El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles durante la inauguración del nuevo curso político en un acto celebrado en el Instituto Cervantes que van a elevar la fiscalidad «a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas» y poner en marcha «nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites» del país.
«Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto», reiteró Sánchez.
Para Sánchez, «independiente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos lamborghinis».
El jefe del Ejecutivo concluyó asegurando que una fiscalidad más progresiva será uno de los tres ejes principales que desarrollará el Gobierno en materia económica en este nuevo curso político, con impuestos que «crecerán más para quienes más tienen». Y es que el número de grandes fortunas no deja de crecer en el país.
Crece el número de grandes fortunas
Un total de 852 personas tenían un patrimonio de más de treinta millones de euros en 2022 –último año con datos disponibles–, según publica El País, lo que supone un incremento del 2,5% en comparación al ejercicio anterior y el récord de una serie histórica que la Agencia Tributaria ha actualizado esta semana. No obstante, solo 235 –el 27,6% del total– abonaron el tradicional impuesto sobre el patrimonio, lo que supone la cifra más baja de toda la serie. En los años previos, apunta el periódico, los porcentajes rondaban el 35%.
Detrás de este proceso de obligados tributarios y de pérdida recaudatoria se encuentran las bonificaciones autonómicas que algunos gobiernos del PP –encabezados por Madrid– pusieron en marcha en sus territorios, lo que llevó al Gobierno a instaurar a finales de 2022 el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, diseñado precisamente para anular esos descuentos. Por lo tanto, en la actualidad existen dos impuestos paralelos que gravan la riqueza.
Dos impuestos paralelos que gravan la riqueza
En la actualidad, en España existen dos impuestos paralelos que gravan la riqueza: el impuesto sobre el patrimonio, de naturaleza estatal y cedido a las comunidades, que afecta a quienes tienen una fortuna superior a los 700.000 euros, exceptuando hasta 300.000 euros de la vivienda habitual; y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que parte de los 3,7 millones de riqueza neta y cuenta con una deducción total si el contribuyente reside en un territorio que mantiene el tributo original. Esta explicación, señala El País, es necesaria para entender los entresijos de la estadística actualizada este miércoles por la Agencia Tributaria, centrada principalmente en el impuesto de patrimonio, pero en la que se empiezan a ver los primeros efectos del gravamen extraordinario.
En 2022, según los datos recogidos por el medio, en España había 230.365 contribuyentes que tenían que declarar por su riqueza, una cifra ligeramente menor a la registrada un ejercicio antes. No obstante, unos 185.000 –el 80,4%– pagaron el impuesto de patrimonio. Dicho al revés: si normalmente los que se libraban de pagar gracias a su residencia fiscal rondaban los 30.000, en 2022 fueron más de 45.000 personas, lo que supone la menor proporción de contribuyentes del tributo en toda la serie histórica y un efecto directo de los descuentos autonómicos. La consecuencia final es lógica: si en 2021 se recaudaron 1.352 millones, un año después la cifra cayó en más de cien millones.
Tradicionalmente, la única que bonificaba el impuesto al 100% era Madrid, a la que se unió Andalucía en 2022, lo que supuso que los declarantes en estas comunidades autónomas –23.486 y 12.707, respectivamente– no abonasen el impuesto, dejando en el mínimo histórico la proporción de pagadores del tributo, cuya recaudación va a las propias regiones. Sin embargo, esto no impidió a los más ricos librarse de rendir cuentas, ya que el recién estrenado impuesto de las grandes fortunas actuó y Hacienda recaudó 623 millones en su primer año de aplicación, con el grueso de los ingresos provenientes de Madrid, donde se encuentran las mayores riquezas del país. En este sentido, ambas comunidades, además de otras regiones del PP que se planteaban imitarlas, decidieron recuperar en 2023 la figura original a fin de quedarse con unos ingresos que, de lo contrario, irían a parar al Estado.
La radiografía del impuesto
Los multimillonarios están obligados a declarar por su riqueza a efectos informativos, a pesar de que el impuesto de patrimonio estaba bonificado al 100% en Andalucía y Madrid en 2022, lo que permite a la Agencia Tributaria, señala El País, armar una radiografía territorial y mostrar los detalles del tributo y las diferencias entre autonomías. Así, a nivel nacional, el patrimonio medio declarado superó los 3,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,3% en comparación a la cifra registrada en 2021. No obstante, mientras que los ricos de Aragón reconocieron una riqueza media de 1,7 millones, los de Madrid superaron los once millones de euros, la cifra más alta de toda la distribución autonómica, muy por encima de los 6,8 millones declarados por los ricos gallegos y de los 3,8 millones de los andaluces.
Todos los declarantes de España reconocieron bienes por un valor total de 864.939 millones de euros, un incremento de casi el 2% en comparación a los datos del ejercicio precedente. La mayor parte de la riqueza vino de la mano del capital mobiliario, una partida que supuso el 75% de todo el patrimonio, seguida de los bienes inmuebles (19%), los seguros y las rentas (2%), las actividades económicas (1,4%). El resto se explica por bienes suntuarios y otros bienes y derechos.
Cabe destacar, según El País, que 1.515 personas declararon tener unos 1.800 millones en criptomonedas.