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Forbes Economic Summit: “Si la tendencia de la vivienda sigue igual, no habrá sitio para todos: algo hay que hacer”

El debate sobre la vivienda se enmarca además en una transformación demográfica que obliga a España a pensar cómo quiere organizar su crecimiento.

Ángel de la Fuente, director de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Elisa Chuliá, profesora de Sociología en la UNED e investigadora de Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). MODERA: Beatriz Triguero, redactora jefa de Economía de Forbes España.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos para una sociedad que afronta, al mismo tiempo, cambios demográficos profundos y una creciente presión sobre los recursos. La falta de oferta y la evolución de los precios amenazan con agravar un problema que ya condiciona las decisiones de hogares, empresas y administraciones. El debate sobre la vivienda se enmarca además en una transformación demográfica que obliga a España a pensar cómo quiere organizar su crecimiento y cómo financiar el Estado del bienestar en las próximas décadas.

Esta fue una de las principales cuestiones abordadas por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Elisa Chuliá, profesora de Sociología en la UNED e investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), durante el Forbes Economic Summit, en una mesa moderada por Beatriz Triguero, redactora jefa de Economía de Forbes España.

Para De la Fuente, el problema va más allá de determinar si el sistema de pensiones puede sostenerse financieramente. Si España mantiene durante las próximas décadas un nivel elevado de gasto en pensiones mientras la población activa pierde peso, el efecto se trasladará al resto de políticas públicas.

“El problema no es solamente de sostenibilidad. Es un problema de coste de oportunidad”

señaló De la Fuente. La cuestión, explicó, es que los recursos que se destinan a las pensiones dejan de estar disponibles para otras prioridades que también exigirán inversión, desde la educación y la sanidad hasta las infraestructuras o las nuevas necesidades derivadas del cambio demográfico.

El reto adquiere además una dimensión intergeneracional. Una población joven cada vez más reducida tendrá que sostener un número creciente de jubilados, lo que plantea preguntas sobre el reparto de los costes entre generaciones.

El debate sobre las pensiones que la sociedad aún no conoce

Chuliá puso el foco en otra dificultad: la falta de conocimiento de buena parte de la población sobre cómo funciona realmente el sistema de pensiones y cuáles son las magnitudes que están en juego.

La socióloga considera que España necesita una mayor información pública sobre el problema demográfico y sus consecuencias. El envejecimiento es un fenómeno conocido y estudiado desde hace décadas, pero la actualidad política y económica tiende a desplazar los problemas estructurales que requieren una mirada de medio y largo plazo.

“Necesitamos una campaña de información pública que realmente informe a la gente, a la población, a la ciudadanía de cuál es el problema y de qué mecanismos tenemos para afrontarlo”

defendió Chuliá.

A su juicio, esa información es una condición previa para que la sociedad pueda decidir qué modelo quiere mantener y cuánto está dispuesta a pagar por él. El problema, explicó, es que existe una conciencia general sobre el envejecimiento, pero no necesariamente un conocimiento suficiente sobre sus mecanismos económicos.

Entre los ejemplos que puso sobre la mesa está el funcionamiento del propio sistema de pensiones. Según Chuliá, aproximadamente la mitad de la población menor de 65 años desconoce cómo se financian las pensiones, pese a que el sistema contributivo español se articula fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales.

La falta de información dificulta, a su juicio, que pueda desarrollarse una discusión pública sólida sobre las reformas necesarias.

Más pensiones, menos margen para otras prioridades

De la Fuente situó precisamente en ese punto uno de los principales riesgos del escenario demográfico. Si el gasto en pensiones absorbe una proporción cada vez mayor de los recursos públicos, el Estado tendrá menos margen para responder a otras necesidades.

No se trata únicamente, por tanto, de preguntarse si las pensiones podrán pagarse, sino de analizar qué otras políticas dejarían de financiarse o tendrían menos recursos si una parte creciente del presupuesto queda comprometida con las prestaciones de jubilación.

El economista también puso sobre la mesa una cuestión de equidad. El aumento de la esperanza de vida y la reducción del peso relativo de los jóvenes modificarán la relación entre quienes trabajan y quienes reciben una pensión.

El problema, según explicó, se vuelve especialmente complejo cuando se combinan unas generaciones activas más reducidas con unas pensiones cuya rentabilidad implícita puede resultar difícil de sostener con el crecimiento futuro de la economía.

La cuestión obliga a mirar más allá de las cuentas actuales y preguntarse qué sistema puede financiarse de forma estable en un escenario de menor crecimiento demográfico y con unas necesidades públicas que seguirán aumentando.

La necesidad de explicar el problema antes de reformarlo

Para Chuliá, cualquier reforma requiere antes un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía.

“Lo aconsejable es que la sociedad sepa qué se está jugando con cada reforma”, afirmó.

La profesora de la UNED considera que España dispone de suficiente evidencia para conocer la dimensión del reto, pero no ha conseguido trasladarla de manera eficaz al conjunto de la población. El desafío, por tanto, no es descubrir que existe un problema demográfico, sino conseguir que la sociedad comprenda sus implicaciones y pueda participar en el debate sobre las soluciones.

La dimensión generacional es especialmente relevante. Las decisiones que se adopten ahora afectarán a quienes hoy están trabajando y, sobre todo, a sus hijos y nietos. En este sentido, Chuliá subrayó que la estructura familiar española facilita que las consecuencias del problema demográfico sean visibles en la vida cotidiana.

El envejecimiento plantea así una cuestión que va mucho más allá de las pensiones. España tendrá que decidir cómo quiere organizar su Estado del bienestar, qué prestaciones y servicios considera prioritarios y cómo financiará unas necesidades crecientes con una base demográfica que cambiará de forma sustancial.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en pagar las pensiones del futuro, sino en determinar cómo repartir los recursos entre generaciones y entre las distintas políticas públicas que competirán por ellos.

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