La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que la política de vivienda es «prioritaria» para el Gobierno», en respuesta al incrementos de los tipos de interés y su repercusión en los préstamos hipotecarios.
Montero ha enumerado las iniciativas del Gobierno en este ámbito, como la Ley de Vivienda, un Plan de Vivienda y el bono de alquiler joven, y ha abogado por esperar a evaluar estas medidas, antes de adoptar otras nuevas como la congelación de las hipotecas que piden desde Podemos.
Montero ha señalado que el Gobierno ha sido «muy coherente» en materia de vivienda, según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, donde ha presidido la firma de un convenio para el desarrollo de la parcela de Navalips entre Zona Franca, Ayuntamiento y Sepides.
La ministra ha sostenido, ante el incremento de los tipos de interés y su repercusión sobre las hipotecas variables, que la vivienda es uno de los elementos que este Gobierno «más ha trabajado», como así lo pone de manifiesto la Ley de Vivienda, de la que ha indicado que «es la primera de la democracia» y persigue que haya más viviendas sociales en régimen de venta y alquiler para jóvenes y personas vulnerables.
Además, ha subrayado que contempla «importantes» incentivos fiscales para quienes alquilen las viviendas a personas jóvenes o vulnerables y puedan obtener un rendimiento vía incentivos fiscales.
Montero ha aludido también al Plan de Vivienda y al bono de alquiler joven, con una dotación de 200 millones en los Presupuestos del Estado de 2022 y de otros 200 millones en las cuentas actuales, punto en el que ha recriminado al Gobierno andaluz que todavía no haya ejecutado la partida de 2022.
Asimismo, ha esgrimido otras iniciativas en vivienda, como la firma de convenios con ayuntamientos, así como la compra de terrenos al Ministerio de Defensa para la promoción de viviendas en distintas partes de España.
IMPUESTOS A BANCA Y ENERGÉTICAS
La titular de Hacienda ha sumado a este paquete de acciones la decisión de crear un impuesto temporal para las entidades energéticas y financieras con el objetivo de gravar sus beneficios extraordinarios.
«Con motivo de la crisis, desde el primer día éramos conscientes de que las entidades financieras y energéticas debían aportar un mayor esfuerzo, contribución, para que pudiéramos financiar medidas y ayudas dirigidas a la mayoría social», ha señalado.
A esto ha sumado también, ha recordado Montero, el Código de Buenas Prácticas suscrito con las entidades financieras para que un millón de personas puedan beneficiarse de un «aplanamiento» de las cuotas hipotecarias de los préstamos variables y periodos de carencia.