El nombre define a la cosa y afecta a la persona. El nombre es lo primero que se conoce de cualquier individuo. Es la primera seña de identidad. El DNI social. El psicólogo estadounidense Jean Twenge, a principios de siglo, descubrió que las personas a las que no les gustaba su nombre tendían a una menor autoestima y falta de confianza. El nombre es el principio del YO. Con las cosas y la política ocurre algo parecido. No es lo mismo decir Parque Biológico de Madrid que decir Faunia. Lo primero fue un fracaso y marchaba directo a la quiebra, al cierre. Lo segundo se convirtió en un éxito. Bajo las dos denominaciones se encuentran las mismas instalaciones, el mismo zoo.
Los chinos son maestros en esto de elegir el vocablo, la frase, el nombre adecuado para referenciar realidades delicadas. Por ejemplo, ‘El Collar de Perlas’. Tras este casi poético término se esconde toda una estrategia de Pekín para el establecimiento de bases marítimas en los océanos Índico y Pacífico. Sus primeros cohetes espaciales se llamaban Shenzhou, “Buque Divino”, y su estación espacial “Palacio Celestial”.
Los políticos occidentales no van a la zaga. El Gobierno ha decidido denominar Impuesto de Solidaridad a un tributo a las grandes fortunas. ¿Quién va a oponerse a una política solidaria con los sectores más desfavorecidos de la sociedad? ¿Cómo rechazar un esfuerzo solidario ante la elevada inflación, los coletazos presupuestarios de la pandemia y los primeros andares de otra crisis económica en ciernes?
Los griegos y los romanos amaban la retórica. El poder de la palabra conquistaba reinos y destruía imperios. El discurso fúnebre de Pericles a punto estuvo de levantar a los muertos y el de Lincoln en Gettysburg levantó una democracia y creó una nueva nación. Con una palabra se comienza a construir la realidad. También en la política fiscal. Contribución es un vocablo antiguo que puede significar un reparto de beneficios, el pago de una derrama o como se denominaba tradicionalmente al principal impuesto municipal. Pero todo se desgasta, hasta los nombres. Ahora es IBI. Las siglas escamotean inicialmente el mismo tributo, aunque su traducción es más rimbombante: Impuesto de Bienes Inmuebles.
El Impuesto de Solidaridad incluye toda una pléyade de intenciones políticas, recaudatorias, partidistas, ideológicas, territoriales, egos personales, desgaste del liderazgo del adversario y, al final, al fondo del todo, puede encontrarse la solidaridad. El PSOE ha llegado a este tributo arrastrando los pies, empujado por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y sus aliados parlamentarios de izquierda. Este gravamen a las grandes fortunas tiene como principal objetivo la armonización fiscal territorial. Es la contestación gubernamental a la extensión de la exención fiscal en el Impuesto de Patrimonio iniciada por Madrid. Cuando la Comunidad Autónoma que preside Isabel Ayuso marchaba en solitario en la bonificación total del IP era aceptable, incluso, como elemento con el cual confrontar. El tenis de la política se juega mejor cuando hay alguien al otro lado de la red. Pero cuando hay muchos jugadores la partida fiscal se transforma en un campo de rugby donde la melee es la figura que más destaca.
Cuando Andalucía decidió seguir los pasos de Madrid, el equilibrio cambió. Y más aún cuando Galicia aumentó las bonificaciones y Murcia también suspendió, en la práctica, el Impuesto de Patrimonio. Entonces, Hacienda abrió el cajón e introdujo en el Parlamento el nuevo Impuesto de Solidaridad a través de una enmienda parcial.
Este Impuesto se aplica a todo patrimonio superior a los 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros. Los sujetos pasivos serán los mismos que en el IP y el pago de este será deducible en el de Solidaridad. Hacienda introduce así en los territorios “rebeldes” el IP. Y la recaudación, por cierto, irá a la caja central del Estado.
Las CCAA más afectadas serán las que tienen bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio como Madrid, Andalucía o Murcia. No serán las únicas. También salen afectadas Galicia, que ha elevado recientemente la bonificación hasta el 50%, y Asturias, Cantabria y Cataluña. En estos tres últimos territorios los contribuyentes con patrimonios más boyantes tendrán que pagar más.
El Impuesto de Solidaridad estará en vigor durante dos años. Y esto es al principio porque al final, como ocurrió con el IP, puede extenderse en el tiempo. La idea de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que esté aprobado antes del 31 de diciembre para gravar, ya mismo, las fortunas correspondientes este mismo año. La liquidación sería de mayo a julio del 2023. Esta entrada en vigor, tan rápida, impedirá a los contribuyentes ajustar su realidad fiscal e, incluso, puede afectar a las empresas familiares.
Varias preguntas sobre la mesa. ¿Hay riesgo de deslocalización de fortunas? Portugal, Andorra y otros países están al acecho, a la caza y captura de patrimonios e inversiones. ¿Se recaudará lo previsto? El Gobierno calcula 1.500 millones de ingresos al año. ¿Todo esto no terminará en los tribunales? La fecha de entrada en vigor ya genera dudas legales. Habrá eventuales impugnaciones por lo que más de un experto considera doble imposición y se abrirá un enfrentamiento entre las CCAA y el Estado a cuenta de las competencias. Hay muchas posibilidades de que al final tenga que hablar el Tribunal Constitucional y su palabra tarda en oírse. Y es más que probable que se alcance al Tribunal de Justicia Europeo, donde el sonido es más atronador, pero más tardío.
