El portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, ha indicado este miércoles que el Ejecutivo autonómico ha solicitado información a Aena sobre la privatización de la torre de control del aeropuerto de Palma.
Preguntado por este asunto durante un acto público, el que también es conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo se ha limitado a señalar que las valoraciones se harán «desde las Consellerias competentes».
El Gobierno estatal se prepara para llevar a cabo la liberalización de las torres de control en siete aeropuertos españoles: Palma, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao y Santiago. Se trataría de la mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicará próximamente una orden ministerial que será sometida a audiencia pública con el objetivo de liberalizar el servicio de control aéreo en las torres en varios aeropuertos españoles. El objetivo de dicho proceso es recabar alegaciones y comentarios al texto, informaron a Europa Press en fuentes de este departamento.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya anticipó durante la última edición de la feria turística Fitur que el Gobierno iba a analizar la ampliación de la privatización de las torres de control en España.
El objetivo de esta decisión es mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, «con niveles máximos de calidad y seguridad, de forma que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad».
La externalización afectaría a los aeródromos con más afluencia de tráfico de España, solo superados por Barajas en Madrid y El Prat en Barcelona. Entre los siete centros de vuelo suman un tercio de todo el tráfico aéreo en territorio nacional. Se trataría de la mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector.
La propuesta responde a la solicitud de Aena del pasado 31 de enero, en la que el gestor aeroportuario propuso al Ministerio continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados en una serie de aeropuertos, según han confirmado fuentes del Ministerio.
La experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido «significativamente positiva» en términos de calidad y eficiencia económica, por lo que la valoración del Ministerio ha sido favorable a la solicitud de Aena.
REDUCCIÓN DE COSTES PARA LAS AEROLÍNEAS
De esta manera, la futura orden ministerial permitirá que Aena pueda optar entre diversos proveedores, «siempre con los máximos niveles de seguridad pero con tarifas más reducidas», lo que contribuiria, según el Ministerio, a una reducción de los costes operativos del transporte aéreo.
Desde el Ministerio se asegura que esta decisión supone profundizar en una reforma estructural con dos objetivos: «mejorar la calidad del servicio de control de torre y su eficiencia económica».
Según explica el Ministerio de Transportes, la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio.
Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.
Con esta segunda fase de la liberalización, el Ejecutivo trata de dar este servicio de la forma más eficiente, según fuentes del sector. En 2018, un informe de la CNMC recomendaba al Gobierno que ampliara la liberalización a un mayor número de torres.
Según las conclusiones del informe de la máxima autoridad de Competencia en España elaborado hace cinco años, «la puesta en marcha de la liberalización en las 12 torres ha generado aumentos de eficiencia en la prestación de los servicios».
En aquel momento la CNMC recomendaba que abriera esta actividad a la competencia, «para así poder obtener eficiencias adicionales en este mercado, así como en mercados conexos, de modo que se generen ahorros, mejoras de calidad y aumentos de bienestar al consumidor».