La financiación sanitaria pública sigue reflejando importantes diferencias territoriales en España. Mientras algunas comunidades autónomas destinan más de 2.300 euros por habitante a sanidad, otras no alcanzan los 1.700 euros. Esta brecha supera el 40% entre los extremos del sistema. Así lo pone de manifiesto el informe “El gasto en salud en España: Análisis y recomendaciones” presentado en el Congreso de los Diputados por el Foro Económico de Galicia. El texto analiza la evolución y los desafíos del gasto sanitario en España.
El estudio revela que el País Vasco lidera la inversión sanitaria per cápita con 2.332 euros por habitante, muy seguido de Asturias, con 2.322 euros. Mientras, Andalucía ocupa el último lugar del ránkin con 1.658 euros. La diferencia asciende a 674 euros por persona, lo que supone un 40,7% más de gasto en la comunidad vasca.
Entre Asturias y Andalucía se sitúan: Extremadura (2.246 euros), Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros), Cataluña (2.061 euros), Canarias (2.036 euros), Castilla-La Mancha (1.957 euros), Baleares (1.956 euros), La Rioja (1.878 euros), Comunidad Valenciana (1.867 euros) y la Comunidad de Madrid (1.779 euros).
Factores que influyen en las diferencias
Según los autores Santiago Lago Peñas y Beatriz González López-Valcárcel, estas diferencias responden a múltiples factores, entre ellos, el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, el tamaño de las comunidades, los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y las propias decisiones políticas e institucionales adoptadas por cada territorio.
Así, en aquellos territorios con una población más envejecida “la presión sobre el sistema sanitario tiende a ser mayor, porque aumenta la demanda de atención médica, farmacéutica y de cuidados de larga duración”. También influye, aunque en menor medida, el tamaño de la población. Las comunidades con menos habitantes suelen contar con menos economías de escala en la provisión de servicios algo que “eleva el coste medio y acaba traduciéndose en un mayor gasto per cápita”.
El segundo de los factores son los recursos por habitantes que aporta el propio sistema de financiación de cada comunidad. Este condiciona la capacidad del gasto en sanidad. “La evidencia empírica muestra que existe una correlación negativa entre los recursos por habitante y la proporción del gasto destinada a sanidad. Es decir, las comunidades peor financiadas tienden a dedicar una parte relativamente mayor de su presupuesto a los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales”, indican los autores.
En último lugar, habría que considerar las preferencias políticas y sociales además de las distintas formas de organización de los servicios públicos. “La diversidad observada en el gasto en sanidad no responde a una única causa, sino a la combinación de necesidades, financiación y preferencias institucionales y políticas”, recoge el informe.
La financiación autonómica vuelve al centro del debate
Durante la presentación del informe, el economista Santiago Lago defendió la necesidad de abordar una reforma del modelo de financiación autonómica para corregir desigualdades que considera difíciles de justificar. «Vemos diferencias notables y sustanciales. Esto nos lleva a la necesidad de la reforma de la financiación autonómica, es algo que necesitamos para corregir algunas desigualdades que no son razonables y que no nos deberían parecer bien», señaló.
El documento sostiene que una reforma del sistema permitiría corregir situaciones de infrafinanciación estructural en determinadas comunidades y reforzar la suficiencia financiera necesaria para responder al incremento sostenido de las necesidades sanitarias. No obstante, los autores consideran que la solución no pasa por crear fondos sanitarios finalistas, sino por ampliar la autonomía tributaria y reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.
En línea con la OCDE
Más allá de las diferencias territoriales, el informe concluye que España mantiene un nivel de gasto sanitario similar al de los países más desarrollados. En 2024, el gasto sanitario total representó el 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB), apenas una décima por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (9,3%).
Por su parte, el gasto sanitario público equivale al 15% del gasto público total, también en línea con la media de la OCDE. Además, ha pasado de representar el 2% del PIB en 1970 al 6,7% en 2024. «El esfuerzo sanitario ha sido increíble», destacó la economista Beatriz González durante la presentación.
Entre 2002 y 2024, el gasto sanitario público creció un 84% en términos reales, aunque el informe identifica varios periodos de contención presupuestaria, seguidos posteriormente de recuperaciones significativas.
Los hospitales concentran cada vez más recursos
Uno de los aspectos más destacados del estudio es la evolución del reparto del gasto entre niveles asistenciales. Actualmente, los hospitales absorben el 62% del gasto sanitario público, frente al 28,8% destinado a Atención Primaria. La distancia entre ambos niveles ha aumentado en las últimas dos décadas. Mientras el gasto hospitalario ha crecido un 86% ajustado por inflación desde 2002, la Atención Primaria lo ha hecho un 52%.
Los autores advierten de que esta tendencia refleja una creciente hospitalización de los recursos sanitarios y coincide con otro fenómeno preocupante: el aumento sostenido de las urgencias.
España es ya el segundo país de la OCDE con mayor frecuentación de los servicios de urgencias, con 69 visitas por cada 100 habitantes, más del doble de la media internacional. «Esto es una señal que nos hace pensar que puede haber un problema de pérdida de productividad en el sistema y de desvío hacia una atención que es más cara y no tan efectiva como si realmente las personas consultaran donde deben, que es en Atención Primaria», afirmó González.
Mónica García pide que la financiación llegue a la sanidad
La presentación del informe contó también con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien defendió el valor de la inversión sanitaria y reclamó que los recursos adicionales recibidos por las comunidades autónomas se traduzcan en mejoras para los servicios públicos de salud. «Cada euro que se invierte en salud tiene que ir destinado, sí o sí, a proteger la salud de la población y no a engrosar las cuentas de resultados de una empresa privada», afirmó.
La ministra recordó, además, que las comunidades han recibido las mayores entregas a cuenta de su historia, aunque criticó que no todas hayan destinado esos recursos al fortalecimiento de sus sistemas sanitarios. «Hay comunidades autónomas que han aprovechado esas entregas a cuenta para reforzar su sistema de salud y otras que no», señaló.
Según García, mientras las entregas a cuenta han aumentado hasta un 54% en algunas regiones, el crecimiento de los presupuestos sanitarios se ha situado en torno al 32%, una diferencia que reabre el debate sobre las prioridades de gasto de las administraciones autonómicas.
