La conclusión a la dicotomía que a menudo se obtiene, aunque responde a una realidad irrefutable, no lo es: el derecho a una vivienda digna y adecuada, a un precio asequible, es incompatible con una actividad económica sostenible y rentable en el sector inmobiliario y de la construcción.

La actividad inmobiliaria y el sector de la edificación, tras un año 2020 marcado por la pandemia, se han recuperado de manera notable en 2021, tanto en cifras de compraventas como en viviendas terminadas (este último indicador todavía muy lejos de los niveles anteriores a la crisis financiera). En la otra cara de la moneda, tras años de fuertes caídas en los precios, se encadenaron tres años consecutivos de leve incremento, que se interrumpió en 2020, manteniéndose en 2021 el escenario de estabilidad.

En paralelo, la actividad de rehabilitación residencial crece de forma significativa y sirve de base para despegar con la ambiciosa aportación en esta materia de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos permita alcanzar enormes retos: alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas, incrementando el ritmo de rehabilitación hasta aproximarse a las 300.000 rehabilitaciones de vivienda al año, lo que supone multiplicar por 10 la cifra actual en la presente década.

Por tanto, el sector de la construcción vuelve a ser una pieza clave en la economía y en la creación de empleo (los últimos datos de afiliación a la seguridad social del mes de julio, 1.289.069 trabajadores en el sector suponen el máximo de los últimos 10 años).

Pero desde la perspectiva del ciudadano, muchos hogares tienen dificultades de acceso a la vivienda en propiedad. Mientras los hogares con ingresos más altos han capitalizado las condiciones favorables para la compra, las familias de menores recursos se han visto desplazados al mercado de alquiler.

En este contexto, el notable crecimiento del alquiler en la última década se ha acompañado, en determinadas localizaciones, de una importante alza de los precios. Y es que la tendencia al alquiler por los grupos más vulnerables, el aumento de los precios de los alquileres y la insuficiencia del parque público en España hace que un 43% de los hogares que residen en alquiler gasten en su vivienda más de un 40% de su renta disponible, llegando hasta el 63,9% de los hogares dentro del quintil más bajo de ingresos.

Por tanto, la estrategia para conciliar actividad económica sostenible en el tiempo con la protección del derecho a la vivienda pasa por la protección de los más vulnerables, pero también por medidas estructurales de diferente carácter: regulatorias, que sirvan de marco jurídico estable y seguro para la protección de derechos y para la entrada de la necesaria financiación; de estímulo de la oferta asequible, recurriendo a la colaboración público-privada, que permite optimizar recursos y plazos; y de mejora del parque residencial existente, impulsando la rehabilitación con alta exigencia en eficiencia energética que contribuya a reducir el riesgo de pobreza energética.

Los 6.820 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a aportar a la rehabilitación de nuestras ciudades y a la vivienda en alquiler asequible son una oportunidad única que debe marcar un punto de inflexión, propiciando nuevas estrategias y modelos de gestión y colaboración. Y poner al ciudadano en el centro de la acción pública y privada en materia de vivienda será la garantía para contribuir al progreso económico y social de nuestra sociedad.

*Francisco Javier Martín Ramiro es director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana