UGT ha presentado este martes un balance de situación de la reforma laboral, tras un año de su entrada en vigor, y hace «una valoración positiva global», aunque observa que muchas empresas están retrasando la aplicación de los convenios sectoriales y manteniendo los convenios de empresa, con peores condiciones.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado de que las empresas están haciendo «una interpretación muy laxa» de la adaptación del convenio de empresa al sectorial que establece la reforma laboral y ha advertido de que denunciarán esta situación ante la Justicia y la Inspección de Trabajo.
«En el momento en el que se aprobó la reforma, las empresas sujetas a ese cambio de aplicación de convenio empezaron a situar si eso había que hacerlo en el momento en el que decayera el convenio vigente en la empresa o de manera inmediata. Nosotros hemos hecho una interpretación que se ajusta al decreto, que es hacerlo de manera inmediata, en todo caso había tres meses para aplicarlo», ha detallado el líder sindical en una rueda de prensa.
Por su parte, el secretario confederal de UGT, Fernando Luján, ha valorado la recuperación de la negociación colectiva y la recuperación de la ultraactividad del convenio, además del reconocimiento del convenio sectorial «como garante de las condiciones mínimas que se iban a aplicar a las empresas».
Ante los retrasos en la adaptación de algunos puntos de la reforma, en concreto de la aplicación de los convenios sectoriales, UGT ha firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad Carlos III para poner en marcha un observatorio para el seguimiento y evaluación de la reforma laboral.
«Creo que es bueno que después de haber situado el éxito indudable de la reforma laboral, seamos capaces de dar respuesta a algunos elementos nuevos que van a ir apareciendo en el mercado de trabajo», ha comentado Álvarez tras el anuncio.
COSTE DEL DESPIDO
EL secretario general de UGT ha reconocido que una de las principales preocupaciones del sindicato tras la aprobación de la reforma laboral era la posibilidad de que aumentaran los despidos individuales.
Por ese motivo, UGT presentó en marzo de 2022 una demanda ante el Comité de Derechos Sociales para modificar el coste del despido y dificultar a las empresas los despidos individuales de trabajadores que lleven poco tiempo trabajando o tengan circunstancias especiales.
El sindicato mantiene que el coste del despido en España es «muy bajo» y con esa demanda pretende «cambiar las reglas del juego» y conseguir «un cambio de legislación en España».
Álvarez ha lamentado que no haya abierta una mesa de negociación al respecto, a pesar de que CCOO presentó después una demanda similar y de que el Ministerio de Trabajo se haya mostrado proclive a abordar esta cuestión.
«Si tuviéramos acordado con el Gobierno, o por lo menos avanzado cómo se podría trasladar a la legislación española, todo ese tiempo que ganaríamos. Conviene mucho que las expresiones públicas de los miembros del Gobierno se correspondan con el trabajo efectivo», ha expuesto.
El secretario general de UGT ha pedido al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para poder modificar la legislación relativa al despido antes de que haya una sentencia al respecto.