El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera «lamentable» que el Gobierno siga sin fijar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023, a una semana de finalizar enero.
Álvarez ha comentado este martes, en una rueda de prensa, que ya se han cumplido los pasos que estable el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores con la consulta a los agentes sociales, por lo que el Ejecutivo «debe proceder a la subida del SMI de manera inmediata».
El líder sindical ha recordado que todas las partes implicadas ya han presentado su propuesta en la mesa de negociación. UGT pide una renta mínima de 1.100 euros, mientras que CCOO aboga por una horquilla de entre 1.082 euros y 1.100 euros. Por su parte, la patronal defiende un alza del 4%, hasta los 1.040 euros.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se decanta por la banda alta de la propuesta de la Comisión de Experto, que plantea una subida de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros.
«El Gobierno tiene que ser consciente de que necesitamos una salida inmediata, que la necesitan las personas que cobran el SMI. No la necesita alguien que tiene mucho dinero y no tiene problemas para hacer frente a las subidas de los precios en nuestro país, la necesitan las personas que no tienen recursos», ha reclamado. Álvarez ha exigido al Ejecutivo que «deje de deshojar la margarita y se ponga manos a la obra para subir el SMI».
El Gobierno prorrogó a finales de 2022 el pago del SMI en 1.000 euros hasta que se concrete la nueva cuantía. Además, la ministra de Trabajo garantizó que el SMI de 2023 se abonará con efecto retroactivo cuando se apruebe.
«UNA PROVOCACIÓN» DE CALVIÑO
Álvarez también ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que este lunes pidió a los agentes sociales un acuerdo que «oriente» al Gobierno en la toma de decisiones sobre el SMI.
El secretario general de UGT califica las palabras de Calviño como «una provocación», ya que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores recoge que el papel de los agentes sociales es consultivo.
«Me parece que los miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta primera, tienen que cumplir la legislación, y la legislación española no insta al acuerdo, insta a la consulta, que ni siquiera tiene que ser presencial. Me parece sorprendente, por no decir otra cosa más dura, que Calviño diga que tiene que haber acuerdo», ha manifestado el líder sindical.
Álvarez ha pedido al Gobierno que no traslade a los agentes sociales sus problemas para ponerse de acuerdo sobre el SMI y ha lamentado la «insensibilidad manifiesta» de la vicepresidenta primera, a quien también le ha reclamado la «misma energía» para criticar los salarios del sector financiero.
Además, ha insistido en que tanto Calviño como el resto del Ejecutivo conocen la posición de UGT sobre el SMI y sus líneas rojas, que impiden llegar a un acuerdo con la CEOE, que propone una subida del 4%.
«Puede esperar tres meses o toda su vida, no va haber acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Los acuerdos de UGT los decide UGT», ha advertido a la vicepresidenta primera.
El secretario general de UGT también se ha opuesto a los intentos de algunos sectores del Gobierno de vincular el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con el SMI, y ha precisado que son cuestiones diferentes en las que los agentes sociales tienen papeles definidos.
En la mesa del SMI, las decisiones las toma el Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, mientras que las negociaciones del AENC son bilaterales entre los empresarios y los sindicatos, sin presencia del Ejecutivo.
«En la mesa del AENC, la UGT se sienta si quiere, si no quiere, no se sienta y no nos vamos a sentar en la mesa del AENC para hablar del SMI, que no pierdan el tiempo porque no lo vamos a hacer. No vamos a trasladar a una mesa que lleva un año largo de fracaso tras fracaso para subir salarios de los trabajadores (AENC) una cuestión que la ley dice que tiene que subir el Gobierno», ha subrayado Álvarez.
TRABAJOS CON CCOO PARA UNA NUEVA PROPUESTA DEL AENC
El secretario general de UGT ha informado en la rueda de prensa de este martes que el gabinete técnico del sindicato está en contacto con sus pares de CCOO para analizar la propuesta de su secretario general, Unai Sordo, de introducir una nueva variable en la cláusula de revisión salario que ligue las subidas salariales a la evolución económica de las empresas, además de al IPC.
«Hemos tenido la oportunidad de trabajar con CCOO en relación a la cláusula de revisión y la posibilidad de hacerle a la patronal una nueva propuesta. Espero que la podamos tener cerrada (…) para introducir temas como los beneficios de las empresas o el aumento de la productividad a la hora de aplicar la cláusula de revisión salarial», ha detallado Álvarez.
Este nuevo indicador se extraería del Sistema para la Mejora de la Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienn), que incluya los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social, el servicio estadístico del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos y miembros del Consejo Superior de Estadística. De esta forma, se podrían cruzar datos sobre salarios y beneficios de las empresas.
Hace unos días, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró abierto a estudiar esta propuesta, que «abre un espacio interesante» y va «en la onda» de las líneas de la patronal.
Los agentes sociales mantuvieron una reunión informal el jueves pasado para tratar de retomar las negociaciones del AENC. El encuentro fue «discreto» y «sin nada sobre la mesa», con la intención de acercar posiciones, como explicaron fuentes de la negociación a Europa Press.
Los sindicatos y la patronal dieron por cerradas las negociaciones para el AENC el pasado 5 de mayo, ante la «diferencia insalvable» con la cláusula de revisión salarial que pedían los representantes de los trabajadores y a la que se opusieron los empresarios.
CCOO y UGT exigían a los empresarios una subida salarial del 3,5% para 2022, con cláusulas de revisión salarial ante una inflación más elevada, de manera que los trabajadores mantuvieran su poder adquisitivo.
La CEOE planteaba en aquella mesa una subida salarial del 8% repartida entre 2022 y 2024, y excluía la cláusula de revisión salarial. El planteamiento de la patronal recogía una actualización del 3,5% para 2022, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024.