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Opinión Javier Ortega Figueiral

Cuidar a la aviación de emergencias

El cielo no es únicamente terreno de juego para el transporte de pasajeros, carga, operaciones comerciales o militares. Hay un campo muy delicado, las emergencias, a las que hay que prestarles atención. Nos va mucho ahí.

Conozco a varias personas que se dedican a ello. Tienen un trabajo singular, diría que muy vocacional, en el que disfrutan, aunque también sufren. Siento una gran admiración por lo que hacen, porque en muchos casos es heroico, aunque cuando acaban su misión nunca se consideran héroes. Siquiera en la intimidad se creen tan especiales como si lo es su profesión. Simplemente suelen decirte “misión cumplida” o “es que, simplemente, es mi trabajo”. Hablo de los y las pilotos forestales que se encargan de la extinción de los incendios con los medios aéreos que complementan a los terrestres.

 Con la excepción del gran susto en la isla de La Palma, en lo que llevamos de verano y hasta finales de julio, podemos hablar de una temporada razonablemente tranquila en España en lo que se refiere a incendios forestales. Sobre todo, si se compara con 2022, cuando se registraron los peores datos de las últimas décadas. La superficie quemada fue más extensa que el año anterior e igualmente superó a las casi 67.000 hectáreas de media calcinadas por temporada entre 2006 y 2021. Estos datos fueron los responsables de que, desgraciadamente, España liderase un feo ranking de países de la UE. Fue el que más incendios forestales sufrió el año pasado, según la EFFIS o European Forest Fire Information System. Este 2023, los incendios están siendo especialmente importantes en Grecia e Italia.

En la temporada actual y distribuidos por toda España hay, entre aviones y helicópteros, cerca de 300 medios aéreos para la extinción de incendios. Salvo los 14 grandes bimotores anfibios operados por el Ala 43 del Ejército del Aire desde ocho bases aéreas, estas aeronaves son civiles y propiedad de empresas privadas. Todas tienen contratos tanto con el estado como con las comunidades autónomas. Pertenecen a sociedades como Pegasus Aero Group, Eliance, Helitrans Pyrinees, Avincis o Rotorsun, nombres poco conocidos fuera del ámbito aeronáutico, aunque son importantes organizaciones con grandes flotas y muy buenos profesionales trabajando en ellas. Son operadoras de aviones y/o helicópteros que, desde la discreción de los trabajos aéreos, son fundamentales para la defensa de un territorio, pues un país es también su medio natural. 

Junto a los grandes hidroaviones que opera el ejército, conocidos popularmente como ‘botijos’ por ser capaces de cargar hasta 6.000 litros de agua, una de las bestias aéreas contra los incendios forestales son los Kamov K32A, enormes helicópteros de fabricación rusa. El año pasado estos aparatos ya se vieron afectados por las sanciones derivadas por la invasión y posterior guerra de Ucrania. Las dificultades en conseguir repuestos retrasaron el mantenimiento obligatorio de los Kamov que en algunos casos quedaron inoperativas más tiempo de lo deseable, algo que se ha repetido varias veces esta temporada.

Mar de fondo en el sector

La operatividad limitada de los Kamov no es el único problema de este año en la campaña para el control y la extinción de incendios forestales con medios aéreos. Desde Ataire, la Asociación de Trabajos Aéreos y Emergencias se ha denunciado repetidamente que las licitaciones del MITECO,  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tienen precios más bajos que en 2019, pues no consideran la inflación ni el aumento del precio del combustible y eso se traduce, según Ataire, “a operar por debajo del precio de mercado en los contratos con el Ministerio”.

Por otro lado, los aviadores de lucha contra incendios reclaman otro escenario. Precisan mejoras tanto en la contratación de un número de pilotos suficiente para cubrir las necesidades de un servicio cada vez más importante. También piden cambios para una mayor calidad de vida en sus condiciones de trabajo. Por otro lado, reclaman hacer frente a la temporalidad del sector, que le resta atractivo para la entrada de nuevos profesionales. De hecho, en la mayor parte de escuelas de pilotos comerciales de avión, rara es la persona de nueva entrada que quiera trabajar en un sector de la aviación que no sea la comercial. El grueso de aviadores y aviadoras que hoy están aprendiendo a volar, ven su futuro profesional en la cabina de un Boeing o Airbus de compañía aérea o en todo caso pilotando jets corporativos. No suelen plantearse que hay muchas más modalidades de aviación, que llevar pasajeros o carga de un lado a otro.

En las escuelas especializadas en formación de pilotos de helicóptero, la vocación ya es diferente, porque quienes quieren dedicarse profesionalmente a ello, saben que el trabajo está en las emergencias como el transporte sanitario, emergencias, rescate y extinción de incendios. En el ultimo caso, bastantes pilotos están viviendo en una especie de verano permanente, pues cuando se acaba el verano en el hemisferio norte, van a otros países en el otro hemisferio, como es el caso de Chile, donde la temporada de prevención de incendios forestales va a la inversa que en Europa y los países del Mediterráneo. Con un ecosistema cada vez más frágil y la posibilidad de fuegos más violentos y mayores debido al cambio climático esta profesión es cada vez más necesaria y tendría que ser aun más valorada.

En todo caso, lo que hoy me gustaría exponer en esta columna de opinión, es que tanto administración en primera instancia como operadores, por ser los que se ocupan de cumplir el contrato, tienen que afrontar con mayor decisión (léase presupuesto, medios y condiciones) unos retos en los que se juega, ni más ni menos que la conservación de la biodiversidad de un país.

 Otro tema similar sucede en mares y océanos. El presupuesto limitado para el concurso publico para prestar el servicio aéreo de salvamento marítimo con helicópteros y aviones, ha hecho que se haya quedado desierto y la actual operadora (Avincis, la antigua Babcock España) tendrá que seguir volando para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Sasemar es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Su razón de ser es la protección de la vida en la mar en el área de responsabilidad de salvamento española. Lo que hace no es un tema menor y, como la biodiversidad, también necesita estar bien cubierta, con presupuesto y condiciones.