La Unión Europea debe impulsar la innovación y contar con el talento necesario si quiere sacar partido a la inteligencia artificial (IA) y utilizarla para aumentar su productividad y su competitividad, según han afirmado este lunes las eurodiputadas Pilar del Castillo (Partido Popular) y Susana Solís (Ciudadanos) y el profesor Esteve Almirall, de Esade.
En un acto sobre el reto de la IA en Europa enmarcado en el ciclo ‘mUÉvete, es tu EUropa’, un proyecto organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo, las eurodiputadas se han referido a la Ley de Inteligencia Artificial aprobada el pasado marzo por la Eurocámara. Con el fin de proteger los derechos fundamentales y la democracia, esta norma establece una serie de obligaciones para los usos de esta tecnología en función de sus riesgos potenciales y su impacto.
Solís, que ha destacado el carácter pionero de esta legislación, ha explicado que se prohíben ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, como los sistemas de caracterización biométrica basados en características sensibles, se fijan obligaciones para los usos de alto riesgo, como en la educación o la sanidad, y se exige el cumplimiento de requisitos de transparencia.
NO FRENAR LA INNOVACIÓN
Aun así, «la gran mayoría» de los sistemas de IA no tendrán que cumplir ninguna regulación, porque se consideran de bajo riesgo, y la ley también busca que, pese a las limitaciones que establece, florezca la innovación, según la eurodiputada, que ha incidido en la importancia de garantizar este último aspecto.
La ley «es un marco normativo, un paraguas», y las normas que se deriven de ella «tienen que ser lo suficientemente flexibles para que no sean un lastre a la competitividad» y que Europa pueda «competir con Estados Unidos y China», ha subrayado durante el debate, celebrado en la sede de Esade Business School en Madrid.
En el mismo sentido se ha pronunciado Del Castillo, que, al igual que Solís, forma parte de la Comisión Especial de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Según la política ‘popular’, esta ley europea abarca un ámbito que «no es muy amplio, pero sí muy importante», y lo que tendrán que hacer las instituciones europeas durante la próxima legislatura es seguir muy de cerca su implementación.
Por otro lado, ha apuntado a la relevancia de los datos, que son lo que alimenta la inteligencia artificial, y ha dicho que también se está desarrollando regulación sobre la fiabilidad, la seguridad y la gobernanza de estos.
Almirall, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade, considera que la ley europea pone el acento en proteger a los ciudadanos, lo cual «está muy bien», pero «se moja poco» en lo relativo a la innovación, donde «Europa tiene un problema».
En particular, echa en falta medidas para favorecer que «aparezcan centenares de ‘startups'» que permitan al continente competir con el resto del mundo y para asegurar que las pequeñas y medianas empresas «se conviertan en líderes en estas tecnologías».
En el debate también ha participado Joan Solé, estudiante del Master of Science in Business Analytics (Máster en Ciencias de Análisis de Negocios) de Esade, que se ha mostrado igualmente preocupado por la posibilidad de que la Ley de Inteligencia Artificial pueda «frenar un poco la innovación» en Europa, provocar una «fuga de talento» y hacer que las pymes teman tener que «gastarse más dinero o meterse en problemas judiciales».
ACCESO A DATOS Y SUPERCOMPUTACIÓN
Del Castillo ha aclarado que la ley no impide la innovación por parte de las ‘startups’, que están eximidas de ciertas obligaciones, pero sí introduce unos trámites que «hacen más costoso y lento» el desarrollo tecnológico, y ha abogado por potenciar la innovación en general en Europa.
Por su parte, Solís cree que el problema no está en una sobrerregulación, sino en que no se haya desarrollado un «espacio europeo de datos» y en cómo asegurar que pymes y ‘startups’ tienen acceso a supercomputación e infraestructuras de datos. Asimismo, ve necesario «atraer talento» a Europa y promover una «formación masiva en inteligencia artificial» para generar casos de uso que puedan ayudar a aumentar la productividad.
Respecto a cómo impacta la IA en la forma de funcionar de las empresas y las instituciones, Almirall ha precisado que, sobre todo, sirve para aumentar las capacidades de las personas y automatizar procesos. En su opinión, entre los sectores y ámbitos donde más se van a notar sus efectos están los de la programación, la abogacía, la consultoría y el sector público, y también proliferarán los llamados «agentes» para realizar determinadas gestiones.
Sobre cómo afectará esta tecnología al empleo, Solís ha afirmado que los casos en los que va a desaparecer el empleo serán «poquísimos», pero sí va a haber muchas tareas que «se van a poder automatizar», con lo que eso supone para la productividad. Esto va a afectar especialmente a la economía del conocimiento y a los trabajos administrativos, y hay que prepararse para ello «invirtiendo muchísimo en formación», ha recalcado.
ADAPTARSE A LA DIGITALIZACIÓN
En relación con la formación, Solé ha comentado que las universidades deberían analizar cómo se va a aplicar la inteligencia artificial en cada sector y, en función de eso, adaptar la formación que ofrecen a los jóvenes para ayudarles a ser «parte del cambio». Además, cree que deben enfocarse en aquellos aspectos que la IA no puede ofrecer, como «la capacidad de razonar, el liderazgo» o «saber hablar» en público.
La eurodiputada del PP se ha mostrado de acuerdo en que se debe favorecer la adaptación de los alumnos al proceso de digitalización de la sociedad y la economía, en la etapa universitaria y también «desde la infancia», y ha reivindicado el desarrollo del «pensamiento crítico» para enfrentarse a los avances tecnológicos.
Por otra parte, esa visión crítica es, junto a la «autonomía individual», lo que, según Del Castillo, puede ayudar a los ciudadanos a no dejarse engañar y manipular por las noticias falsas, que, gracias a la IA, se pueden generar más fácilmente y difundir a gran escala. En este punto, Solís ha reclamado la adopción de códigos de conducta a nivel internacional para hacer frente a estos riesgos.