Los fondos europeos Next Generation (NGEU) llegan oficialmente a su fin. Este 31 de agosto finaliza el plazo oficial para repartir los miles de millones que España —y el resto de Estados miembros— ha podido captar del programa comunitario, el más cuantioso de la historia de la Unión Europea, lanzado en 2020 para ayudar a reconstruir las economías tras el golpe de la pandemia.
En la asignación que hizo la Comisión Europea entre los países, España era el más beneficiado de la parte no reembolsable: podía captar 163.000 millones de euros, aproximadamente la mitad en fondos reembolsables y la otra mitad, préstamos en condiciones ventajosas. Hasta ahora se han recibido 78.000 millones y se ha renunciado a 60.000 millones en préstamos, por lo que hay cerca de 25.000 millones pendientes.
En realidad el plazo para que el Gobierno central reciba el dinero no finaliza hasta diciembre. El proceso, de hecho, parte de una solicitud por parte del Ejecutivo a la Comisión Europea que todavía no se ha realizado. Puede hacerlo hasta el 30 de septiembre. A partir de ese momento, Bruselas evaluará si España ha cumplido los objetivos marcados para recibir el desembolso, con plazo hasta el 31 de diciembre.
Si se aprueba, España habrá recibido algo más de 100.000 millones de los 163.000 millones inicialmente previstos, alrededor de un 60% del total. Según los datos publicados por el Gobierno, una parte de esos fondos se han quedado en la administración pública, por ejemplo, para reformar edificios con el objetivo de hacerlos más sostenibles o para comprar equipos en el marco de la digitalización.
En la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos el primer puesto lo ocupa el administrador público de las infraestructuras ferroviarias, ADIF. Para llevar a cabo esos trabajos se adjudican contratos a empresas privadas con estos fondos europeos, por lo que en realidad son las destinatarias finales, aunque los beneficiarios del proyecto financiado con NGEU son las administraciones.
Por otro lado, hay una parte de estos fondos europeos que la administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales han asignado directamente a las empresas para financiar proyectos propios dentro de las líneas del Plan pactado con Bruselas. Según el Gobierno, dos de cada tres euros del Plan se han dedicado a la transición verde y digital, con 1,5 millones de beneficiarios, de los que el 68% son pymes y microempresas.
Destaca, por ejemplo, el Kit Digital, ayudas de las que se han beneficiado 921.962 pymes y autónomos; o el Kit Consulting, garantías financieras para el servicio de asesoramiento especializado en digitalización de las que han disfrutado 54.676 pymes y autónomos. También se han lanzado grandes proyectos, denominados ‘PERTE’ en los que han participado consorcios de grandes y pequeñas empresas.
El reto en estos fondos NGEU, que este lunes deben haber cumplido sus últimos hitos u objetivos en forma de reformas e inversiones, sigue siendo la ejecución. En muchos casos, esos objetivos se traducen sobre el papel en la asignación a un destinatario. Pero España todavía puede captar dinero y, de hecho, no todo lo que se ha recibido ya está en manos de sus beneficiarios finales. Aún hay proyectos en ejecución y su impacto en la economía sigue presente.
