España tendrá más habitantes dentro de 25 años, pero también será una sociedad considerablemente más envejecida. Esa es una de las principales conclusiones de las proyecciones demográficas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), expuestas por su presidenta, Inés Olóndriz, durante el Forbes Economic Summit.
Según las estimaciones de la institución, la población española pasará de 49 millones de habitantes en 2025 a casi 53 millones en 2050. El principal motor de ese crecimiento será el saldo migratorio, que permitirá compensar parcialmente una combinación cada vez más difícil para la estructura demográfica del país: una mayor longevidad y una fecundidad persistentemente baja.
La inmigración contribuirá a aumentar la población y también retrasará en cierta medida el proceso de envejecimiento, pero no conseguirá revertirlo. La AIReF proyecta que la esperanza de vida al nacer alcanzará los 87 años en 2050, mientras que España mantiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, con 1,1 hijos por mujer en la actualidad. La previsión es que se sitúe cerca de 1 hijo por mujer en 2050, muy lejos de los 2,1 hijos considerados necesarios para la reposición generacional.
El cambio más relevante, por tanto, no estará únicamente en cuántas personas vivirán en España, sino en qué edades tendrán. La tasa de dependencia de los mayores de 74 años respecto a la población de entre 15 y 74 años pasará, según las proyecciones de la AIReF, del 13% actual al 25% en 2050, prácticamente duplicándose.
En conjunto, la tasa de dependencia de los mayores sobre la población en edad de trabajar pasará de alrededor del 30% al 40%. El movimiento será, además, desigual entre grupos de edad: mientras aumenta con fuerza el peso de las edades más avanzadas, disminuye el de los menores de 15 años.
El crecimiento ya no podrá descansar tanto en el empleo
Esta transformación demográfica tendrá consecuencias directas sobre la capacidad de crecimiento de la economía española. La población de entre 15 y 74 años todavía seguirá aumentando durante los próximos años, hasta alcanzar un máximo de alrededor de 40 millones de personas a mediados de la próxima década. Después comenzará a disminuir.
La cuestión es especialmente relevante porque una parte importante del crecimiento económico español de los últimos años se ha apoyado en el aumento de la población y del factor trabajo. Ese impulso, según la AIReF, no podrá mantenerse indefinidamente con la misma intensidad.
Olóndriz plantea así el reto en dos dimensiones: cuántas horas puede trabajar la economía y cuánto valor genera cada una de esas horas. Las proyecciones de la AIReF apuntan a que un tercio del crecimiento futuro procederá del primer canal, mediante una mayor participación laboral, una reducción del desempleo y el aumento de población impulsado principalmente por la inmigración.
Los dos tercios restantes deberán proceder de la productividad. Y ese desafío está estrechamente ligado a la capacidad del Estado para afrontar sus compromisos futuros. Como ha señalado Olóndriz,
“las políticas de productividad no son independientes del debate sobre pensiones, sanidad o sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Más longevidad, más presión sobre las cuentas públicas
El envejecimiento tendrá también un impacto directo sobre las cuentas públicas. Una población que vive más años implica que las prestaciones y los servicios públicos tendrán que atender a las personas durante más tiempo, aumentando las presiones sobre el gasto.
A ello se suma una posición fiscal que seguirá condicionando el margen de actuación de las administraciones.
“No podemos olvidar que la deuda pública se sitúa en niveles aún del 100% del PIB”
ha advertido Olóndriz. Según sus previsiones, a partir de mediados de los años 30 la deuda volvería a aumentar hasta alcanzar el 123% del PIB, impulsada por las presiones asociadas al envejecimiento.
En este contexto, la planificación fiscal adquiere un papel central. “Los presupuestos se tienen que encuadrar dentro de una verdadera estrategia fiscal de medio plazo”, ha defendido la presidenta de la AIReF.
El desafío, además, no se limitará a las pensiones. El envejecimiento convivirá con otras necesidades que exigirán recursos públicos, desde la adaptación al cambio climático hasta el incremento del gasto en defensa, pasando por la transformación digital. “Incluso en un contexto de planificación tendremos limitaciones fiscales porque hay muchas demandas que compiten al mismo tiempo”, ha explicado.
Por ello, la cuestión no será únicamente cuánto se gasta, sino cómo se utilizan unos recursos que serán necesariamente limitados. En palabras de Olóndriz,
“cada euro que se gaste se haga de manera más eficaz y eficiente”.
La sostenibilidad, ha resumido, no implica simplemente reducir el gasto. “La sostenibilidad no consiste en gastar menos, sino ser capaces de decidir qué políticas queremos preservar, qué resultados esperamos y cómo podemos financiarlas”.
El reto demográfico, en definitiva, obligará a España a abordar de manera conjunta crecimiento, productividad y finanzas públicas. La inmigración podrá sostener parte del aumento de la población y del empleo, pero el envejecimiento seguirá avanzando. Y, con él, aumentará la necesidad de conseguir que una economía con una población activa que empezará a reducirse sea capaz de generar más valor con cada hora trabajada.
