La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido el impuesto a empresas energéticas como una medida «temporal, limitada y adecuada», después de que Iberdrola haya tachado este tributo de «arbitrario y discriminatorio».
En un evento organizado por Nueva Economía Forum, la vicepresidenta ha explicado que en un contexto de «incremento desproporcionado» de los precios de la electricidad, es necesario adoptar respuestas «equilibradas» en las que se impliquen aquellos que, como la empresa energética, estén registrando mayores beneficios.
Sobre todo, cree Ribera necesario este «esfuerzo colectivo» teniendo en cuenta el impacto que este aumento de la factura eléctrica ha tenido en el conjunto de la economía. Por ello, la ministra considera necesario apostar por medidas ya no solo en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino también mediante tributos u otros instrumentos regulatorios.
Tras anotarse unos resultados de 4.339 millones de euros en 2022, Iberdrola informó de que tendrá que pagar unos 200 millones de euros por el nuevo impuesto aprobado el año pasado. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán hizo hincapié en que ya ha recurrido el gravamen ante los tribunales y subrayó que «espera ganar» la batalla legal.