Cuando José Vicente de los Mozos llegó a Indra en mayo de 2023, la compañía atravesaba una etapa de redefinición estratégica. El consejo de administración, entonces presidido por Marc Murtra, buscaba cerrar una etapa de inestabilidad corporativa marcada por la salida de Ignacio Mataix como CEO y por la crisis de consejo de 2022, cuando fueron cesados seis independientes. Además, existía una presión creciente del Estado sobre una compañía considerada cada vez más sensible para la defensa nacional.
La elección de De los Mozos como consejero delegado —tras cuatro décadas en Renault— respondía a la idea de incorporar un perfil industrial capaz de ejecutar una transformación profunda. Indra era entonces una empresa en transición. La división de defensa ganaba peso aceleradamente gracias al nuevo contexto geopolítico derivado de la guerra de Ucrania, mientras el Gobierno empezaba a plantear la necesidad de construir un gran campeón español de tecnología militar.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista con cerca del 28%, había reforzado su influencia en la compañía y Murtra ejercía una presidencia con respaldo político directo. Durante los primeros meses de convivencia entre Murtra y De los Mozos, el objetivo fue ordenar la estructura interna y acelerar el giro industrial. Indra empezó a presentarse menos como una consultora tecnológica y más como una empresa estratégica de defensa, aeroespacio y sistemas militares.
En paralelo, el mercado comenzó a detectar movimientos accionariales relevantes alrededor de la compañía. Entre ellos, el crecimiento progresivo de la posición de los hermanos Escribano, Ángel y Javier. Llevaban años construyendo influencia dentro de Indra a través de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), su empresa de armamento y electrónica militar. A finales de 2024 pasando a controlar algo más del 14% de la empresa, posicionándose como segundo mayor accionista tras la SEPI.
Ascenso y repliegue de los Escribano
Acto seguido, en enero de 2025, Ángel Escribano asumió la presidencia ejecutiva de la compañía en sustitución de Marc Murtra, trasladado a Telefónica para sustituir a José María Álvarez-Pallete. Y lo que inicialmente parecía una alianza natural entre proveedor y cliente se convirtió en una posible fusión para impulsar ese gigante de defensa en un momento en que Europa aceleraba el rearme y multiplicaba sus presupuestos militares con el objetivo marcado del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, como exige la OTAN.
En abril ya se comunica de manera oficial la posible compra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación era vista con simpatía por parte del ecosistema industrial y especialmente por sectores del Gobierno interesados en reforzar la soberanía tecnológica española. Mientras tanto, Indra vivía una auténtica explosión bursátil impulsada por el ciclo europeo de defensa. La acción se revalorizó con fuerza y la compañía pasó a ser vista como uno de los grandes beneficiarios españoles del rearme continental.
Pero cuanto más estratégica se volvía Indra, mayor era también la sensibilidad política sobre quién controlaba realmente el grupo. Fue entonces cuando empezaron los problemas. La posible integración entre Indra y EM&E abrió un conflicto de gobernanza cada vez más difícil de contener. Los hermanos Escribano eran simultáneamente accionistas relevantes de Indra, miembros de su consejo y potenciales vendedores de la compañía que el grupo estudiaba comprar.
En la SEPI y en Moncloa comenzó a crecer la preocupación por el riesgo reputacional y político de la operación. De los Mozos defendió públicamente en febrero que la operación con EM&E habría avanzado mucho más rápido sin el conflicto generado por la presidencia de Escribano. Además, el Gobierno empezó a considerar que el peso alcanzado por los Escribano dentro de Indra podía comprometer el control institucional sobre una empresa clave para programas militares, ciberseguridad y tecnología crítica.
La valoración de EM&E creció tanto que su compra también se complicaba en términos económicos —con un negocio creciente por el incremento de los contratos públicos de Defensa, saltó de los 100 millones de euros en 2022 al entorno de los 2.000 millones de euros a principios de este año—. Fuentes conocedoras informaron de que se llegó a plantear incluso el pago parcial de la operación en acciones, pero esto habría reforzado la posición de poder de los Escribano en Indra.
La situación estalló definitivamente hace dos meses. La integración con EM&E quedó bloqueada tras semanas de presión política y tensiones dentro del consejo, y Ángel Escribano terminó abandonando la presidencia de Indra el 1 de abril. El Gobierno movió entonces ficha para recuperar el control institucional de la compañía y promovió el nombramiento de Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo, exCEO de CriteriaCaixa y con un histórico liderazgo en el grupo Agbar.
Un mes después, los hermanos Escribano vendían su 14,3% en Indra por más de 1.300 millones de euros, abandonando por completo el accionariado de la compañía y allanando así el camino para la compra de la empresa familiar. La historia culmina con la no renovación de José Vicente de los Mozos como CEO de Indra el próximo 30 de junio, fecha en la que vence su mandato. Y mientras se busca un nuevo consejero delegado, será Simón quien asuma las funciones ejecutivas.
De fondo, y más de un año después, la incógnita en esta nueva etapa sigue siendo la misma: la posible fusión entre Indra y Escribano.
