Sería imposible minimizar las tensiones que la sociedad y la economía españolas, como tantos otros países del mundo, han sufrido en estos dos años de pandemia, con un efecto especialmente intenso sobre los sectores más afectados por las restricciones a la movilidad.

Sin embargo, creo que nuestro país puede sentirse orgulloso de la respuesta dada a este desafío insólito. En primer lugar, por las altas tasas de vacunación alcanzadas, fruto de una responsabilidad ciudadana ejemplar, que nos sitúan a la vanguardia mundial en protección contra el covid-19. Pero también porque hemos demostrado que se puede abordar una crisis de forma muy distinta a como se hizo en la década anterior, cuyas nefastas consecuencias aún estamos remediando.

Frente a la austeridad, el recorte de derechos sociales y laborales y el abandono de las políticas públicas como garantía de cohesión social, España ha desplegado esta vez una acción coordinada a escala europea y nacional marcada por tres prioridades: proteger el tejido socioeconómico, proporcionar seguridad sanitaria, y recuperar una concepción de la política con la negociación y el pacto como elementos centrales.

Más allá de la superación de la emergencia, nuestra respuesta ha incluido la revisión de la política económica de nuestro país. Porque España llevaba demasiado tiempo retrasando la adopción de reformas estructurales claves para afrontar el futuro con garantías de éxito.

Inversiones y reformas

La apuesta estratégica española a medio plazo se desarrolla alrededor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora una agenda de inversiones de enorme relevancia para el periodo 2021-2026 junto a reformas de gran calado. Ambos elementos, inversiones y reformas, sirven para avanzar hacia cuatro objetivos transversales: lograr una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y con más igualdad entre hombres y mujeres. Un proceso de dimensiones históricas: somos el país de Europa que está combinando el mayor esfuerzo inversor con la mayor rapidez de ejecución.

En primer lugar, hemos recuperado la política industrial como un vector clave de nuestra política económica, como reflejan los tres proyectos estratégicos en sectores donde deseamos posicionarnos como referentes globales: el vehículo eléctrico, la sanidad de vanguardia, y las energías renovables y el almacenamiento energético. Una agenda que movilizará más de 12.100 millones de euros de fondos públicos y un total de 41.800 millones de euros, incluido el apalancamiento de fondos privados.

Reorientación del modelo productivo

Además, España va a reorientar su modelo productivo para acelerar la transición ecológica, impulsando la descarbonización y electrificación de la economía.

Del mismo modo, daremos paso a inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para transformarnos en una economía y una sociedad digitales. Al tratarse de un proceso transversal, en el que deberán desarrollar un papel clave las pymes, el Ministerio de Asuntos Económicos ha lanzado el programa Kit Digital, que canalizará 3.000 millones de euros a la digitalización del tejido productivo español.

Comprometidos con este impulso modernizador, y priorizando siempre el acuerdo con los agentes sociales y otras fuerzas políticas, ya hemos aprobado la reforma laboral, la actualización de nuestro sistema público de pensiones, la modernización de nuestro sistema educativo y de la Formación Profesional, el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud y de Ciencia, la lucha contra la pobreza infantil y la creación del Ingreso Mínimo Vital.

También hemos puesto en marcha medidas destinadas a facilitar el emprendimiento y mejorar el clima empresarial, como la Ley Concursal, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, o la primera Ley de Startups, una de las más ambiciosas de Europa. Y hemos aprobado la Ley de Telecomunicaciones, que contribuirá a alcanzar nuestro objetivo de conectividad a alta velocidad al 100% de la población en 2025.

Transición justa y cambio cultural

Pero para que la transformación hacia el futuro de España sea exitosa, creemos que es absolutamente imprescindible mantener dos principios cualitativos clave.

Primero, que las inversiones y reformas tengan como principal objetivo impulsar una transición justa, que reduzca las desigualdades y evite una indeseada desestabilización social.

Segundo, reconocer que el despliegue exitoso del plan y de la agenda de reformas supone en muchos casos un auténtico cambio cultural. Y la mejor expresión de ello es la renovación de importantes consensos sociales que quedaron rotos o muy debilitados en décadas pasadas.

Por eso, la implicación y la complicidad de todos los actores interesados resulta capital. Desde la colaboración leal entre los distintos niveles de gobierno, más allá del ruido político, hasta la participación activa de empresas, sindicatos y diferentes organizaciones de la sociedad civil. No se trata sólo de que aporten su experiencia, sino de que tengan un papel activo a la hora de moldear la España que queremos dejar a las siguientes generaciones.

En definitiva, afrontamos un proceso de redefinición de nuestra realidad económica y social cuya trascendencia nadie puede ignorar. Lo hacemos con recursos excepcionales, con una agenda reformista, y con la recuperación de los consensos para lograr grandes acuerdos de país. Pero también –y quiero insistir sobre ello de forma muy especial– con un optimismo fundado y una enorme ilusión.

A lo largo de su historia, son escasas las veces que España ha podido disfrutar de una conjunción tan favorable de factores. Pero podemos decir con orgullo que siempre hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, como ocurrió hace cuarenta años. Y así lo volveremos a hacer ahora, avanzando con más determinación que nunca hacia esta nueva modernización de España y hacia una nueva historia de éxito de nuestro país.