Amaszonas, la principal aerolínea de Bolivia, ha vuelto a suspender este miércoles, por segundo día consecutivo, todos sus vuelos como consecuencia de la decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de cancelar las matrículas de cuatro aeronaves cuyo alquiler no ha sido pagado al proveedor, sumando una deuda con éste de más de 17 millones de dólares (15,4 millones de euros).
En un comunicado emitido en la mañana de este miércoles, la aerolínea ha expresado que se ha visto «forzada» a cancelar sus vuelos ante la imposibilidad de dar el servicio de transporte, dejando en tierra a miles de pasajeros que tenían previsto viajar este miércoles.
Aunque la justicia boliviana ha actuado a favor de Amaszonas, y ha levantado la suspensión de la matriculación de las aeronaves, la DGAC (que depende del Gobierno del país) no ha acatado el fallo judicial y ha decidido mantener su posición hasta que no se presente un contrato vigente de arrendamiento de aviones.
Para el director ejecutivo de Amaszonas, Dardo García, la decisión de la DGAC de desestimar el fallo es «un delito penado». El responsable de la compañía se ha dirigido directamente al Gobierno para responsabilizarles de los prejuicios a los pasajeros. «Van a tener que pagar esos daños», ha apuntado.
EL GOBIERNO PIDE A AMASZONAS QUE ACTÚE, PERO SE ALEJA DEL PROBLEMA
Mientras Amaszonas se defiende en su conflicto con el proveedor GY Aviation Lease 1816 Co, el Gobierno ha pedido directamente a la compañía que, si tiene voluntad para solucionar este problema, comience a alquilar otras aeronaves con las que dar servicio.
«Se trata de un problema interno de Amaszonas que tiene que resolver junto a la otra empresa. En ningún momento, la aerolínea ha sido desprovista de su certificado aéreo», ha sostenido el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Edgar Montaño.
En la misma línea se ha pronunciado el viceministro de Transportes, Wilfredo Gutiérrez, quien ha recordado que los permisos están vigentes hasta diciembre de 2024 y, por este motivo, la empresa debe poner a disposición su capacidad económica para conseguir otras aeronaves.
Mientras, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha movilizado a su personal para garantizar los derechos de los usuarios afectados y ha recordado que la disposición de la DGAC «no es un impedimento» para seguir operando.