La firma de inversión A&G ha advertido de que el nuevo impuesto temporal a grandes fortunas está «frenando» la llegada de altos patrimonios no residentes y está provocando que empresarios y ‘nómadas’ digitales prefieran establecerse en otros lugares que no requieran este coste fiscal.
De hecho, el director de Asesoramiento Patrimonial de A&G, Francisco González, ha reconocido este miércoles durante un desayuno informativo que desde la firma ya conocen «casos notorios» de que esto está sucediendo. «Es un efecto perverso de esta nueva norma porque no consigue generar riqueza», ha alertado González.
A&G cree que el país más beneficiado tras esta decisión del Ejecutivo español de imponer un gravamen temporal a grandes fortunas es Portugal. «Estamos logrando que un alto patrimonio nórdico se vaya a vivir a Portugal antes que a España precisamente por ese coste fiscal», ha advertido Francisco González.
El impuesto a las grandes fortunas pretende gravar a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.
RECOMIENDAN «PAGAR Y RECURRIR»
Desde la firma de inversión ven «inconstitucional» el nuevo impuesto temporal y han recomendado a los contribuyentes que no están de acuerdo con el tributo «pagarlo y después recurrirlo». «No somos partidarios de que no se pague», ha señalado el director de Asesoramiento Patrimonial de A&G. Sugiere, así, mantener vivo el recurso y esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.
En este punto, cabe recordar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso interpuso la semana pasada ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, en el que solicita su suspensión cautelar. Según denunció la comunidad, el tributo estatal ya en vigor «invade las competencias fiscales y financieras» de las comunidades autónomas recogidas en la Constitución.
«TIENE UN CLARO COMPONENTE IDEOLÓGICO»
Para A&G, este nuevo impuesto lo que hace es solapar el impuesto sobre el patrimonio y ha advertido de que supone una «invasión» de competencias de las comunidades autónomas, de ahí la idea de que sea un impuesto «inconstitucional y confiscatorio».
Además, desde la firma de inversión han señalado que no existe un impuesto igual en la Unión Europea y consideran que tiene «un claro componente ideológico», según ha denunciado el director de Asesoramiento Patrimonial de A&G.