Economía

Más de 50.000 pequeños comercios han tenido que cerrar en los últimos diez años, según UPTA

Más de 50.000 pequeños comercios han tenido que cerrar en los últimos diez años, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Esto se debe a que, en el año 2013, desarrollaban su actividad en el sector del comercio minorista más de 796.000 personas trabajadoras por cuenta propia, frente a los 746.006 autónomos que desarrollan esta actividad este agosto, con la consecuente pérdida de empleo en el pequeño comercio.

«En este contexto de destrucción del comercio minorista, hemos observado que, las comunidades autónomas con provincias en situación de riesgo extremo de despoblación son las que están viviendo un auténtico viacrucis con el pequeño comercio», han apuntado desde UPTA.

De esta manera, en agosto del 2013, las comunidades autónomas con mayor concentración poblacional tenían un número muy similar de pequeños comercios a las cifras de agosto de este año.

Así, la Comunidad de Madrid contaba con 82.100 pequeños comercios en 2013, frente a 81.700 en 2023; Andalucía, tenía 142.200 en agosto de 2013, incrementándose en tan sólo 1.300 comercios en algo más de una década y Cataluña contaba en el año 2013 con 127.000 comercios frente a los 117.500 de 2023.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado que «las comunidades autónomas no han hecho sus deberes con el pequeño comercio», ya que, por un lado, han permitido un «auténtico mercado persa» en los horarios comerciales, los periodos de rebajas o grandes descuentos y, por otro, simplemente han permanecido «impasibles» ante la centralización de la comercialización de productos de consumo en grandes cadenas de distribución.

«Ninguna ha hecho lo necesario para frenar el cierre continuado del comercio de barrio o de poblaciones rurales que cada día languidece más y que está condenado a la desaparición», ha añadido.

Por ello, desde UPTA, han exigido un «cambio radical» en las políticas de promoción empresarial y de los pequeños negocios y han acusado a los representantes empresariales o entes camerales de no ser «conscientes» de lo que sucede en los barrios y pueblos de España.