Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y la asociación mayoritaria del sector español de la avicultura de carne, Avianza, que
representa a más del 90% de las compañías vinculadas al sector en España, han constituido de forma oficial el Comité Ejecutivo de Integración que tiene como principal objetivo la revisión y actualización de las bases del contrato tipo de integración, según informa en un comunicado.
En concreto, este contrato establece las principales garantías y el marco de actuación para la regulación de la actividad entre las empresas productoras (integradoras) y sus integrados (granjas avícolas).
De esta forma, este comité se postula para ser un instrumento operativo para el «debate constructivo y la negociación proactiva» de la relación entre las empresas integradoras y los granjeros dedicados a la producción de carne avícola en España.
Tanto las organizaciones como la patronal consideran que «más que nunca» es imprescindible actuar de forma conjunta y coordinada para responder a los retos del sector avícola, tanto desde una posición firme de defensa de los derechos de todos los integrantes de la cadena de valor de éste, como de respeto hacia la aportación de cada uno de los pilares imprescindibles del mismo.
«Queremos actuar como una voz común, firme y conciliadora a la vez, para avanzar en el fortalecimiento de un sector clave para la economía española, con especial incidencia en zonas de la España vaciada, y generadora de más de 2.500 millones de euros de facturación para el PIB nacional, así como más de 40.000 puestos de trabajo directos e
indirectos», han recordado.
El sector avícola ha advertido de que desde 2020 se ha visto sometido a un contexto «permanente de presión y asfixia» que han lastrado su capacidad de producción y de equilibrio de rentabilidad, y por consiguiente su viabilidad económica.
«Hemos demandado de forma expresa a la distribución la adaptación de los contratos de comercialización con la cadena de producción para evitar el colapso del sector en su conjunto, adaptándolos a los costes de producción en constante escalada. Una demanda que no ha tenido la respuesta rápida y acorde a la realidad que pedíamos, generándose situaciones dramáticas en granjas y empresas integradoras, algunas de las cuales no pudieron resistir la situación provocada y se vieron abocados a su cierre», han señalado.
Sin embargo, han subrayado que el «diálogo constructivo» entre las principales organizaciones agroganaderas y las compañías de integración, con la intermediación de Avianza, ha permitido progresivos acuerdos de actualización de los costes, que «si bien seguían sin ser correspondidos con la distribución, permitían actuar de forma solidaria, una vez más, al sector de producción de carne avícola».
De cara al futuro, el sector ha alertado de que hay reglamentos actuales y medidas en proceso de estudio en el marco de la Unión Europea que apuntan a un «nuevo ataque a la viabilidad» del sector. «Ante estas amenazas, la importación de carne de países ajenos a la Unión Europea sería una realidad. Se importaría carne con unos estándares de calidad, sanidad, seguridad alimentaria y bienestar animal mucho más bajos, ya que tendrían un precio mucho más competitivo», han indicado.
«Creemos imprescindible ser escuchados para evitar errores del pasado que abocaron a la desaparición de sectores completos de producción españoles, en detrimento de otros mercados que finalmente no supusieron ni cumplir los supuestos objetivos marcados ni el correspondiente beneficio en calidad (e incluso precio) para los consumidores. Exigimos por tanto a la Administración nacional española que actúe como defensor del sector de carne avícola español ante dichas administraciones», han reclamado.