La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la asignación «a dedo» de subvenciones a CEOE y Cepyme consignadas en el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, para la digitalización del sector productivo.
Este decreto, promovido por el Ministerio de Educación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla subvenciones por un máximo de 15,3 millones de euros a CEOE, de 5,1 millones a Cepyme y de 10,2 millones a UGT.
Este recurso se suma al que ya presentó la organización ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo por su negativa a acreditar la representatividad de Conpymes «en igualdad de condiciones» que el resto de organizaciones empresariales estatales.
Conpymes ha explicado en un comunicado que no cuestiona los mecanismos de colaboración público-privada con los agentes sociales en la ejecución de las políticas públicas, pero pide que esto se lleve a cabo con mecanismos «transparentes» que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todas las organizaciones, máxime cuando Trabajo «ha reconocido la inexistencia de un sistema de acreditación de la representatividad empresarial».
«Cosa distinta es la que sucede con las organizaciones sindicales, que sí que gozan de mecanismos transparentes y regulados de reconocimiento de su representatividad», apuntan desde Conpymes.
La organización considera que la asignación directa y nominativa de recursos públicos a CEOE y Cepyme y no a otras organizaciones representativas del empresariado español «supone una cacicada contraria a la Ley de Subvenciones, al excluir además de forma injustificada a millares de pymes de las citadas ayudas».
Así, Conpymes defiende que sólo podrían concederse estas ayudas a CEOE y Cepyme si se hubieran desarrollado mecanismos que garanticen su acceso a todas las organizaciones que puedan acreditar su representatividad.
«Un Gobierno no puede actuar de una forma un día, reconociendo que no existe sistema para medir y determinar el grado de representatividad empresarial, y luego de otra, reconociendo una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que a la postre gozan de una menor implantación. Y ello, además, cuando estamos ante la asignación de importantes cantidades de dinero que deberían llegar en igualdad de condiciones a todas las empresas españolas», critica Conpymes.
En su recurso al Supremo, Conpymes argumenta que el decreto por el que se asignaron las mencionadas subvenciones a CEOE y Cepyme es «contrario al interés público, a la Constitución y a la Leyes y derechos e intereses de las micro, pequeñas y medianas empresas españolas».
Conpymes es una patronal de pequeñas y medianas empresas que nació en mayo de 2021 con la Plataforma Pymes como punto de referencia. A su presentación oficial hace casi tres años asistió la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
De Conpymes forman parte varias organizaciones empresariales, entre ellas la asociación de autónomos Uatae, la organización agraria COAG, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, Anpier y las patronales del sector del transporte Fenadismer y Anetra.
Desde su fundación, Conpymes ha dado la batalla para formar parte de las mesas de diálogo social con el Gobierno y se ha mostrado muy crítica con «el monopolio de la representatividad» de CEOE y Cepyme en el ámbito empresarial, a las que ha acusado se defender «exclusivamente» a oligopolios, monopolios y grandes empresas.