UGT considera «imprescindible» alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva para distribuir las rentas, repartir los costes de la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, según concluye el informe «El año de la inflación», elaborado por el Servicio de Estudios Confederal (SEC) de UGT y publicado este lunes.
UGT señala que la inflación comenzó como una consecuencia de los elevados precios de la energía y se convirtió en un «problema estructural» para la economía española.
El sindicato responsabiliza de estos a las empresas, que «no han tardado en transmitir el incremento de sus costes energéticos al precio de venta de sus productos para mantener, e incluso aumentar, sus márgenes de beneficio», al tiempo que los salarios siguen «estancados».
UGT admite que el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas para contener los precios, aunque considera que «han dejado mucho que desear y, en general, han resultado poco eficientes para el objetivo planteado».
El sindicato plantea en este informe otras medidas como los topes de precios, la modificación de la regulación de algunos mercados y elevar el control sobre los márgenes establecidos por las empresas. También aboga por adoptar iniciativas que permitan garantizar el poder de compra de las personas trabajadoras, de forma que se produzca un reparto justo de los costes de la inflación.
En el caso del control de los precios, UGT califica de «esperanzadora» la propuesta en materia energética del Gobierno que contempla una revisión integral del sistema de fijación de precios con criterios de eficiencia en el suministro y justicia retributiva a cada tecnología.
Sin embargo, en lo referente al sector alimentario, el sindicato mantiene que «aún está casi todo por hacer». UGT cuestiona la rebaja temporal del IVA en algunos productos ya que su impacto ha sido «muy moderado».
Por esta razón, el sindicato ve «fundamental» establecer precios o márgenes de comercialización máximos de referencia que impidan a las grandes empresas fijar precios abusivos y que tienen su encaje legal en el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de la Cadena Alimentaria.
También defiende la reforma de la estructura institucional de los órganos independientes de regulación y de competencia, separando de nuevo en organismos diferentes la defensa de la competencia y la regulación de los distintos mercados estratégicos, así como elevar la profesionalización y especialización de esos nuevos órganos.
Además, UGT considera fundamentales medidas que palien el impacto de la inflación sobre los hogares, y especialmente sobre aquellos más vulnerables. Sobre este aspecto, el sindicato propone implementar ayudas finalistas para consumos de primera necesidad, de importe variable en función del nivel de renta (cheques básicos), «más eficientes y justos que las subvenciones generalistas».
Asimismo, insiste en la necesidad de subir los salarios, como ya se ha hecho con el incremento del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023.