La estadística es una ciencia insaciable. Su impulso colonizador ha llegado a tal punto que se hace difícil imaginar una realidad económica, social o cultural si no existe una estadística que la sustente. Eurostat, la poderosa oficina estadística europea, se he embarcado ahora en el controvertido proyecto de medir la llamada economía ilegal, ese rincón oscuro de las economías del planeta en el que desarrollan su actividad la prostitución, el contrabando o el narcotráfico. Lo que la ex presidenta del INE, Carmen Alcaide, definió en su día como ‘la economía golfa’.

Oficialmente, la iniciativa responde al deseo de medir de la forma más exhaustiva posible el tamaño real del PIB europeo. Sin embargo, para otros observadores el objetivo es menos científico: el presupuesto anual de la Comisión Europea depende en un 70% de un instrumento de financiación vinculado a la Renta Nacional Bruta de cada país, de forma que una eventual subida del PIB se traduciría automáticamente en más recursos para la Comisión.

El caso es que media Europa se ha visto obligada a rastrear las áreas más recónditas de sus economías para poder elaborar una estimación del tamaño de su economía ilegal, entre otras cosas porque deberá ya incorporarse al dato de PIB del tercer trimestre de 2014. Algunos países han rematado ya esa estimación. Austria ha calculado en un 0,1% del PIB el peso de su economía ilegal, Portugal en un 0,4% y el Reino Unido un 0,6%, lo que supone la admisión de una economía ilegal de más de 12.000 millones de euros. En España, de momento el INE ha definido una horquilla de entre el 1,5% y el 3% del PIB, es decir, de entre 15.000 y 30.000 millones, pero ésta no sólo refleja el impacto de las actividades ilegales sino también el de otros ajustes metodológicos.

La estimación oficial no se conocerá hasta septiembre. “Incorporar toda esa economía ilegal al PIB es una barbaridad”, clama el ex presidente del INE y catedrático de Economía Aplicada, Andrés Fernández Díaz. “La medición oficial de la economía de un país sólo debe partir de actividades que estén dentro del marco legal, estimar lo que está fuera de ahí implica tener que inventarse una cifra”. José Roca, portavoz de Anela, asociación representativa de clubes de alterne, coincide. “Es imposible hacer una estimación rigurosa del peso que puede tener la prostitución.

Hemos proporcionado al INE datos sobre el coste medio de los servicios (entre 50 y 70 euros) o sobre la facturación media que pueden tener nuestros asociados, pero no tiene por qué ser representativa”. Anela representa a un centenar de clubes de alterne en los que trabajan en torno a 2.000 chicas. Las fuerzas de seguridad dicen tener ‘censados’ unos 4.000 clubes, donde estarían trabajando 80.000 mujeres, y la única aproximación que se puede considerar científica al fenómeno, realizada por la Universidad de Valencia, concluyó que en España podrían estar ejerciendo la prostitución en torno a 100.000 personas, generando un negocio anual de 2.500 millones de euros. Otras estimaciones hablan de 300.000 mujeres que ejercen la prostitución y de un volumen de negocio de 18.000 millones.

La cuantificación del fenómeno excede incluso el plano estadístico o económico para convertirse ya en un dilema moral. El Instituto de Estadística francés ha desafiado las indicaciones de Eurostat y ha decidido limitar la cuantificación de la prostitución en Francia al ‘ejercicio legal’ de la misma, es decir, a la actividad que se produce en los clubes de alterne. Su argumento es que incorporar al PIB la prostitución ‘ilegal’ es una forma de dar carta de naturaleza a una actividad sustentada en la explotación de seres humanos y en redes mafiosas. Más definidos parecen estar los tamaños del narcotráfico y del contrabando. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuantificó en una comparecencia parlamentaria en 5.717 millones de euros el negocio que movía el narcotráfico en España, mientras que el Ministerio de Hacienda asegura que la venta ilegal de cigarrillos resta anualmente 250 millones de euros de recaudación a las arcas estatales, lo que situaría en unos400 millones el negocio del contrabando. La suma de todas estas estimaciones oficiales y oficiosas resultaría en una economía ilegal que representaría en torno a 10.000 millones de euros, un 1% del PIB.

¿Qué hacer con la economía ilegal? ¿Se imaginan el impacto que sobre las cuentas públicas tendría la regularización de toda esa economía ilegal? En un cálculo tosco, aplicándole a esa economía irregular el tipo medio de presión fiscal en España (37%) los nuevos ingresos para las arcas públicas se elevarían a 3.700 millones de euros.


Toda una tentación
Han sido los Inspectores de Hacienda del Estado los primeros en saltar por encima del tabú y lanzar el debate sobre las ventajas de una regularización de determinadas actividades como la prostitución o la venta de drogas blancas. En su opinión, son actividades económicas ciertas que pueden ser condenables socialmente, pero que existen y a día de hoy no generan ingresos fiscales. Los Inspectores de Hacienda han calculado que, dando por bueno que el sector de la prostitución genera 18.000 millones de euros al año, su regularización dejaría 6.000 millones de euros en las arcas públicas, entre ingresos por Impuesto de Sociedades, IVA y recaudación por cotizaciones. El profesor Fernández Díaz alimenta el debate.

“Las prohibiciones de determinadas actividades por parte de las autoridades rara vez las eliminan del todo. Más bien las empujan a la economía subterránea y terminan alimentando los circuitos del blanqueo de capitales”. La relación que las leyes tienen con estos fenómenos resulta, además, singular.

Un buen ejemplo del caso es el del cannabis. Según Diego de las Casas, abogado de Colombo Asesores, en España nos encontramos con un entorno legal que admite el consumo tanto individual como colectivo de esta sustancia, e incluso el cultivo, siempre que sea para consumo propio. El cannabis se puede consumir… pero no se puede vender, porque es delito.

Esta singularidad genera inseguridad a los consumidores y, eso sí, abre la puerta a un jugoso mecanismo recaudatorio para la Administración: en España se imponen más de 100.000 multas administrativas por este motivo, que generan unos ingresos de 200 millones de euros.

La Asociación Madrileña de Estudios del Cannabis asegura que la legalización de todas las drogas tendría un impacto positivo para el Estado de 2.500 millones: 1.500 millones en impuestos y otros 1.000 en ahorros: coste de los juicios, ocupación de celdas en las cárceles… Según el think tank ‘Think Com’, doce de cada cien cigarrillos que se consumen en España se compran en el mercado negro. Las pérdidas que esta práctica genera al sector regulado ascienden, según esta estimación, a 1.300 millones de euros, y el perjuicio para las arcas públicas rondaría los 1.000 millones.

¿Qué ocurrirá en el futuro? El abogado Diego de las Casas avanza que en cuestión de meses o pocos años la legalización de algunas drogas blandas será un hecho. Más complicado se ve el asunto desde el sector de los clubes de alterne. “Llevamos más de una década peleando por la regulación del sector y ni siquiera hemos conseguido que nos reciba algún Gobierno. Les interesa meternos en el PIB, pero no regular el sector”.