Cuando un trabajador enferma dispone de un derecho irrenunciable: una baja laboral que le permita recuperarse y reincorporarse a su puesto en las mejores condiciones posibles. Ese derecho forma parte de nuestro estado del bienestar y nadie debe cuestionarlo. Sin embargo, mientras las personas pueden recuperarse, las empresas no tienen esa posibilidad para recuperar productividad, competitividad o capacidad de crecimiento. Es la consecuencia directa de un sistema que no responde con la agilidad necesaria y la empresa debe seguir produciendo, atendiendo a sus clientes, pagando salarios y afrontando unos costes que no dejan de aumentar.
Por eso, el debate sobre las bajas laborales no puede plantearse como una confrontación entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas. Es un planteamiento equivocado. El verdadero reto consiste en disponer de un sistema que proteja mejor la salud de las personas sin poner en riesgo la salud del tejido empresarial que genera empleo y riqueza.
El absentismo laboral en España, especialmente el derivado de las bajas laborales por incapacidad temporal, ha dejado de ser una incidencia ordinaria de gestión de personas para convertirse en un factor estructural que condiciona la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas. Esta es la principal conclusión del análisis realizado por Pimec sobre la evolución de la incapacidad temporal durante la última década.
Entre 2013 y 2025, las horas mensuales de baja por incapacidad temporal han pasado de 3,7 a 8,2 horas por persona trabajadora, lo que representa un incremento del 121,6%. En ese mismo periodo, la tasa de absentismo por incapacidad temporal ha aumentado del 2,4% al 5,4%, mientras que el número de procesos iniciados ha crecido un 144,8%, en un contexto en el que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 29,8%. Es decir, las bajas laborales evolucionan muy por encima del empleo y evidencian que estamos ante un fenómeno estructural que requiere respuestas estructurales.
Las pymes son quienes viven esta realidad con mayor intensidad, ya que en una gran organización resulta más sencillo redistribuir tareas o cubrir temporalmente una ausencia. En una pyme, donde cada profesional suele desempeñar funciones esenciales, una baja prolongada obliga a reorganizar equipos, asumir sobrecargas de trabajo, retrasar proyectos o incluso renunciar a oportunidades de negocio. La empresa continúa funcionando, pero lo hace en peores condiciones.
El problema, por tanto, no son las bajas laborales. El problema aparece cuando estas, sistémicamente, se prolongan más de lo necesario debido a retrasos diagnósticos, listas de espera, ineficiencias administrativas o una coordinación insuficiente entre los diferentes organismos implicados. En esos casos, pierde la persona trabajadora, que tarda más en recuperarse, y pierde también la empresa, que soporta durante más tiempo el impacto de la ausencia.
Existe, además, una evidente disfunción en la gobernanza del sistema. Quien prescribe la baja médica no asume su coste económico; quien soporta una parte importante de ese coste carece de capacidad para intervenir en el proceso asistencial; y quienes podrían contribuir a agilizar diagnósticos y recuperaciones, como las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, continúan teniendo un margen de actuación limitado. Es un modelo que fragmenta responsabilidades y dificulta la gestión eficiente de la incapacidad temporal.
Por ello, desde Pimec defendemos que ha llegado el momento de afrontar una reforma que permita adaptar el sistema a la realidad actual, reduciendo las listas de espera para pruebas diagnósticas y tratamientos, reforzando la coordinación entre el sistema sanitario, la Seguridad Social y las mutuas, reduciendo la carga burocrática y facilitando reincorporaciones progresivas cuando la situación clínica lo permita. Todas estas medidas persiguen un mismo objetivo: mejorar la atención a los trabajadores y reducir aquellas prolongaciones evitables de los procesos de incapacidad temporal.
Las empresas también debemos asumir nuestra responsabilidad promoviendo la prevención de riesgos, impulsando entornos de trabajo saludables, favoreciendo la conciliación y mejorando la organización del trabajo. Pero ninguna empresa puede resolver por sí sola los problemas derivados del funcionamiento del sistema sanitario o de la gobernanza de la incapacidad temporal.
Cuidar de la salud de las empresas no significa situar sus intereses por encima de los de los trabajadores, significa preservar la capacidad de generar empleo, inversión y prosperidad. Porque cuando una pyme pierde competitividad, no solo se resiente su cuenta de resultados, también se reducen sus posibilidades de contratar, innovar, crecer y ofrecer nuevas oportunidades laborales.
La salud de las personas y la salud de las empresas no son objetivos contrapuestos. Son dos condiciones imprescindibles para construir una economía más productiva, un mercado laboral más sólido y un estado del bienestar más sostenible. Por eso ha llegado el momento de abandonar los falsos dilemas y abordar las causas reales del problema.
Un sistema que protege mejor a las personas también debe ser un sistema que permita a las empresas seguir siendo competitivas y creando empleo. Sólo así estaremos cuidando, de verdad, la salud de nuestro tejido productivo y de toda la sociedad.
Antoni Cañete | Presidente de Pimec.
