Formentera ha cerrado este miércoles una nueva temporada de regulación de entrada y circulación de vehículos con una cifra que refleja la dimensión que ha adquirido el sistema: 48.038 solicitudes tramitadas. De ellas, 40.988 terminaron en autorización, mientras que 5.393 fueron denegadas y otras 1.657 quedaron sin completar o pendientes de documentación.
El mecanismo, que la isla aplica desde 2019, nació con un objetivo claro: limitar la presión que soporta Formentera durante los meses de mayor afluencia. La evolución de los últimos años muestra hasta qué punto el modelo se ha convertido en una de las principales herramientas de gestión de la movilidad de la isla.
Esta temporada se concedieron 8.317 autorizaciones puntuales para turismos de visitantes y otras 1.287 para motocicletas. A ellas se sumaron 2.222 permisos para turismos de residentes en Mallorca y Menorca y 572 para motocicletas. El sistema también contempla categorías vinculadas a la transición hacia vehículos menos contaminantes: 652 autorizaciones correspondieron a vehículos eléctricos y 2.336 a híbridos. El volumen de permisos para residentes en Eivissa fue también significativo: 6.282 autorizaciones para turismos y 1.223 para motocicletas.
Pero una de las novedades de esta temporada ha estado menos en el número de permisos concedidos que en el control posterior de algunos de ellos. Por primera vez, el Consell ha revisado determinadas autorizaciones de larga estancia para comprobar que los vehículos cumplían realmente las condiciones exigidas.
Hasta ahora, esas comprobaciones han terminado con la revocación de 122 autorizaciones correspondientes a vehículos de residentes en Eivissa y a vehículos vinculados a trabajadores de temporada. El motivo: no haber circulado por Formentera durante 15 días consecutivos, según las comprobaciones realizadas por la institución.
El cierre de la temporada llega mientras el modelo de Formentera vuelve a entrar en el debate político balear. En la Comisión General de Consells Insulars del Parlament, la vicepresidenta del Consell, Verónica Castelló, ha expuesto la experiencia acumulada por la isla desde 2019, cuando se convirtió en el primer territorio de Baleares en aplicar un sistema de regulación de vehículos.
En estos siete años, el techo ha pasado de los 2.450 vehículos inicialmente establecidos a los 10.287 actuales. El crecimiento del límite se ha producido mientras, según el Consell, se aplicaba una reducción de más de 2.000 vehículos sobre las categorías de alquiler y de residentes.
La siguiente batalla es la legislativa
La siguiente batalla se traslada ahora al terreno legislativo. Formentera quiere aprovechar la tramitación parlamentaria de la nueva ley de regulación de afluencia de vehículos de Mallorca para plantear cambios en determinados aspectos de la Ley 7/2019 de sostenibilidad medioambiental y económica de la isla.
Uno de los asuntos que el Consell quiere revisar es el tratamiento de los vehículos de trabajadores que se desplazan a Formentera durante la temporada turística. La propuesta pasa por que estos vehículos no estén sometidos a un techo específico, argumentando que la disponibilidad de trabajadores es una necesidad vinculada al funcionamiento de la economía insular. También está sobre la mesa el régimen de las segundas residencias. El criterio que plantea Formentera es que cada propiedad o vivienda pueda disponer de autorización para un vehículo.
El tercer frente afecta a los desplazamientos entre islas. El Consell quiere estudiar un sistema que permita evitar contingentes específicos para los residentes que se desplazan entre territorios de Baleares, siempre acompañado de mecanismos que impidan que esa flexibilidad termine provocando un incremento descontrolado del parque móvil en Formentera.
El debate, por tanto, ya no gira únicamente en torno a cuántos vehículos pueden entrar en la isla. La experiencia acumulada desde 2019 ha abierto una discusión más amplia sobre cómo gestionar la movilidad de residentes, trabajadores, visitantes y propietarios en un territorio con una capacidad física limitada y una demanda que se multiplica durante los meses de verano.
