno de los efectos «no deseados» ha sido la especulación inmobiliaria que ahora está condicionando el mercado de la vivienda, ha dicho.

Por este motivo, quieren un cambio legislativo global y crear un tributo que grave la inversión extranjera en inmuebles.

Durante el impasse normativo hasta la creación del tributo y para evitar «el efecto llamada», el Gobierno andorrano ha optado por una moratoria que será, según las palabras de Marsol, temporal y muy acotada en el tiempo.

En la sesión de Consell General, los parlamentarios de Andorra Endavant y Liberals han mostrado su escepticismo ante la medida y han advertido de los peligros de meter toda la inversión extranjera en el mismo saco.

Por otro lado, Concòrdia y el grupo socialdemócrata han reclamado que la moratoria esté vigente no solo hasta la creación del tributo, sino hasta que se apruebe la modificación global de la Ley de inversión extranjera.

CRÍTICAS

La sesión de Consell General se ha producido sólo unas horas más tarde de la rueda de prensa del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) durante la cual han manifestado su «sorpresa y malestar» por la medida.

El presidente de AGIA, Gerad Casellas, ha asegurado que la medida tendrá «mucha afectación» en el sector y, más allá de la moratoria, se ha mostrado más preocupado por el posterior cambio de la ley.

Bajo su punto de vista, la situación genera «inseguridad jurídica» que puede desincentivar la inversión y, en consecuencia, considera que les puede hacer perder clientes.

Desde AGIA, también se ha puesto en duda que los inversores extranjeros tengan un ánimo especulativo y creen que «la política intervencionista» sobre el alquiler desincentiva a los posibles compradores.

Casellas, además, considera que el Gobierno andorrano se ha equivocado «interviniendo» el mercado inmobiliario con medidas que, en su opinión, no han tenido efecto, y ha abogado por el libre mercado para que los precios se autoregulen, según él.