Baraka Capital Group, del empresario murciano Trinitario Casanova, ha logrado una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras el revés sufrido el mes pasado por el Tribunal Supremo, que le inadmitió una demanda económica por los terrenos de la histórica Operación Chamartín (llamada ahora Madrid Nuevo Norte).
Ahora, un auto fechado el pasado 5 de abril del TSJM, al que ha tenido acceso Europa Press, ha acordado otorgar una medida cautelar a Baraka, que se traduce en la obligación de realizar una anotación preventiva en los registros de los terrenos que deje constancia del litigio abierto entre los antiguos propietarios de estas parcelas y los promotores del nuevo proyecto, en caso de venta a un tercero.
No obstante, dado el perjuicio económico público que los jueces creen que esta medida causaría en el desarrollo de un proyecto vital para Madrid, ha puesto como condición para realizar esa anotación que Baraka aporte una fianza o garantía por el 50% del valor catastral de cada finca afectada.
«Es difícil cuantificar los perjuicios económicos que esa afectación podrían suponer por el eventual retraso en la ejecución del proyecto y en el desarrollo de las infraestructuras programadas», argumenta el auto, que precisa que «otorgará la medida cautelar pedida, pero no será efectiva hasta que la parte recurrente acredite haber constituido la garantía correspondiente», valorada en un 50% del valor catastral.
El proceso seguirá ahora su curso, con el que Baraka busca que los antiguos propietarios puedan ejercitar su derecho de reversión (volver a ser propietarios de las fincas que les expropiaron) a cambio de un pago (justiprecio).
Trinitario Casanova persigue ese reconocimiento, toda vez que en 2018 se hizo con esos derechos para defender por la vía judicial la causa de esas 1.000 familias afectadas y, en caso de ganar, darles una contraprestación económica.
Fuentes de la compañía defienden que se trata de una reclamación «que lleva años en litigio y habiendo creado desde el origen una gran controversia entre los humildes reversionistas», que señala que «fueron expropiados sin reconocerles ese derecho de reversión, mientras que a los suelos en propiedad de los Jesuitas sí se les reconoció».