La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha pedido al Congreso que proteja de manera «más eficaz» a las personas mayores como consumidoras en situación de especial vulnerabilidad y ante un mayor riesgo de exclusión ante las entidades financieras, según consta en un documento de propuestas de modificación al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, texto actualmente en trámite parlamentario.
En este documento, la PMP plantea cambios de determinados aspectos de la norma dirigidos a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad mayores, mediante la concreción de medidas esenciales en las que ha de materializarse el principio de prestación personalizada. Igualmente, se proponen mejoras dirigidas a velar por el principio de proporcionalidad y equilibrio entre clientes y entidades financieras.
Para la PMP, «es necesario poner a disposición de las personas consumidoras vulnerables medios de apoyo y asistencia individualizada para el acceso efectivo a la información vinculada a sus finanzas personales, con especial consideración a la edad o la discapacidad como elementos de riesgo de exclusión financiera».
Asimismo, la plataforma ha valorado positivamente que el actual proyecto de ley haya recogido parte de las alegaciones planteadas por el colectivo de mayores en el proceso de audiencia pública e incorporado parte de las demandas para mejorar el trato en los servicios financieros, proporcionando una mayor protección.
En su opinión, es «fundamental» el compromiso para el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas mayores con discapacidad, entre otras.
Cabe destacar que actualmente hay 4,5 millones de personas mayores con más de 75 años que tienen dificultades para acceder a las competencias digitales, por lo que, para la PMP, «debe haber un periodo de transición importante para que estas personas no se queden fuera del sistema financiero».
Finalmente, la PMP también ha enviado propuestas dirigidas a que la ley garantice el acceso de los servicios financieros a las personas, en gran número mayores, que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y que carecen de dichos servicios.